Cataluña
El Ayuntamiento de Pallejà (Barcelona) impedirá un acto del polémico bus de Hazte Oír
El Ayuntamiento de Pallejà denegará el paso del polémico autobús de Hazte Oír por el municipio e impedirá la realización del acto que esta entidad ha convocado para el viernes en el municipio para presentar la campaña con la que quiere llegar a la ciudad de Barcelona, según ha informado Europa Press.
La alcaldesa de Pallejà, Ascensión Ratia, ha firmado este jueves una resolución de alcaldía en la que alega que Hazte Oír incumple el artículo 15 de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana de Actitudes de intransigencia e individualismo.
"Ya que dicha entidad no ha solicitado ningún permiso o autorización para realizar este acto en la vía pública del municipio y que, además, incumple el principio básico de convivencia y respeto por los diferentes grupos étnicos, culturales, religiosos o sexuales, el consistorio denegará el paso del autobús y la realización del acto", según un comunicado municipal.
Hazte Oír ha modificado su eslogan inicial, por el que el bus fue inmovilizado en Madrid, y lo ha sustituido por la frase Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Lo dice la Biología. Respeto para todos, no al bullying.
Expediente sancionador
La Generalitat también ha anunciado que abrirá un expediente, que podría acabar en sanción a la entidad, si el autobús entra en territorio catalán, que podría culminar en una multa de hasta 3.000 euros.
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El Govern ya llevó el bus ante la Fiscalía de Delitos de Odio en febrero, cuando tenía intención de visitar la capital catalana, L'Hospitalet de Llobregat y Sant Cugat del Vallès (Barcelona) con el lema Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si naces mujer, seguirás siéndolo, pero no realizó el viaje porque terminó inmovilizado en Madrid.
Si entra en territorio con competencias para el Ejecutivo catalán, éste estudiará sancionar la asociación en aplicación de la Ley catalana 11/2014 de los derechos LGTBI, que incluye sanciones de entre 300 y 3.000 euros, así como la imposibilidad de recibir subvenciones o ser prestadora de servicios públicos durante un tiempo, según la gravedad del hecho.
En febrero, la Generalitat transmitió el caso a la Comunidad de Madrid, que tiene una ley similar, y el autobús recibió en Catalunya el rechazo del Parlament y varios ayuntamientos –incluyendo el de Barcelona–, mientras que el Síndic de Greuges abrió una actuación de oficio.
