El 'viaje' del PP: de cargar contra la "persecución" de la Fiscalía y los jueces a proclamar su independencia

Mariano Rajoy no tenía la misma impresión sobre la fiscalía y el funcionamiento de la Justicia hace ocho años que ahora. Basta comprobarlo con un repaso a la hemeroteca. 11 de febrero de 2009, tras el estallido del caso Gürtel: "Nunca en España se había hecho un uso tan partidista de la Fiscalía como hasta ahora". 23 de febrero de 2017, después de que se anunciara un relevo en al cúpula fiscal que afecta, por ejemplo, al fiscal superior Murcia en un momento en el que el presidente de autonómico, Pedro Antonio Sánchez (PP), está a punto de declarar como imputado en el marco del caso Auditorio: "Yo no voy a entrar a juzgar la decisiones del Consejo Fiscal. Siempre me parecerán muy bien y también las que tome el fiscal general del Estado. Hay otros que lo que quieren es a lo mejor otra cosa distinta, pero en este país, o se aplican las reglas o acabaremos teniendo un problema".

El caso Gürtel estalló el 6 de febrero de 2009, hace ya ocho años. Seis días después, el 12 de febrero, el ahora presidente del Gobierno convocó en la sede nacional del PP una reunión del Comité Ejecutivo de su formación que los conservadores convirtieron en una enmienda a la totalidad a las actuaciones de la Justicia. "No es una trama del PP, es una trama contra el PP", repetían. Para dotar al acto de máxima solemnidad, fue el propio Rajoy el que bajó a la sala de prensa para comparecer ante los periodistas. Pero no bajó solo. Los máximos dirigentes del partido estaban con él para arroparle. 

Ana Mato, Francisco Camps y Rita Barberá, dirigentes de primer nivel del partido por aquellas fechas y que después se verían salpicados por escándalos de corrupción, estaban ahí junto a Rajoy para respaldarle cuando dijo que "nunca" en España "ni con Suárez, Aznar o González, se hizo un uso tan partidista de la fiscalía". La imagen de esta declaración ante la prensa precede a estas líneas.

También se quejó Rajoy de que se detenía a "militantes del PP" con "policías encapuchados" a los que se les hacía un daño "irreparable" para después ser "puestos en libertad". Se refería a lo que después llamaron "pena de telediario". 

El mensaje de Rajoy sirvió para que el resto de dirigentes de conservadores, por aquellas fechas en la oposición, lo tomaran como referencia. El argumentario consevador se plagó de ataques a jueces y fiscales y acusaciones de "doble rasero". El nerviosismo en las filas del PP era importante. El estallido del caso Gürtel le coincidió en el tiempo con la campaña de las autonómicas catalanas y vascas.

Los años fueron pasando y el mismo argumento, el de la conspiración contra el partido, fue siempre un recurso para dar respuesta a otros escándalos: el caso de los trajes de Camps, el caso Palma Arena, el caso Brugal... Ahora, los conservadores consagran la independencia judicial que pusieron en duda hace ocho años.

A continuación infoLibre recopila algunos de los principales ataques del PP a jueces y fiscales.

  Febrero de 2009: el estallido

El estallido del caso Gürtel estuvo marcado, en sus orígenes, por la exigencia del PP de que el juez que abrió la investigación, Baltasar Garzón, fuese recusado y el ministro de Justicia, el socialista Mariano Fernández Bermejo, dimitiese. Trascendió que ambos habían estado juntos de cacería poco después de que se conociese que la Audiencia Nacional estaba investigando. Los conservadores comenzaron por romper el pacto con la Justicia que habían suscrito con el Partido Socialista. 

El mismo día que Rajoy intentaba insuflar ánimos al Comité Ejecutivo Nacional del PP, su por entonces responsable de Justicia y Libertades Públicas, Federico Trillo, lo tenía claro: "Asistimos al mayor ataque contra la independencia del Poder Judicial de la historia democrática". Durante años, el exembajador de España en Londres, dirigió la estrategia judicial del PP. Ahora, tras el demoledor informe del Consejo de Estado tras la tragedia del YAK-42, ha regresado a su plaza de letrado mayor al Consejo de Estado.

Este mismo mes, se conoció la imputación en Gürtel del entonces eurodiputado conservador Gerardo Galeote. También la de Luis Bárcenas, que ejercía de tesorero del PP y ocupaba un escaño en el Senado.

A Rajoy, la noticia le pilló en Galicia apoyando a la campaña de Alberto Núñez Feijóo, reaccionó pidiendo imparcialidad. "Quiero una justicia imparcial, con apariencia de imparcialidad. Y luego, el que la haga que la pague. Hay algunas cosas que están pasando en España estos días en plena campaña electoral que a nadie le gustan, ni le pueden gustar, piensen como piensen y sea como sea su ideología".

  las detenciones del 'Palma Arena'

En el mes de agosto de 2009, varios altos cargos de la época de Jaume Matas fueron detenidos en este escándalo que investigaba el sobrecoste en este velódromo de Palma de Mallorca. Las detenciones coincidieron con una entrevista de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, a la agencia Efe en la que denunciaba un espionaje a dirigentes del PP. Según dijo, le constaba "que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios [de los escándalos de corrupción] y a destacados dirigentes nacionales". Estas declaraciones levantaron una gran polémica, pero el partido, con Rajoy a la cabeza, salió a respaldar a su número dos.

