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caso niños robados

Amnistía Internacional presenta en México el caso de un bebé robado en España durante el franquismo entregado a una familia de aquel país

  • Interpone una querella en México por el caso de Ligia Ceballos, que pudo haber sido separada de su familia biológica con el consentimiento de las autoridades
  • En España, la Justicia siempre ha abordado estas desapariciones como delitos comunes

infoLibre Publicada 16/02/2017 a las 18:00 Actualizada 16/02/2017 a las 19:01    
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Manifestación en la que cientos de afectados por el robo de bebés durante el franquismo, en Madrid

Manifestación en la que cientos de afectados por el robo de bebés durante el franquismo, en Madrid.

Víctor Lerena
Amnistía Internacional (AI) presentó este miércoles en la Procaduría General de la República de México una querella por el caso de Ligia Ceballos Franco, una mujer mexicana que descubrió hace unos años que había nacido en España con una identidad diferente y que había sido entregada a su familia mexicana tras haber sido separada de su familia biológica en los años de la dictadura. Se trata de un caso que para la organización podría enmarcarse en el entramado de bebés robados que se produjeron desde los primeros años del franquismo hasta los primeros años de la democracia.

AI sostiene que ha documentado numerosos indicios de que Ligia Ceballos, registrada en su nacimiento como María Diana Ortiz Ramírez en el año 68, pudo haber sido apartada de su familia biológica con el consentimiento de las autoridades españolas, a través de la intermediación de la Diputación de Madrid y con la asistencia del Arzobispado.

"En nuestra opinión, este caso reviste las notas características de una desaparición forzada como crimen de derecho internacional. Además, en el caso de Ligia concurren otros elementos que Naciones Unidas ha identificado como recurrentes de las desapariciones forzadas de menores", ha señalado Esteban Beltrán, director de AI España.

Ligia Ceballos afirma que la acción llevada a cabo "no es contra" sus padres, sino "a favor de la justicia de otras historias como la mía". "Esto es por las personas a quienes el franquismo les arrebató su vida", ha sentenciado Ceballos.

La organización denuncia que pese a que en España se han iniciado investigaciones sobre casos de bebés robados, éstas no han dado prácticamente ningún resultado y la Justicia siempre los ha abordado como delitos comunes y como casos aislados, descartando desde un primer momento la posibilidad de que tales delitos pudieran responder a una trama a nivel nacional o pudieran ser constitutivos de crímenes de derecho internacional.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, tras hacerse eco de miles de denuncias interpuestas en España sobre este tipo de casos, señaló, en 2014, que las investigaciones judiciales debían contemplar, ante la existencia de suficientes indicios, las posibles conexiones entre múltiples casos de alegadas sustracciones ilegales de niños y niñas. Este mismo organismo indicó, en su Observación General del años 2013, que el robo de niños con el conocimiento del Estado puede ser considerado como casos de desapariciones forzadas. El organismo también ha emplazado al Estado español a que fortaleciera los esfuerzos para buscar e identificar a esos niños, tal y como reconoce el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, que establece que tienen derecho a "preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares".

AI afirma que fuentes de la Fiscalía General del Estado que ninguna de las 2.083 diligencias iniciadas por esta institución en relación con el robo de bebés había llegado a fase de juicio.

Beltrán señala que "España no sólo no aborda el tema como un delito de desaparición forzada, sino que cuando algún otro país, como Argentina, inicia investigaciones que incluyen casos de bebés robados y los enmarca como crímenes de derecho internacional, obstaculiza dichas investigaciones consolidando la impunidad de estas graves violaciones de derechos humanos".

AI también reclama al Estado que cumpla con las recomendaciones de Naciones Unidas y que tome medidas eficaces para que los responsables sean llevados ante la Justicia.

En el 2008, un auto del juez Garzón destacaba que entre 1937 y 1950 se podrían haber dado 30.000 casos "en un sistema de desaparición de menores hijos de madres republicanas bajo la cobertura de una aparente legalidad". El auto señalaba que el objetivo era separar a estas familias a las que no consideraban idóneas. "De esta forma se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha".

 


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