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Caso Gürtel

Compromís de la Diputación de Alicante lleva a la Fiscalía contratos de Fitur por 3,2 millones

  • La coalición sospecha que se fraccionaron facturas para adjudicar los contratos a dos empresas, ambas en manos de un matrimonio
  • Compromís ve indicios de manipulación en los contratos abiertos por urgencia y su portavoz afirma que tienen "muchísimas pruebas" 

infoLibre Publicada 20/02/2017 a las 17:06 Actualizada 20/02/2017 a las 17:52    
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Los diputados de Compromís Gerard Fullana, Jose Manuel Penalva y Lluis Pastor.

Los diputados de Compromís Gerard Fullana, Jose Manuel Penalva y Lluis Pastor.

E.P.
El grupo de Compromís en la Diputación de Alicante llevará este miércoles a Fiscalía Anticorrupción el fraccionamiento de los contratos para la adjudicación de los stands del Patronato de Turismo de la Costa Blanca para la feria de turismo Fitur, entre 2004 y 2009. A su juicio, se ejecutó un "fraude masivo" al trocear un montante de 3,2 millones de euros en 70 facturas, muchas de las cuales no superan los 12.000 euros. La coalición cree que hay indicios de los delitos de fraude en la contratación y prevaricación administrativa.

La documentación, a la que ha tenido acceso Europa Press, se refiere a los años 2004 a 2009 y surge de la Comisión de Investigación por los 12 últimos años del PP al frente de la Diputación de Alicante. El período afecta al momento en que el presidente provincial era José Joaquín Ripoll y el diputado provincial de Turismo, Sebastián Fernández.

Los diputados provinciales Gerard Fullana, José Manuel Penalva y Lluís Miquel Pastor han comparecido este lunes en rueda de prensa y han asegurado que existen "indicios" de tres modus operandi en la adjudicación de los contratos. A ese respecto, han anunciado que el objetivo es recuperar el dinero de los alicantinos.

Compromís entiende que existe un "fraude masivo" de 3,2 millones de euros del Partido Popular en el Patronato de Turismo. La coalición sospecha que se fraccionaron facturas para adjudicar los contratos a las empresas Exporigging y Equipamientos Integrales de Stands Molinos SL, ambas en manos de un matrimonio.

Se trata de dos mercantiles radicadas en el País Vasco y que ya están siendo investigadas en una causa en los juzgados de Orihuela junto a la expresidenta del PP de la Vega Baja, Pepa Ferrando, según Compromís. En esa causa, Fiscalía les imputa el fraccionamiento de los contratos para la instalación del stand de Orihuela en Fitur entre 2008 y 2011 y les acusa de ser cooperadores necesarios en cuatro delitos de prevaricación administrativa y cuatro delitos de fraude.

"Modus operandi de Gürtel"

Compromís ha explicado que se buscaba no superar los 12.000 euros en las adjudicaciones de los contratos y que todo se desarrolló, a su entender, a través de tres modus operandi en función del tipo de adjudicación abierto o cerrado.

"Si sumamos indicios de fraccionamiento, indicios de manipulación abierta, cerrada y todo con más de 20 expedientes de contratación que lo determinan y con el precedente de Gürtel de Fitur Valencia, que es el mismo modus operandi, y con la agravante de que estas empresas, no es que estén imputadas sino acusadas en el caso Fitur Orihuela, que alguien explique por qué el gobierno de César Sánchez dijo el miércoles –cuando se cerró la Comisión de investigación–, que todo se hizo correctamente", ha cuestionado Gerard Fullana.

En cuanto al modo de proceder, Compromís ve indicios de manipulación en los contratos abiertos por urgencia. Fullana ha relatado que se daban "sin justificar la urgencia" y a los que se "presentaba una sola empresa".

"Traemos muchísimas pruebas de esta manipulación de contratos abiertos", ha asegurado el portavoz de Compromís, que ha relatado que se hacía "por urgencia, sin justificarla, y en épocas de vacaciones y de forma repetida".

"Es una prueba flagrante. Si estamos en un día señalado de fiesta, sacas una adjudicación exprés con dos o tres días festivos y un fin de semana, pasaba lo que pasaba, que solo se presentaba una empresa", ha continuado.

Además, en los contratos cerrados, Fullana entiende que se dan cuenta de que con las cantidades con las que trabajan "no hay suficiente" y "quieren hacer facturas más elevadas". "Lo que hacen es invitar a tres empresas, pero lo que ocurre es que dos eran del mismo propietario, una estaba a nombre del hombre y otra al de la mujer, y una tercera empresa, que siempre es la misma y que siempre antes del inicio del proceso declina sistemáticamente participar", ha agregado.

Como ejemplo, ha indicado que en uno de los casos se remitió la invitación por fax desde la Diputación a las 13.43 horas y antes de las 14.00 horas, cuando cierra el registro, "en el mismo día, esta empresa firma una propuesta respondiendo a esa invitación con todo redactado y la propuesta hecha. En unos minutos eran capaces de redactar un pliego de condiciones. Es increíble y difícil".

Finalmente, Gerard Fullana ha explicado que el tercer modus operandi se sitúa en los contratos abiertos a partir de 2007, "cuando cambia la ley". "Es un agravante y ya no se permitía hacer por urgencia en siete días y no se puede evitar que participen más empresas. De modo que es cambiar la ley y lo que hacen es manipular el criterio de selección de empresas: hoy en día el precio es el 100%, de modo que la más barata se quedará la adjudicación; en aquel momento, el precio solo contaba el 10 por ciento y era el último factor".

"Así, la oferta más cara, sistemáticamente, se queda el contrato", ha lamentado Fullana que ha explicado que existe una factura de 655.000 euros "que no es una compra, sino un alquiler de un stand".

Y han detallado que la ley decía que con criterios subjetivos era preciso el visto bueno de una comisión de técnicos, con tres profesionales independientes, que acreditara la subjetividad, "no consta, es muy grave. Hay la firma de una persona, pero eso no es una comisión técnica, faltan dos más".


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