El horizonte penal de Pedro Antonio Sánchez

Un tribunal ya consideró "evidente" que el ayuntamiento del presidente de Murcia encargó a dedo un proyecto de auditorio

El presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez (2i), con el expresidente Ramón Luis Valcárcel (3i) y el arquitecto Martín Lejarraga (derecha).

Un juzgado de lo contencioso, jurisdicción en que desembocan todos los litigios civiles planteados contra administraciones públicas, ya consideró "evidente" en 2012 que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras había encargado un proyecto de auditorio sin concurso previo al mismo arquitecto que finalmente recibió el contrato formal para ejecutar la tarea aunque en otro emplazamiento y con un diseño distinto.

La afirmación sobre lo "evidente" de ese hecho consta en la sentencia que el equipo de Pedro Antonio Sánchez invoca como prueba de "la legalidad de la contratación" del arquitecto Martín Lejárraga, uno de los grandes escollos que el hoy presidente de Murcia y alcalde de Puerto Lumbreras entre 2003 y 2013 afronta ante el Tribunal Superior (TSJM) de Murcia como investigado por cuatro presuntos delitos: prevaricación, malversación, falsedad y fraude a la Administración.

"La sentencia es firme y tiene valor de cosa juzgada", sostienen los portavoces de Sánchez, que este lunes declaró como investigado ante el TSJM durante cuatro horas. En el congreso que el PP murciano celebrará el próximo día 18, Sánchez se convertirá en el nuevo líder regional del PP. De momento, ya ha obtenido el respaldo expreso del fiscal general del Estado para que Anticorrupción no pida su imputación en otro caso de mayores dimensiones, la Operación Púnica. Tras su citación como investigado en el caso Auditorio, los socialistas amenazan con enfrentarlo a una moción de censura de resultado incierto.

El auditorio de Puerto Lumbreras (14.500 habitantes) costó seis millones al Gobierno murciano. El Ayuntamiento que presidía Sánchez lo recepcionó en 2011 en estado cascarón de nuez: terminado por fuera y vacío por dentro. Sánchez aduce que su misión consistía en dar impulso político al proyecto y que en la práctica se limitaba a firmar lo que le preparaban los técnicos. Sobre la contratación de Lejárraga, remacha que todo lo que el arquitecto hizo sobre el auditorio antes de enero de 2008 era para un proyecto "distinto" al finalmente ejecutado y cuyo objetivo real era obtener los seis millones de subvención otorgados por el Ejecutivo murciano.

Aquella sentencia de 2012, nunca recurrida y por tanto firme, tumbó el recurso del Colegio de Arquitectos de Murcia contra el concurso de ideas que, con un jurado presidido el propio Sánchez, había adjudicado a Lejárraga la redacción del proyecto de auditorio en enero de 2008. La juez de lo contencioso número 2 de Murcia basó su decisión en el siguiente argumento: que "aunque resulte llamativo que se presente un proyecto antes de que se convoque el concurso para decidirlo, no es posible deducir de ese dato que el concurso se celebró en fraude de ley".

Pero esa misma sentencia incorpora dos párrafos que cuestionan la limpieza de lo sucedido antes del concurso. "Ciertamente -dice el primero de ellos- la prueba practicada es más que evidente y antes de que se convocara siquiera el concurso de proyectos para auditorio municipal de Puerto Lumbreras, se había anunciado en todos los medios de comunicación la próxima construcción del auditorio y que el mismo se haría conforme a un proyecto elaborado por el arquitecto Martín Lejárraga, llegando incluso a presentar públicamente dicho proyecto".

Tanto se había anunciado que el Anuario de Puerto Lumbreras[pincha aquí para verlo], editado por el consistorio, ya incorporó en su edición de 2005 un anuncio inequívoco: "El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha encargado la construcción de un Teatro en la localidad al arquitecto Martín Lejárraga". El concejal socialista José Manuel Miravete, que ejerce una de las acusaciones populares en el caso auditorio, asegura que cada edición del Anuario se presenta en el primer trimestre del año. infoLibre ha localizado la fecha de presentación de todas las ediciones de la publicación a partir de la de 2006. Pero no la de 2005. Y, efectivamente, todas las presentaciones localizadas tuvieron lugar entre enero y marzo del año siguiente a aquel cuyos datos recoge cada anuario salvo la de 2014, que se produjo en abril de 2015. El nombre de Lejárraga no apareció asociado al futuro teatro-auditorio de Puerto Lumbreras en ningún documento oficial hasta junio de 2006. 

La referencia expresa de la sentencia de 2012 a cómo Lejárraga ya aparecía vinculado al futuro auditorio antes de la convocatoria del concurso no es la única que introduce dudas sobre lo sucedido. "De existir irregularidades en el comportamiento de la Administración -añade el fallo judicial- son previos [sic] al concurso que ahora se impugna (...) y aquellas irregularidades no pueden impedir que precisamente se convoque el concurso de proyectos en la forma prevista en la ley".

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En realidad, y así lo sostiene en un voluminoso informe de septiembre de 2016 la Intervención General del Estado (IGAE), Lejárraga había redactado no un proyecto antes de la convocatoria del concurso de ideas sino tres. Y de la contratación de esos tres proyectos "no se ha localizado ningún documento administrativo", dice el citado informe. Dadas las fechas que aporta la IGAE, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, el penúltimo de esos tres proyectos fue presentado a bombo y platillo al entonces presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, el 20 de noviembre de 2006 por Pedro Antonio Sánchez y Martín Lejárraga. Es decir, se lo presentaron al máximo responsable del Gobierno regional un año antes de que la Corporación lumbrerense convocase el 17 de diciembre de 2007 el concurso de ideas para el auditorio. El jurado eligió ganador a Lejárraga el 14 de enero de 2008.

En medio quedaron 27 días naturales de los que ocho fueron festivos sin contar Nochebuena ni Nochevieja, que en ambos casos cayeron en lunes. Entre la convocatoria y la resolución del concurso transcurrió así un periodo de 19 días oficialmente laborables y que incluyó los dos grandes puentes navideños. Para el arquitecto elegido por el jurado que encabezaba Sánchez, ese plazo resultó suficiente para elaborar un nuevo proyecto. Lejárraga figura entre los investigados por el caso auditorio. Cuando el caso llegó a la Asamblea Regional de Murcia en mayo de 2016, quien era decano del Colegio de Arquitectos cuando la institución impugnó el concurso de ideas ganado por Lejárraga exhibió su desacuerdo con la sentencia de 2012: "En 13 días no se puede hacer un proyecto", afirmó el exdirigente colegial Francisco Camino.

 

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