El Congreso vota mañana el informe que reconoce que uno de cada cinco diputados ejerce otra profesión o negocio

El Pleno del Congreso votará este jueves el informe que reconoce que un total de 74 diputados, la quinta parte de la Cámara, compagina el escaño con el ejercicio de una actividad profesional o la participación en negocios privados, según ha informado Europa Press. La cifra se eleva a unos 120 diputados, un tercio del Congreso, si se suma al medio centenar de parlamentarios que también ocupan un cargo municipal, bien de alcalde o bien de concejal.

La Comisión del Estatuto del Diputado aprobó este informe con la única abstención del PSOE y ahora debe votarse en el Pleno, como siempre en una sesión a puerta cerrada y sin que se dé a conocer el resultado ni el sentido de voto de los grupos.

Los socialistas intentarán una votación separada de unos 35 casos de diputados del PP, Unidos Podemos y PSOE sobre los que dice tener dudas de que puedan compaginar su escaño con el ejercicio de actividades extraparlamentarias para poder votar en contra. Sin embargo, y según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, los servicios jurídicos de la Cámara han avisado de que el dictamen suele votarse en bloque.

En el informe se recoge que sólo 75 diputados "no declaran ostentar ningún cargo, ni ejercer ninguna actividad". Entre ellos figuran los populares Celia Villalobos, Teresa de Lara, Carolina España, Rafael Merino, Rosa Romero y Ramón Aguirre (expresidente del ICO); los socialistas Ciprià Ciscar, José Zaragoza (PSC) y Ricardo Cortés; Xavier Domènech, Txema Guijarro y Alexandra Fernández de Unidos Podemos y sus confluencias; Aitor Esteban, del PNV; y Ana Oramas, de Coalición Canaria.

Abogados, docentes, consultores...

Por contra, la Comisión del Estatuto del Diputado propone autorizar el ejercicio de la abogacía a 17 diputados, entre ellos los populares Rafael Hernando (portavoz del Grupo Popular), Leopoldo Barreda (presidente de la comisión) y Francisco Martínez (ex secretario de Estado de Seguridad); Gloria Elizo (miembro de Mesa) y Sara Carreño (portavoz en la misma comisión), de Podemos; Pedro Muñoz, del PSOE, y Patricia Reyes, de Ciudadanos. A ellos se suman dos procuradores de tribunales, Avelino Barrionuevo (PP) y Jaume Moya (En Comú).

En el informe se autoriza además el ejercicio ocasional de la docencia o la dirección de tesis a 24 diputados, entre los que se hallan María Jesús Moro, Alicia Sánchez Camacho y María Jesús Bonilla (PP), Marta Martín (Cs), Carolina Bescansa y Pablo Bustinduy (Podemos), Rafael Simancas y Meritxell Batet (PSOE), y Ferran Bel (PDeCAT).

Con trabajos de consultoría y asesoría aparecen Javier Ruano y Teófilo De Luis, ambos del PP. Figuran además tres arquitectos, dos del PP (Ana María Zurita y Raquel Alonso) y uno de Ciudadanos (Diego Clemente), que además ejerce como perito judicial, así como tres actores: Rosana Pastor (Podemos), y Toni Cantó y Félix Álvarez "Felisuco", ambos de Ciudadanos.

Al margen de las decenas de diputados que participan en tertulias de medios de comunicación, hay tres que declaran actividades profesionales periodísticas: la escritora y articulista Marta Rivera de la Cruz, de Ciudadanos, y dos dirigentes de Podemos: Noelia Vera (redactora y presentadora de La Tuerka) y Pablo Iglesias (dirige y presenta Fort Apache).

La lista se completa con un viticultor –Miguel Angel Viso con viñedos familiares de Ribeiro–, un jornalero (Diego Cañamero, de Podemos) y un inscrito en el régimen agrario pero aún sin rentas (Miguel Barrachina, del PP).

Accionistas o gestores de sociedades

Igualmente, hay otros 17 diputados que declaran tener participación o figurar en cargos gestores de sociedades activas, algo que la Cámara Baja suele autorizar siempre que no contraten ni cobren del sector público.

Así, la diputada del PP Carmen Álvarez Arenas, es consejera delegada de una empresa familiar de prestación de servicios sin contratar con la administración, aunque una de ellas, como centro especial de empleo, percibe subvenciones.

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La ministra de Agricultura, Elena García Tejerina, es dueña de una planta fotovoltaica, mientras que el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, declara una central solar fotovoltaica de dos Kw. Carlos Rojas, del PP, es accionista de una empresa de producción agrícola y Joan Capdevilla, de ERC, cuenta con una clínica veterinaria.

El número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, es administrador único de una sociedad mercantil de servicios de asesoría jurídica, fiscal y laboral. Su compañera de dirección Melisa Rodríguez es diseñadora de joyas y tiene su propia empresa, mientras que Patricia Reyes, es administradora de la entidad mercantil Yayay Ediciones; Elena Faba es administradora de tres sociedades mercantiles de márketing digital; José Cano Fuster es apoderado de la empresa familiar de restauración El Xato; y Miguel Angel Garaulet, también de Ciudadanos, es administrador único de dos sociedades mercantiles, una de consultoría y otra de intermediación de comercio.

Por último, entre los diputados hay patronos de fundación y presidentes de entidades sin ánimo de lucro. En ellos, Carmen Quintanilla, presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), y Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y de la Fundación Miguel Angel Blanco.