La agenda de Granados prueba que en 2010 hizo seguimiento directo de un contrato amañado para una empresa donante del PP

Las anotaciones manuscritas de la agenda secreta de Francisco Granados, incautada en su domicilio durante los registros de la Operación Púnica y a la que infoLibre ha tenido acceso, confirman que el  antiguo número dos del PP madrileño hizo en el otoño de 2010 un seguimiento personal y directo de las vicisitudes del proceso de construcción de la llamada Ciudad del Deporte en el municipio de Boadilla. La obra había sido adjudicada en diciembre de 2007 a Constructora Hispánica, una de las empresas cuyas -presuntas- donaciones al PP quedaron reflejadas en los papeles de Bárcenas y cuyo antiguo propietario, Alfonso García Pozuelo, confesó en octubre haber entregado dinero a Francisco Correa "para organismos centrales". Aquel macroproyecto -se otorgó por 29,6 millones- constituye hoy uno de los ejes centrales de la acusación en una de las piezas separadas del caso Gürtel pendientes de juicio: la de Boadilla, donde el PP se arriesga a ser declarado beneficiario económico -partícipe a título lucrativo- de los manejos de la trama. Pese a su confesión en el primer juicio del caso que celebra la Audiencia Nacional, el de la llamada Época I, hace dos semanas García Pozuelo se ha negado a prestar declaración en la reabierta instrucción sobre la supuesta caja B del PP y los papeles de su extesorero.

Es una incógnita por qué Granados se tomó interés en los problemas de Hispánica y dedicó dos páginas de su agenda a narrar lo sucedido y consignar en estilo aprobatorio los argumentos de la empresa para obtener una prórroga de 13 meses en el plazo de ejecución de la Ciudad del Deporte sin que ello le costara el pago de penalizaciones. Pero las dos páginas que dedica al asunto crean de nuevo una zona de confluencia entre dos casos oficialmente ajenos el uno al otro: Púnica y Gürtel. La existencia de un área de intersección que conecta conjuntos en teoría diferentes ya afloró con los papeles intervenidos al exgerente del PP madrileño en los registros de Púnica: son esos papeles los que devuelven al primer plano la fundación Fundescam, cuyo papel en la financiación de las campañas de Esperanza Aguirre de 2003 fue investigado en Gürtel y finalmente relegado por prescripción. La decisión del juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, de reclamar a la Comunidad de Madrid los contratos adjudicados al grupo de publicidad Over Marketing y sus empresas satélite establece a su vez un nexo con una de las piezas del caso Palma Arena, aquella donde el propietario de Over ya declaró en 2012 haber recibido contratos amañados también en la Comunidad de Madrid. El empresario admitió que había realizado actos gratis para el PP. 

"Motivos ajenos al contratista"

A la prórroga sin contrapartidas para Constructora Hispánica, aprobada en noviembre de 2009 y "que acaba en dic. de este año" –escribió Granados en referencia a aquel 2010 que enfilaba ya su fin– se habían opuesto los altos funcionarios de Boadilla.

Y también de ese extremo dejó constancia el político, encarcelado desde octubre de 2014 por su -supuesto- liderazgo en la trama corrupta conocida como Púnica: "El secretario se niega a la prórroga", anotó el antiguo consejero del Gobierno madrileño para, a renglón seguido, hacer un apunte en sentido contrario: "Los técnicos de obras han informado a favor de la prórroga x motivos ajenos al contratista". 

La narración de Granados coincide casi al milímetro, y salvo algún error como el del precio de adjudicación –la cifró en 26 millones en lugar de en 29,6–, con lo que realmente ocurrió: una técnica de Administración General había emitido un informe jurídico que refutaba los argumentos de Hispánica para ganar 13 meses de tiempo gratis. En el polo opuesto, la empresa de García Pozuelo había esgrimido un argumento que Granados, a quien aquella obra no concernía en absoluto desde el punto de vista institucional, recogió luego con fidelidad en su agenda: "Los desvíos de servicios se han retrasado x Iberdrola y Canal de Isabel II".

Reproducido por la Intervención General del Estado (IGAE) en su extenso dictamen sobre los desmanes del Ayuntamiento de Boadilla en materia de contratación, el informe jurídico de la técnica de Administración General del Estado recibió la conformidad de la vicesecretaria general del consistorio de Boadilla. Pero, capitaneado por Arturo González Panero, El Albondiguilla, el equipo local de gobierno del PP atendió la solicitud de Hispánica.

Lo cierto es que quien en 2010 se sentaba a la derecha de Esperanza Aguirre en el panel de mando del PP madrileño trazó un detalladísimo relato del asunto. Mencionó, incluso, la vertiente judicial de la Ciudad del Deporte: "El tema de esta adjudicación está en Gürtel (por comisión de 750' € a Tomás Martín Morales)",  se lee en la página 12 de la agenda. "La informó un técnico eventual. Se llevó el expediente la policía", apostilló el dueño del cuaderno.

Granados gestionó las ayudas de Caja Madrid a la fundación que financiaba campañas del PP

Ver más

Fechado el 29 de junio de 2016, el auto de apertura de juicio de la pieza de Boadilla atribuye a Martín Morales, que había sido director general de Gestión Urbanística de la localidad, el cobro de 150.000 euros de comisiones por las obras adjudicadas a Hispánica en 2007. ¿Se equivocó Granados? No se sabe. De aquella remesa de comisiones atribuidas a Hispánica por las obras de 2007, sostiene la resolución judicial, el PP no recibió nada.

Por las obras encargadas a la constructora de Alfonso García Pozuelo en 2003, el PP había obtenido 30.050 euros, sostiene el auto del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. El auto incluye un apartado titulado así: "Los beneficios del Partido Popular". El texto arranca del siguiente modo: "El PP se benefició de algunas de estas operaciones consiguiendo que las empresas de la organización abonaran los costes de distintos actos políticos organizados por y para el Partido". En total, y siempre según el auto de apertura de juicio, 175.000 euros de origen ilegal se utilizaron en beneficio del PP, al que la resolución judicial no atribuye ningún delito. La reforma del Código Penal que incorporó el delito de financiación ilegal no entró en vigor hasta 2015, en la recta final del primer Gobierno de Mariano Rajoy. 

Otro auto judicial, este dictado en marzo de 2015 por el juez Pablo Ruz en la pieza de los papeles de Bárcenas antes de traspasar el caso a De la Mata como su sucesor en el Juzgado Central 5, cuantificó en 258.161 euros lo que Alfonso García Pozuelo habría donado al PP entre 1998 y 2006. Como los otros empresarios que según Bárcenas aportaron fondos al PP, el que era dueño de Hispánica -finalmente vendió la compañía- se libró de aparecer en la lista de procesados de los papeles porque tanto Anticorrupción como el juez sostuvieron que en ningún caso era posible vincular las hipotéticas donaciones con la adjudicación de contratos públicos.