Memoria histórica

El Gobierno de Rajoy mantiene más de un centenar de vestigios franquistas pese a tenerlos identificados desde 2011

Dos operarios reponen las placas de la plaza dedicada a la División Azul en Alicante para acatar un auto judicial que invalida su cambio de nombre para aplicar la Ley de Memoria Histórica.

El Gobierno lleva sin retirar un sólo vestigio franquista en las dependencias pertenecientes al Estado central desde 2011, es decir, desde que el PP está en el poder. Así se lo ha reconocido el propio Ejecutivo al senador de EH Bildu Jon Iñarritu en una respuesta a una pregunta formulada por escrito, en la que señala que los últimos datos con los que cuenta reflejan que, "hasta finales de abril de 2011, de los 705 vestigios analizados se tiene constancia de la retirada de 570".

Desde que Mariano Rajoy alcanzó la Presidencia del Gobierno en el año 2011, su Gobierno ha demostrado un escaso interés por todo lo relacionado con la memoria histórica. Los Presupuestos Generales del Estado dan buena cuenta de ello: del máximo de 6,2 millones de euros que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero dedicó en 2011 a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica –que fundamentalmente se destinaron a ayudas para que los familiares de los represaliados pudiesen realizar investigaciones o exhumaciones–, Rajoy redujo la partida a 2,5 millones en 2012 y lleva desde 2013 sin destinar ni un sólo euro. Pero además, según desvela la respuesta a Iñarritu, el Gobierno tampoco ha cumplido su deber –consagrado en la norma– de promover la desaparición de vestigios del franquismo.

Y es que el Ejecutivo explica que tiene catalogados un total de 705 vestigios de la dictadura en 13 ministerios y otros organismos dependientes del Estado, y cifra en 570 el número de elementos de exaltación del franquismo retirados. "El resto está en la actualidad en proceso de tramitación, bien porque requiere un procedimiento administrativo largo, bien por su coste", señala el Gobierno, que plantea que la información sobre retirada de vestigios llega "hasta abril de 2011" y no hace ninguna precisión más a la pregunta del senador, que cuestionó exactamente "cuáles son los vestigios" retirados desde 2012 y "cuáles quedan por retirar en este momento".

La respuesta del Gobierno adjunta un enlace a la página de memoria histórica del Gobierno, en la cual se incluye la tabla de vestigios históricos documentados por la administración y el dictamen relativo a cada uno de ellos elaborado por la comisión encargada de valorarlos. Los datos permiten conocer, por ejemplo, que la mayoría de los bienes relacionados con la dictadura están o estaban presentes en edificios o propiedades del Ministerio de Defensa, y en la tabla se desglosa el número de vestigios retirados en función del departamento del que dependieran. Los datos no obstante, están absolutamente desactualizados: las últimas referencias a retiradas son de 2010 y 2011.

La información "está totalmente abandonada, pero como lo está el conjunto de la ley, porque el Gobierno no tiene voluntad política de aplicarla", sostiene a este respecto en declaraciones a infoLibre Arturo Peinado, presidente de la Federación de Foros por la Memoria. Con él coincide Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que critica que el Gobierno pone "excusas" a la hora de aplicar una ley que no pone en práctica porque, asegura, el PP "no acaba de romper con el franquismo".

"El principal problema es que la ley no tiene un desarrollo reglamentario que establezca plazos [para llevar a cabo las exhumaciones o las retiradas de vestigios del franquismo] ni tampoco sanciones si no se cumple la norma", denuncia Peinado, que asegura que esta carencia deja su aplicación al albur "de la buena fe de las administraciones". "Estos señores, que son tan exigentes con que Cataluña tiene que cumplir la ley, han abandonado completamente la Ley de Memoria Histórica", critica.

Escudos, inscripciones o placas

Pero, ¿qué vestigios están retirados y cuáles son los que, por el contrario, siguen en su lugar? La mayor parte de ellos, según establece la clasificación del Gobierno, son bienes inmuebles, y se encuentran o encontraban en dependencias de ministerios como los de Fomento o Interior. El ministerio con mayor número de vestigios retirados es Defensa: según los datos del Ejecutivo, son 608 los elementos eliminados de un total de 713, y 410 lo fueron en dependencias del departamento ahora dirigido por María Dolores de Cospedal. Entre esos vestigios se cuentan desde vidrieras y relieves con el escudo preconstitucional hasta monolitos y placas que conmemoran a los caídos en el bando nacional en la Guerra Civil. Estos vestigios estaban presentes en cuarteles, academias militares e incluso hospitales gestionados por Defensa.

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No obstante, hay elementos arquitectónicos y conmemorativos similares que siguen en su sitio, al menos según los datos que proporciona el Gobierno. Es el caso, por ejemplo de varios escudos preconstitucionales ubicados en dependencias ministeriales o en edificios propiedad del Estado, como el situado en la vidriera de la sede del Banco de España en Alicante. En este sentido, el informe recoge la existencia de dicho escudo y establece la necesidad de "solicitar información al Ministerio de Economía y Hacienda", pero lo antiguo de los datos impide conocer si ese símbolo fue retirado (de hecho, el ministerio en cuestión ya ni existe, ya que Rajoy lo dividió en dos).

Lo mismo ocurre con inmuebles pertenecientes a Patrimonio Nacional, una institución que depende del Ministerio de la Presidencia que en la actualidad dirige Soraya Sáenz de Santamaría. La información que facilita el Gobierno explica, por ejemplo, la existencia de una placa de exaltación a Franco en el Monasterio de las Huelgas de Burgos –un monumento gestionado por Patrimonio Nacional–, y establece la necesidad de retirarla. Pero, años después, el Ejecutivo no proporciona más datos sobre la ubicación de esta placa, que no obstante sigue estando colocada en su sitio.

La pregunta de Iñarritu, formulada en diciembre, fue respondida por el Gobierno a fecha del 27 de febrero, y hecha pública el 6 de marzo. Apenas cuatro días después, este mismo viernes, el ayuntamiento de Alicante se vio obligado a recolocar la placa identificativa de la Plaza de la División Azul, que había sido renombrada como Plaza de la Igualdad, tras publicarse un auto judicial en este sentido a raíz de un recurso interpuesto por el PP. La plaza será únicamente la primera de hasta 46 localizaciones que el consistorio alicantino tendrá que devolver a su antigua denominación por esta decisión judicial. Los vestigios del franquismo, lejos de desaparecer, continúan presentes en los espacios públicos.

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