Génova toma las riendas de la crisis y el PP ve "inminente" la dimisión del presidente de Murcia

El anuncio puede ser en las próximas horas. "Inminente", mantienen las fuentes conocedoras del proceso. Tras estudiar todos los escenarios posibles, la dirección nacional del Partido Popular ha decidido tomar las riendas de la crisis desatada en el Gobierno de Murcia a un día del arranque de la moción de censura planteada por el PSOE para echar del Ejecutivo al imputado Pedro Antonio Sánchez.

El presidente murciano convocó a última hora de la noche del lunes vía SMS a la cúpula del PP de Murcia a una reunión en la sede regional. Será a las 12.45 y contará con la presencia del vicesecretario de Organización el PP, Fernando Martínez-Maillo. Estos elementos hacen pensar a las fuentes consultadas que el anuncio de dimisión puede ser "cuestión de horas".

A ello se suman las declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal de esta misma mañana: "Estoy convencida de que el presidente de Murcia va a hacer lo que crea que es más importante y es mejor par la región de Murcia. No tengo la menor duda. Y va a defender por encima de todo en sus actuaciones, el interés de los murcianos. Y el interés de los murcianos está que Murcia no pueda tener de tener de ninguna manera un Gobierno tripartito que solo se podría formar con el concierto del PSOE, Ciudadanos y Podemos", sostuvo en una entrevista en Los Desayunos de TVE.

En el entorno del presidente murciano y sectores del PP defienden que Sánchez estaría cerrando los flecos de un acuerdo con su propio partido según el que se apartaría ahora para salvar el Gobierno regional con la promesa de ser "rehabilitado" para las elecciones de 2019 si sus asuntos judiciales acaban en nada, como el defiende.

Sólo 24 horas antes, la dirección del PP abogaba por "ir paso a paso". Así se manifestaba en rueda de prensa el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, tras conocerse que el juez de la Púnica pide al TSJ que investigue al presidente murciano por fraude, soborno y revelación de información reservada. El dirigente conservador ya está imputado en el caso Auditorio.

"Aún no está imputado es una petición en contra de la Fiscalía. Seguimos diciendo que había que dejar actuar a la Justicia", añadió. Según Casado, "cualquier reclamación judicial [a Pedro Antonio Sánchez] ha tenido su explicación en sede judicial". "Si esta imputación prospera, estoy convencido de que responderá a lo que se le solicite", insistió.

Esta semana es clave para los conservadores porque del miércoles arranca una moción de censura presentada por el Partido Socialista de la Región de Murcia. Una iniciativa para la que los socialistas necesitan del concurso de Ciudadanos, socio del PP en esta comunidad autónoma.

Desde el comienzo de la crisis, desde la formación naranja se había demandado a los conservadores que apartasen a Sánchez y lo sustituyesen por otro dirigente del partido. Esto, aseguraban, era garantía de que les iban a apoyar.

Si Pedro Antonio Sánchez acaba por dar su brazo a torcer, la pelota vuelve al tejado de Ciudadanos que había pactado apoyar la moción del socialista González Tovar a cambio de una convocatoria electoral en seis meses.

Un "mazazo"

El PP esperaba un pronunciamiento de Velasco relacionado con Púnica. Pero no a pocas horas de la moción. Con la exposición razonada del magistrado en la mano, los conservadores no tenían duda: la situación de su barón se complicaba.

Dos alcaldes, el portavoz del PP y el coordinador general, entre los posibles relevos

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El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 justifica su decisión de enviar la causa a Murcia en que Sánchez concertó trabajos con el experto en reputación en internet Alejandro de Pedro para "limpiar" con fondos públicos su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la presidencia de la Región de Murcia en 2015.

A juicio del magistrado, el presidente murciano "lastimó los intereses de la Administración Pública que no debe correr con semejantes gastos particulares". En la etapa investigada, Sánchez era consejero de Educación y concertó este acuerdo para lavar su imagen "dada la cantidad de investigaciones penales a las que había y estaba siendo sometido por su actuación pública".

Velasco explica que los trabajos reputacionales, presupuestados en 4.600 euros al mes, son constitutivos de delito de fraude porque, aunque no se llegaron a cobrar dado que días después estalló la trama Púnica, sí existió "acuerdo y concertación" afectando a los intereses de la Administración.