PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos se oponen a la reapertura de la central de Garoña

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han mostrado este miércoles su rechazo a la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de renovar la autorización de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), según ha informado Europa Press.

El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, ha calificado de "absolutamente incomprensible" el informe del Consejo de Seguridad Nuclear. A su juicio, es "otra punta de lanza para darle otro impulso a una industria que no tiene sentido".

A la salida de la Comisión de Interior del Congreso, Mayoral ha señalado a los medios que, "en estos momentos, lo que hay que hacer es cerrar la central definitivamente" y ha asegurado que "otro camino no tiene sentido".

Tras conocer el documento presentado por el organismo, y que ha contado con todos los votos a favor del consejo, con excepción de la exministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, IU ha presentado en la Cámara Baja una iniciativa en la que insta al Gobierno a "tomar las medidas necesarias para decretar el cierre y desmantelamiento definitivo" de la central burgalesa.

La misma postura ha adoptado Ciudadanos, que ha pedido al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que no avale la reapertura de la central nuclear, que a su juicio no influye en el suministro eléctrico del país, y ha avisado del riesgo de que se esté utilizando el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como precedente para justificar el alargamiento de la vida útil de otras centrales nucleares que llegarán en próximos años.

La portavoz de energía de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha recordado que Garoña decidió parar voluntariamente en 2012 para no acometer las inversiones en seguridad que se le reclamaban y que su cierre no ha influido en la seguridad energética de España, ni en la posibilidad de suministro eléctrico.

Según ha añadido, la dirección técnica del CSN ya comunicó en abril de 2015 a la empresa propietaria, Nuclenor, que debía realizar esas inversiones para mejorar criterios de seguridad y que el presidente del CSN reiteró hace sólo cuatro meses, en noviembre, que el informe estaba congelado hasta cumplir esas inversiones.

El PSOE avisa a Rajoy de que "jugará con fuego"

Por su parte, la diputada del PSOE por Burgos Esther Peña ha definido como "una auténtica infamia" el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) proclive a al mantenimiento de la central nuclear de Garoña y ha avisado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si sigue las directrices de este organismo estará "jugando con fuego" y tendrá "en frente a los socialistas".

En declaraciones en el Congreso, Peña ha denunciado que "no tiene sentido" hacer un informe positivo y a la vez prohibir la producción de electricidad en Garoña, una central que lleva tres años parada porque no se han acometido las inversiones en seguridad que se pidió a su propietaria, Nuclenor, y que por tanto "nunca va a funcionar".

Los socialistas, que preguntarán sobre este asunto al ministro de Energía, Álvaro Nadal, en la sesión de control del Congreso del próximo miércoles, sostienen que con esta decisión del CSN sienta un precedente y servirá para que "el campo nuclear español aumente su vida útil" en contra de las tesis europeas.

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Desde el Gobierno se ha pronunciado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien ha señalado que no tiene la información detallada para emitir una opinión sobre la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). Así, señala que es el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) quien tiene los "elementos técnicos" para poder pronunciarse sobre el tema.

"No soy un experto en la materia y si el CSN lo recomienda, es quien tiene elementos técnicos para decirlo", ha declarado Zoido a los periodistas a la salida de su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso.

El informe fue encargado por el Gobierno de cara a una posible reapertura de Garoña, a la que se opone la mayoría de los partidos en la oposición. Tras conocer el contenido del documento, es el propio Ejecutivo quien deberá tomar la decisión definitiva.