La reacción de Trillo, por su parte, fue la de atacar al juez José Castro: "Ha decretado esa absolutamente desproporcionada e ilegal detención". El PP se quejó de que los detenidos fuesen conducidos al juzgado con las esposas puestas.

  Las "persecuciones" de Conde-Pumpido

En octubre de 2009 el Partido Popular intentó construir una muralla para proteger a Francisco Camps, por aquellas fechas, presidente de la Generalitat Valenciana. El enemigo a batir era el fiscal general del Estado de entonces: Cándido Conde-Pumpido. 

Los conservadores, con Soraya Sáenz de Santamaría a la cabeza como portavoz en el Congreso de los Diputados, reclamaron que Conde-Pumpido compareciese en la Cámara baja para explicar "intentos de manipulación". 

En el PP veían poco "ético" que se hubiesen tratado de "eliminar unos datos del sumario" porque se conocía que Camps no tenía ningún tipo de responsabilidad porque "pagaba sus trajes". Los conservadores apuntaban a una supuesta petición de la fiscalía para que se eliminasen del sumario unas conversaciones que, a su juicio, favorecían al president. En realidad se referían a la conversación que mantuvieron en la cárcel Pablo Crespo, el número dos de la trama y su abogado, transcripción que la Fiscalía Anticorrupción había pedido eliminar del sumario y que Garzón había ordenado excluir en un auto del mes de marzo.

  El "MOntaje" del 'caso Brugal'

En el verano de 2010, el caso Brugal, que investiga la adjudicación de contratos públicos de los servicios de recogida de basuras en Alicante, recibió un impulso judicial. Y el PP volvió a ver en ello una mano negra.

La encargada de reaccionar fue la por entonces portavoz del Consell, Paula Sánchez de León. La dirigente denunció un "montaje" con el objetivo de "crear confusión" y "romper la reglas del juego democrático" en el que "todo vale".

"No hace falta pruebas entender que lo que se ha perseguido" en un "clima generalizado de confusión, crispación e indefensión", respondió preguntada sobre si tenía "pruebas" de ese montaje.

  Lo "alucinante" para Aguirre

Aguirre dejó el PP de Madrid hace ahora un año por las sospechas de corrupción del que fue su equipo. Pero meses antes, en agosto de 2015, consideraba "alucinante" que el juez instructor del caso Púnica hubiese sugerido que podía haber financiación ilegal de la formación en Madrid. esto, dijo, le daba pie a tener que estudiar solicitar su personación en la causa. 

"El juez de la trama Púnica, quizás porque tenía esa idea en la cabeza, pues lo dijo en la declaración grabada pero yo quisiera que dijera si hay algún indicio porque si no, nos tendremos que personar como PP de Madrid para que explique qué hay ahí, porque no hay absolutamente nada", añadió según informa Europa Press.

  Las fiscales 'críticas' de la 'Púnica'

La semana pasada, antes de los cambios anunciados en la cúpula de la Fiscalía y en algunas comunidades autónomas, el magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso Púnica, Eloy Velasco, señaló a Pedro Antonio Sánchez, como uno de los implicados en la trama corrupta por presuntos delitos de cohecho, fraude y revelación de información.

El anuncio del juez Velasco se produjo pese al desacuerdo del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y de la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez, quienes se opusieron al informe suscrito por las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez. Las dos fiscales involucraban a Sánchez en un "plan criminal" y pedían su imputación, pero la Fiscalía General ordenó no acusar al presidente de Murcia y elaboró otro informe paralelo, firmado por Belén Suárez pero no por las dos fiscales.

Después de que el presidente murciano se hubiese jactado de tener información privilegiada sobre el caso que le afecta, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se limitó a calificar de "anómalo" que las fiscales se negaran a firmar el escrito favorable de la Fiscalía Anticorrupción. "Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", dijo.

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El círculo se cerró este jueves cuando Catalá respondió al fiscal superior saliente de Murcia, Manuel López Bernal, tras conocerse que será relevado en su cargo, que si sufrió intimidaciones y desprotección en el ejercicio de su trabajo contra los casos de corrupción que investigaba debería haberlo puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que velara por la protección de sus derechos.

Rajoy ofreció una rueda de prensa este jueves en la Moncloa tras reunirse con el presidente argentino, Mauricio Macri, y fue preguntado por la polémica renovación en la cúpula fiscal, que afecta a la investigación de los principales escándalos de corrupción. "Yo respetaré siempre las decisiones de los tribunales, hay otros que no lo hacen, pero yo no voy a empezar a discutir sobre si unas decisiones me gustan o no", dijo.

"No entraré a juzgar decisiones del Consejo Fiscal; siempre me parecerán bien", dijo Rajoy. Y a reglón seguido comentó que mientras "otros, a lo mejor, quieren otra cosa", él aboga por que se acepten y se cumplan "las reglas", porque, de lo contrario, surgirán "problemas".