Política

El caso de la trama empresarial vinculada al líder del PP en Almería se atasca en el juzgado

El presidente provincial del PP de Almería, Gabriel Amat.

La investigación de la red de empresas vinculadas al líder del PP en Almería, presidente de la Diputación y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, se atasca en el juzgado sin esclarecer si las más de cien sociedades de sus familiares recibieron tratos de favor, como apunta la policía. Cuatro años después de la presentación de la denuncia por parte de una asociación anticorrupción, la jueza de instrucción, María del Mar Alejo, ha reconocido ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no dispone de medios suficientes para abordar una causa de tal "magnitud". La Policía Nacional ha identificado más de cien empresas vinculadas, a través de su entorno familiar, al hombre fuerte del PP en Almería, la mayoría de ellas dedicas a la construcción y la actividad inmobiliaria. "Probablemente exista o haya existido trato de favor, uso de información privilegiada, etc.", sostiene la Udyco en un informe de febrero de 2015. Dos años después, Amat no está imputado y la investigación aguarda nuevos informes policiales sin que se le adivine un fin.

La Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) presentó el 23 de enero de 2013 la denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) relatando hechos presuntamente delictivos que podrían abarcar cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. "Lo que hicimos fue describir una trama, la del clan Amat, con más de cien empresas, para evitar particularizarlo en un solo delito que podría prescribir. Las tramas delictivas no prescriben", afirma Luis Montoya, de AMAyT.

Desde el principio quedó claro que se trataba de hechos de gran complejidad, conectados además con otros denunciados en septiembre de 2011 por Margarita Kaiser, propietaria de una finca que se consideraba perjudicada por supuestas irregularidades urbanísticas en Roquetas, municipio que durante los años de boom económico y urbanístico llegó a triplicar su población, que ahora alcanza los 90.000 habitantes. Esta duplicidad de denuncias dio lugar desde el inicio a discrepancias sobre las competencias y peregrinaciones del caso, que empezó a acumular retrasos y trabajo pendiente.

En un decreto de mayo de 2013, la Fiscalía del TSJA ya recoge la necesidad de realizar numerosas indagaciones: consultas de los registros mercantil, de la propiedad y del notariado, así como del catastro; informes de las sociedades patrimoniales, con atención a la posible existencia de testaferros o de incrementos de patrimonio injustificados; análisis de la planificación urbanística de Roquetas y de la concesión de licencias... Además exponía que el caso requería del auxilio de la Agencia Tributaria, la Intervención General del Estado y la Tesorería General de la Seguridad Social. Es decir, una montaña de trabajo con múltiples ramificaciones.

Denuncia de "dilaciones indebidas"

En junio de 2014 AMAyT se dirige a la Fiscalía y al TSJA denunciando lo que considera "dilaciones indebidas" en el juzgado de instrucción 1 de Roquetas, que lleva el caso. "Desde que se incoaron dichas diligencias, los jueces que han intervenido en las mismas han sido tres", lamenta AMAyT en su escrito al TSJA,.

AMAyT añade en aquel escrito: "La situación expuesta está trayendo consigo, dada la complejidad de la causa, una falta de impulso de oficio, provocando dilaciones indebidas [...], por cuanto que a día de hoy aún no se han recibido declaraciones en calidad de imputado a algunas de las personas que han intervenido en la perpetración de los delitos investigados". AMAyT solicita, ya en junio de 2014, "un juez instructor especial y funcionarios de apoyo". En diciembre solicita que la juez, María del Mar Alejo, sea nombrada instructora "especial y en dedicación".

17 años de operaciones urbanísticas

El punto de inflexión se produce con un informe de febrero de 2015 de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional remitido al juzgado instructor. Las operaciones urbanísticas investigadas abarcan al menos 17 años. Sobre la base de notas simples del registro mercantil, la policía determina la constancia de 115 sociedades relacionadas con los hechos denunciados. De los órganos sociales de 103 de estas empresas "forman o han formado parte personas con lazos familiares" con el regidor, según la policía.

Quienes tienen "mayor actividad societaria" son: Miguel Pintor (cuñado de Amat), Andrés López (primo), Francisco Amat (hermano, ya fallecido), Francisco Javier y José Ángel Amat (sobrinos), siempre según el informe policial. "La existencia de un entramado de empresas dedicado fundamentalmente a actividades inmobiliarias, de construcción, promoción, explotación y otras relacionadas [...] tiene una relación directa con Amat", señala el informe de hace dos años. La policía calcula que la red podría extenderse a más de 300 empresas, aunque no las concreta.

El informe de la Udyco señala que la existencia de esta red "no parece ser motivo suficiente para argüir la existencia de actividades delictivas", aunque añade que "probablemente exista o haya existido trato de favor, uso de información privilegiada, etc.". Para delimitar el alcance de los hechos, dice el informe, será necesario "delimitar la investigación policial a extremos concretos", vigilar los tiempos para evitar prescripciones, recabar documentación la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social, de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Roquetas y de la Diputación de Almería. Dos años después de la denuncia, la investigación seguía pendiente de subir una montaña de papeles. Este informe de la Udyco fue ampliado por otro en octubre que eleva hasta 125 el número de empresas susceptibles de investigación en mayor profundidad. En una de las empresas, Proinmar Sur 2004 SL, aparecen vinculados 11 familiares de Amat, desde su yerno a la nuera de un consuegro.

A la hora de avanzar en la investigación a partir de esta base, se produce el problema de siempre: el informe amplía el círculo de la investigación y apunta a que la propia Junta de Andalucía, desde su departamento encargado de la inspección urbanística, podría examinar los expedientes e identificar aquellos en los que se pudieran haber cometido irregularidades. Esto es lo que dilata un procedimiento al que no se adivina un fin.

