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Medio ambiente

Convocatoria Cívica y Mayor Zaragoza se oponen a la extracción de 'tierras raras' en La Mancha

  • Tras una reunión mantenida con la oposición al proyecto, aseguran que respaldan la campaña en contra de la minería de monacita en el Campo de Montiel
  • El último capítulo del conflicto es relativo a la declaración ambiental: organizaciones denuncian que no se entregó a tiempo

Publicada 13/03/2017 a las 11:38 Actualizada 13/03/2017 a las 12:34    
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Zona del Campo de Montiel susceptible de ser afectada por el proyecto de 'tierras raras'.

Zona del Campo de Montiel susceptible de ser afectada por el proyecto de 'tierras raras'.

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La organización Convocatoria Cívica y su vicepresidente, el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, mostraron este lunes su apoyo a la oposición al proyecto de extracción de tierras raras en el Campo de Montiel, una región de Castilla-La Mancha. Tras una reunión mantenida entre los principales grupos que rechazan la instalación, Convocatoria Cívica y Mayor Zaragoza han manifestado mediante un comunicado que respaldan "las actuaciones que dichos frentes están llevando a cabo para conseguir la paralización" del proyecto. El también exministro de Educación y Ciencia se ofreció a ejercer, además, "toda su capacidad de diálogo" con los actores implicados. 

La empresa Quantum Minería pretende instalar una explotación minera entre los municipios de Torre de Juan Abad y Torrenueva en busca de monacita, un conjunto de minerales que contienen lo que se conoce como tierras raras, elementos químicos útiles para construir móviles, monitores u otros dispositivos electrónicos. El proyecto ha sido discutido desde el principio por ecologistas, partidos políticos y organizaciones como la Plataforma Sí a la Tierra Viva, que denuncian las posibles consecuencias para la biodiversidad del entorno y la salud y el modo de vida de sus habitantes, entre otras razones porque la monacita gris, que es la que se busca, contiene proporciones variables de elementos radiactivos: torio y uranio, cuyo potencial radiológico ha sido advertido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). 

En la reunión, Convocatoria Cívica fue informada de las razones para oponerse a la extracción de tierras raras: el gran "impacto ambiental" y en las "formas de desarrollo y futuro" de los manchegos, de aprobarse el proyecto; la expropiación de tierras de productores de queso y vino; el agotamiento de los recursos hidrográficos –se necesita gran cantidad de agua para aislar el material–; o la actitud de la administración regional, a la cual las organizaciones achacan "opacidad de información", entre otras razones. 

"En base a estas actuaciones y en el rechazo generalizado por parte de los habitantes de esta zona, nuestra asociación Convocatoria Cívica muestra su total apoyo a las actuaciones que dichos frentes está llevando a cabo para conseguir la paralización de este proyecto", concluye el comunicado. 

¿En qué estado está el proyecto?

El proyecto de extracción de tierras raras por parte de Quantum Minería parece a punto de entrar en vía muerta, aunque hay decenas de informes contrarios a la mina y ningún carpetazo definitivo por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. Pese a que las Cortes regionales instaron a paralizar las intenciones de la compañía, desde el Ejecutivo del socialista García-Page argumentaron que no podían rechazarlo sin esperar a la Declaración de Impacto Ambiental que, según la legislación vigente, está obligada a presentar la empresa. El pasado mes se presentó, finalmente, y según recoge la Plataforma Sí a la Tierra Viva, la mercantil reconoce que no cumple con los requisitos ya que "la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo", como argumentó en el escrito. La organización denuncia que Quantum no trata con rigor ni los posibles impactos radiológicos a la salud ni el uso previsto de agua. 

La lucha actual de la plataforma es la de que se reconozca que Quantum Minería no ha presentado la declaración a tiempo. El registro es del 20 de febrero y, como argumenta la organización, "la legislación aplicable (...) considera los sábados como días hábiles" así que "el último plazo para la presentación de la documentación era el 18 de febrero". La Oficina del Defensor del Pueblo se ha hecho eco de la denuncia de la asociación y este lunes urgió a la Junta de Castilla-La Mancha que acredite si la mercantil presentó en plazo el estudio. 

 


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