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Tribunal Constitucional

El presidente del Constitucional reconoce que el tribunal no puede solucionar el problema catalán

  • El presidente saliente hace un llamamiento "urgente e inexcusable" al diálogo político
  • "Desde aquel pronunciamiento nuestro, la tensión no ha cesado"

infoLibre Publicada 15/03/2017 a las 13:05 Actualizada 15/03/2017 a las 13:30    
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El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, a su llegada al acto de toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados del TC

El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, a su llegada al acto de toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados del TC

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, ha reconocido este miércoles durante su discurso de despedida de este puesto –cesa tras tomar posesión los cuatro nuevos magistrados designados por el Senado– que problemas como "el llamado proceso soberanista" catalán "no pueden ser resueltos" por este órgano y que, "por desgracia", esto es lo que ha ocurrido con las resoluciones dictadas desde que en marzo de 2014 se acordó anular la declaración por el derecho a decidir que había sido aprobada por el Parlamento catalán. Por ello, considera "urgente inexcusable" hacer un llamamiento al diálogo político.

Pérez de los Cobos ha realizado estas contundentes afirmaciones tras la toma de posesión de los nuevos cuatro magistrados designados la pasada semana por el Senado –Ricardo Enríquez, Alfredo Montoya, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer– y ante el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes y numerosos integrantes de la cúpula judicial y diputados de las Cortes.

A juicio del aún presidente del TC la citada resolución de 2014 y las que la han seguido en relación con el proceso soberanista de Cataluña pretendieron dos cosas que "por desgracia no se han conseguido", que son la de "salvaguardar y restaurar la legalidad constitucional" y reconducir el denominado "derecho a decidir a una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución".

"Los problemas de esta índole no pueden ser resueltos por este Tribunal, cuyo función es velar por la observancia estricta de la Constitución", ha añadido, para insistir en que los poderes públicos "y muy especialmente los territoriales" son quienes están "llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en ese ámbito".

"Desde aquel pronunciamiento nuestro, la tensión no ha cesado", ha reconocido el presidente del TC, para añadir que por ello la llamada al diálogo político sigue siendo válida. "Diré más, creo que se han convertido en una necesidad inexcusable y urgente –ha afirmado–. El diálogo político en democracia no puede ni debe ser una realidad episódica o coyuntural, a la que se recurra cuando las circunstancias la imponen, pues atañe a la esencia misma del sistema, su práctica debe ser permanente y a todos los niveles".

Este diálogo, según Pérez de los Cobos, debe practicarse desde el respeto a la Constitución y a la Ley, "porque cuando éstas no se respetan el primer deber del Estado es el de garantizar su observancia".

Ha recordado en este punto que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sostiene que el respeto a la preeminencia del derecho es uno de los fundamentos mayores de nuestras democracias y un elemento esencial del patrimonio espiritual común europeo que, por tanto, nadie que se diga o se sienta europeo puede ignorar.

Sobre los objetivos que buscaban sus resoluciones, en su discurso Pérez de los Cobos ha señalado que no haberlos conseguido "no desmerece un ápice ni la solvencia jurídica de su texto ni la vigencia de su planteamiento".

Cataluña no es soberana

En relación con la restauración de la legalidad constitucional, el presidente de TC ha recordado que las resoluciones dictadas han salido al paso de la atribución de la condición de soberano "a quien de acuerdo con nuestro texto fundamental y con el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña no la tiene".

En este punto ha incidido en que si en el actual ordenamiento constitucional sólo el pueblo español es soberano "y lo es de manera exclusiva e indivisible, a ningún otro sujeto u órgano del Estado o a ninguna fracción de ese pueblo puede un poder público atribuirle la cualidad de soberano". Por ello, ha subrayado que el reconocimiento al pueblo de Cataluña de la cualidad de soberano resulta incompatible con el artículo 2 de la Constitución.

Por otro lado, ha incidido en que el Tribunal quiso poner de relieve que si la Constitución es un límite, "también es un marco de integración y de convivencia abierto a todos en el que todas las aspiraciones caben siembre y cuando se formulen y postulen de acuerdo con los principios y reglas que nos hemos dado". En este punto ha admitido que el texto de la Constitución "es reformable" aunque "siempre y cuando se observen los procedimientos previstos al efecto".

La llegada de los nuevos magistrados supone la salida, entre otros, del actual presidente, Francisco Pérez de los Cobos, cuyo sustituto se elegirá en un Pleno del tribunal ya renovado que aún no tiene fecha pero que podría celebrarse el próximo viernes, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. Esta deliberación estará presidida por quien es ahora la presidenta en funciones, Encarnación Roca.

Las caras nuevas del Constitucional

De la trayectoria de Conde-Pumpido antes de ser fiscal general del Estado con el Gobierno de Rodríguez Zapatero pueden destacarse decisiones como la oposición a la imputación del expresidente del Gobierno Felipe González por el caso Gal.

También fue ponente de sentencias como la del caso Roldán en 1999 y en la que se elevaba la condena al exdirector general de la Guardia Civil de 28 a 31 años, la de la privatización de la empresa textil Intelhorce, o del caso del expresidente del Gobierno de Navarra Gabriel Urralburu, por el cobro de comisiones ilegales de constructoras. Además formó parte del tribunal que condenó, entre otros, al exministro del Interior José Barrionuevo, por el caso Marey.

En abril de 2004 fue nombrado fiscal general del Estado a propuesta del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, hasta 2011, convirtiéndose en el fiscal general que más tiempo ha ostentado el cargo. En esos siete años se llevó a cabo la instrucción de numerosas causas de corrupción como el caso Malaya, contra la corrupción en la localidad malagueña de Marbella, el caso Palma Arena que comenzó a investigarse en 2008 o la trama Gürtel relacionada con el PP de Madrid y Valencia, principalmente.

Ricardo Enríquez permanece en el Tribunal Constitucional, al que pertenece desde marzo de 2014 –entró para suplir el fallecimiento Francisco José Hernando–, si bien su nueva designación era obligada porque su mandato había expirado por haber entrado en sustitución de éste.

Alfredo Montoya, por su parte, es profesor emérito de las Universidades San Pablo CEU y Complutense y del Instituto de Estudios Bursátiles, doctor Honoris Causa por las Universidades Rey Juan Carlos (Madrid), Murcia y Central del Este de la República Dominicana, académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y presidente de su Sección de Derecho del Trabajo.

Finalmente María Luisa Balaguer (Almería, 1953) es consejera del Consejo Consultivo de Andalucía, licenciada en Derecho por la Universidad de Granada en 1976 y doctora en Derecho por esta universidad en octubre de 1983, según ha detallado el PSOE andaluz en un comunicado. Actualmente, es catedrática de Universidad de Derecho Constitucional, adscrita al Departamento de Derecho del Estado y Sociología de la Universidad de Málaga.


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