"Ampliación desordenada" del caso

La actual jueza, y así lo reconoce incluso AMAyT, ha intentado imprimir un ritmo más ágil a la instrucción, aunque con escaso éxito. En abril del pasado año dictó un auto en el que pretendía acotar una investigación desbordada. "Deben restringirse las diligencias de prueba a aquellas que sean absolutamente imprescindibles", decía. "La ampliación constante, desordenada e ilimitada de la investigación a nuevas sociedades sin otra base que el contenido del CD que acompaña al informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas [...] no hace sino entorpecer el desarrollo de las actuaciones dilatando el procedimiento e incrementando la carga de trabajo de este Juzgado, que cuenta además con la particularidad de ser un órgano de naturaleza mixta, donde se tramitan asuntos civiles y penales", protestaba la jueza. Por ello descartaba diligencias solicitadas por AMAyT que suponían una ampliación de la investigación.

Queja formal ante el CGPJ

La asociación anticorrupción que impulsó la investigación acudió en septiembre del pasado año al CGPJ, donde presentó una queja formal denunciando "retrasos indebidos" en "distintos procedimientos penales", entre ellos el de la supuesta trama vinculada al líder del PP en Almería. AMAyT pide al Consejo que investigue a los jueces y, en su caso, les abra expediente. También vuelve a insistir en la necesidad de refuerzo del juzgado.

La respuesta del órgano de gobierno de los jueces, firmada en enero de 2017, concluye que no hay "irregularidad alguna" en la instrucción que pueda ser reprochada al juzgado, por lo que archiva la diligencia. No obstante, la contestación del Consejo a AMAyT –que ha sido remitida también al TSJA– incluye la explicación de los retrasos del juzgado de instrucción 1 de Roquetas, que demuestra su falta de recursos para afrontar el caso.

"Dificultad de la tramitación" de la causa

"Resulta absolutamente necesario el nombramiento de un juez de apoyo para el juzgado mixto [civil y penal] número 1 de Roquetas de Mar ya que, por la magnitud de la causa y por la dificultad de tramitación de la misma [...], sería precisa una dedicación exclusiva del juez titular para su instrucción". Y añade: "Este juzgado soporta una elevada carga de trabajo que supera considerablemente el indicador de entrada de asuntos". Actualmente el juzgado se encuentra a la espera de un nuevo informe de la Udyco.

Luis Montoya, de AMAyT, afirma que Amat se beneficia ante la justicia de su condición de hombre poderoso e influyente, aunque no concreta ninguna acusación. Sí asegura que el Ayuntamiento de Roquetas facilita a la juez información sesgada o incompleta para "engañarla". infoLibre contactó este jueves con el Ayuntamiento, que afirmó no tener suficiente margen para responder. En anteriores ocasiones, la posición oficial del Consistorio sobre el asunto ha sido limitarse a afirmar su convencimiento de que el caso se archivará, como ocurrió antes con el caso La Fabriquilla, surgido por una concesión de licencias.

A pesar de la falta de recursos puesta de relieve por la jueza en su respuesta del CGPJ, la responsable de la instrucción no ha solicitado a la sala de gobierno del TSJA ningún refuerzo ni dedicación exclusiva al caso, informa el alto tribunal andaluz. El TSJA explica que el 9 de enero se incorporó un juez de apoyo en asuntos de familia para todos los juzgados de Roquetas, que va rotando de juzgado en juzgado para aligerar el trabajo. Pero que no ha habido ningún refuerzo particular de ningún juzgado por causas extraordinarias porque no se ha solicitado. Si la jueza instructora necesita un refuerzo, debe solicitarlo a la sala de gobierno de TSJA, que a su vez elevará la cuestión al Consejo General del Poder Judicial, responsable de la decisión. Por ejemplo, el TSJA acaba de proponer al CGPJ un refuerzo para el juzgado granadino que instruye un complejo caso de supuesto fraude en la explotación de la Alhambra.

Se mantiene gracias a Ciudadanos

Gabriel Amat, de 72 años, es el político más influyente de Almería. Es alcalde desde 1995, presidente del PP provincial desde 2004 y de la Diputación desde 2011. Es miembro de la Junta Directiva Nacional del PP y de su Comité Ejecutivo Regional.

Con él como alcalde Roquetas ha experimentado un boom económico y demográfico, llegando casi a triplicar su población. Nadie en el PP habla públicamente mal de Amat. Se le ha considerado durante lustros un ejemplo de candidato ganador, imbatible en las urnas. No obstante, en 2015 perdió su mayoría absoluta y gobierna Roquetas, base local de su poder, gracias a Ciudadanos.

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Una denuncia de la Fiscalía de Almería

Está por ver si la instrucción del juzgado 1 de Roquetas termina en la imputación de algún delito a Amat. Pero ésta no es la única incógnita judicial que pesa sobre el líder del PP de Almería. La Fiscalía Provincial lo denunció en septiembre del año pasado por los supuestos delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencias y actividad prohibida a funcionario público.

El fiscal Álvaro Navarro expone que entre 2008 y 2014 el Ayuntamiento adjudicó cinco contratos, por valor de un millón de euros, a Jarquil Verde, una empresa de su yerno José Zapata Pomares, que además de estar casado con la hija de Amat era "socio comercial" del alcalde. "Gabriel Amat Ayllón tomó parte por razón de su cargo en todos esos expedientes", señala el fiscal en su denuncia, que apunta también a medidas adoptadas por el Ayuntamiento durante el periodo de ejecución de los contratos que pudieron haber beneficiado económicamente a la empresa de Zapata. Montoya, de AMAyT, subraya que Jarquil Verde está entre las empresas que propuso investigar en una de sus solicitudes de ampliación de la denuncia, que fue desestimada.

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