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Ley Dependencia

Directores de Servicios Sociales denuncian que 90 dependientes fallecen cada día sin recibir la prestación

Imagen de archivo de una persona dependiente y su acompañante

La Asociación de Directores y Gerentes Sociales ha presentado este viernes el XVII Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, un documento que ofrece una perspectiva de la aplicación de la ley de dependencia –de cuya aprobación se cumplieron diez años el pasado diciembre– a nivel estatal y de comunidades autónomas.

Precisamente coincidiendo con el décimo aniversario de la ley, los representantes de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP y el PNV, suscribieron un pacto por la reversión de los recortes  de cara a los Presupuestos Generales del Estado que, según sostiene la asociación, se han ido produciendo desde que comenzase el Gobierno de Rajoy en 2011. 

La asociación cifra en 1.213.873 las personas que tienen reconocida su situación de dependencia. De ellas 865.564 están siendo atendidas por el sistema, mientras que el 29% están aún en lista de espera. El colectivo asegura que 2016 confirma una recuperación del sistema de atención a la dependencia que se inició en 2015 "al calor de la sensibilidad de los nuevos gobiernos autonómicos".

Sin embargo, a pesar del incremento en 69.000 beneficiarios del sistema en 2016, a este ritmo se tardarían cico años solo para atender a la lista de espera. Los datos que se desprenden del dictamen del observatorio son claros: más de 150.000 personas han fallecido en los últimos cinco años, 90 cada día, sin recibir las prestaciones que la Administración les había reconocido.

El presidente de la organización, José Manuel Ramírez, es más tajante: "Cada cuarto de hora muere en España una persona esperando esos servicios". Además, ha denunciado la "crueldad del Gobierno de Rajoy alardeando de su gestión diciendo que la lista de espera disminuía. Lo hacía, pero a causa de las muertes".

La organización resalta que de esas 348.309 personas en lista de espera, 122.000 son dependientes severos desatendidos. Según Ramírez, el perfil es claro: "la mayoría son mujeres de más de 80 años con alguna discapacidad física o psíquica que espera una prestación a la que tiene derecho".

Gasto autonómico

El dictamen del Observatorio también ha querido denunciar que la distribución del gasto público incumple la norma. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia establece que el Estado aporte el 50% de la financiación. Sin embargo, la Administración General del Estado (AGE) solo aporta el 18% del gasto público del Sistema, mientras que las comunidades autónomas se encargan del 82% restante, asegura este documento. Unas cifras, dicen, "muy lejos de la pretendida aportación al 50%". Ramírez ha explicado que el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Sistema publicado en 2014 fue modificado y es "sobre el que se apoya el Gobierno para decir que aporta más del 50% de la financiación".

Además, el recorte del Estado en dependencia después del real decreto del Gobierno de Rajoy de 2012 ascendió a 3.672 millones de euros considerando la supresión de nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de las cuidadoras. Asimismo, la asociación ha subrayado la capacidad de generación de empleo del Sistema y el retorno al Estado: 90.000 empleos directos y 2.241 millones de euros, "el 38,5% de lo invertido", sostiene el presidente de la organización.

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Ramírez ha destacado que el actual es en "un momento crucial en el que es inaplazable abordar algunos cambios". Por ello, coincidiendo con el décimo aniversario de la aprobación de la ley de dependencia, los representantes de todos los grupos parlamentarios –menos el PP y el PNV– suscribieron un pacto por la reversión, de cara a los PGE, de los recortes impuestos por el Gobierno de Rajoy. Unos recortes, asegura la asociación, que han supuesto la "derogación encubierta" de la ley.

El pacto busca además el compromiso explícito de acabar con las listas de espera en un máximo de dos años, el abordaje del pago de las cotizaciones de las cuidadoras o la mejora del sistema de información, que califican de "opaco". La asociación, de igual forma, se ha comprometido ha avanzar toda su documentación para que se tomen decisiones en los próximos tres meses.

"La desmantelación de la ley de dependencia, en clave económica, ha sido una oportunidad perdida. En clave social ha supuesto un pisoteo de los derechos humanos. En clave jurídica, ha sido la rebelión del Gobierno", ha zanjado el presidente de la organización.

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