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Abusos a menores

'Caso Romanones': El arzobispo de Granada se escuda en que no era competente para investigar abusos sexuales

El arzobispo de Granada, Javier Martínez, tras declarar hoy en la quinta sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Granada.

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El arzobispo de Granada, Javier Martínez, ha declarado este viernes en el juicio contra el padre Román, que está acusado de supuestos abusos sexuales a un menor de su parroquia desde 2004 a 2007, que "jamás" se le ha trasladado "la más mínima sospecha de una conducta sexual inapropiada" de este sacerdote, aunque sí ha recibido "quejas" de los "procedimientos pastorales" del grupo de curas al que pertenece por ser "hermético" y "unitario", desde la vestimenta hasta las prácticas religiosas, ha informado Europa Press.

El arzobispo granadino ha sido el encargado de abrir la ronda de testigos en la nueva sesión del juicio que se ha celebrado este viernes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, donde ha garantizado que "nunca ofreció ayuda" a Román M.V.C. para "tapar" los supuestos abusos que le hizo llegar el denunciante, el cual le narró, en agosto de 2014, lo que "había sufrido" "desde los 14 años" en este entorno parroquial, donde –según le trasladó– era "buscado para tener relaciones homosexuales" y los sacerdotes "circulaban desnudos por la casa".

El prelado afirma que a partir de ahí se puso a disposición del joven, con el que mantuvo diversas comunicaciones y al que la Diócesis llegó a sufragar una factura por tratamiento psicológico. Aunque sacó los billetes para trasladarse a Roma, fue informado de que la Santa Sede ya estaba al tanto del asunto –la supuesta víctima escribió una carta al Papa– y, de hecho, fue decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe apartar del ejercicio pastoral al padre Román y dos sacerdotes más como medida cautelar.

El arzobispo ha precisado que él no era competente para investigar los hechos, pues debe hacerlo la citada congregación, por lo que se limitó a tomar declaración a estos sacerdotes bajo secreto pontificio y sin revelarles la identidad de los denunciantes, en el marco de las indagaciones que realizó sobre este asunto.

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Ha reconocido que en la documentación que remitió posteriormente a la Congregación para la Doctrina de la Fe definió la denuncia del joven como "verosímil" y agregó que, de confirmarse los hechos, esto "explicaría ciertas actitudes del grupo", aunque ha matizado que el expediente se centraba en los hechos denunciados y solo recogía una "investigación previa" y "no concluyente" de los mismos, en el marco de expediente canónico que entregó al Juzgado de forma "voluntaria" tras recibir autorización de sus superiores.

El prelado ha descrito ante el tribunal la evolución de la relación que mantuvo con el denunciante, que pasó de remitirle unos correos electrónicos "excesivamente elogiosos" a "casi violentos" y donde señala como punto de inflexión el momento en el que el joven le solicitó 6.000 euros para sufragar una pericial psicológica, a lo que el religioso se negó por considerarlo una petición "extraña".

Javier Martínez ha calificado la relación que mantenía con el padre Román de "correcta" y "con cierta distancia" incluso. Reconoce que el grupo "aparte" de los Romanones era "notorio en la Diócesis", hasta el punto de que llegó a ofrecerles que formalizaran esta comunidad de forma estatuaria y que actuaran así de acuerdo a unas normas aprobadas por la Iglesia para evitar que las prácticas pastorales del colectivo pudieran suponer "un problema a la larga". Obtuvo "el silencio como respuesta".

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