Jueces denuncian que se presiona a los funcionarios de la Generalitat para que apoyen a Mas

La sección catalana de la Asociación Profesional de la Magistratura ha advertido este lunes en un comunicado que la Generalitat de Cataluña ha empleado su "posición de preeminencia" sobre los empleados públicos para pedir públicamente que participaran en las concentraciones ante el Palacio de Justicia en apoyo al expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau por la organización de la consulta del 9N, según ha informado Europa Press.

Dos asociaciones de jueces han calificado este lunes la manifestación como una "romería" dirigida a intimidar al tribunal encargado de juzgarles. En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez, ha criticado la actuación y ha recordado este tipo de acciones "que intentan influir en el ejercicio de la jurisdicción de un tribunal" no resultan concebibles en un Estado de Derecho.

"Esto es un intento de presión", ha asegurado rotundamente Raimundo Prado, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, que ha advertido a los concentrados que deseo y realidad no van de la mano en esta ocasión. "Una cosa es lo que se quiere y otra lo que se va a conseguir", ha señalado, para destacar que el tribunal no cederá al chantaje moral.

Ambas asociaciones han recordado que los tres acusados se sientan este lunes en el banquillo después de un proceso de instrucción que ha contado con todas las garantías. Por ello, defiende que gozan de su derecho constitucional a la presunción de inocencia.

Por ello, este rechazo público, ya habitual en decisiones judiciales que atañen a Cataluña y su desafío independentista, ahonda en la falta de respeto y resulta inadmisible, han dicho. Para Prado, la manifestación recuerda a la "romería habitual" y es intolerable.

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La asociación Francisco de Vitoria, por su parte, ha reclamado además el apoyo "moral e institucional" del Consejo General del Poder Judicial en defensa de los magistrados y contra este tipo de injerencias en su independencia.

La sección de Cataluña de la APM ha denunciado en su nota la "tergiversación del objeto del juicio" y ha destacado que no es, como interesadamente se ha repetido una y otra vez, "ni un juicio a la democracia ni un juicio por poner la urnas el 9N de 2014, sino la acusación por desobediencia a las decisiones del Tribunal Constitucional y por prevaricación administrativa en cuanto a las decisiones adoptadas, dirigida por el Ministerio Fiscal y diversos colectivos contra las tres personas antes mencionadas.

Rechaza así expresiones como "juicio político", "juicio a la democracia" o "juicio franquista auspiciado por un GAL político", dirigidas, en su opinión a deslegitimar la actuación del Poder Judicial con carácter previo a la adopción de su decisión.