La escasa prevención y la falta de uniformidad legislativa dificultan la lucha contra el abandono de animales

Con el inicio del periodo vacacional, el abandono de animales domésticos cobra especial relevancia en la agenda de las organizaciones animalistas. La tasa de abandono en Semana Santa es de un 40%, de los cuales el 70% son cachorros con apenas días de vida, según el estudio elaborado por Tiendanimal junto a una veintena de asociaciones protectoras con las que colabora.

Durante el 2015 fueron recogidos más de 137.000 perros y gatos –33.330 gatos y 104.501 perros– según el estudio Abandono y adopción 2016 publicado por la fundación Affinity. El 44% de ellos fueron adoptados después, el 20% devueltos a sus dueños gracias a los microchips, mientras que un 10% fueron sacrificados.

Laura Duarte, portavoz del partido animalista Pacma, subraya en conversación con este diario que el periodo de Semana Santa es el "primero de vacaciones después de Navidad", época en la que se producen las primeras compras de animales domésticos, de modo que "muchos de los cachorros, como ya cuentan las protectoras, comienzan a ser abandonados".

Pasos previos

Javier Moreno, portavoz de Igualdad Animal, argumenta que para evitar el abandono "hace falta todavía mucha pedagogía respecto a la crueldad inherente al comercio de animales". Al comprar un animal, continúa, "se está fomentando un negocio en el que los animales son objetos de consumo reemplazables, donde son tratados como mercancía y sufren toda clase de privaciones". Por este motivo, el animalista entiende que es necesario "romper con la visión de los animales como objetos que son expuestos en escaparates" y asimismo "fomentar una cultura de cuidados y adopción responsable, en la que se es consciente de la responsabilidad que conlleva adoptar y de las implicaciones que tiene satisfacer las necesidades de ese animal".

Por otro lado, Moreno recalca la importancia de "hacer hincapié en la necesidad de la esterilización", porque parte de los animales abandonados "precisamente vienen de camadas no deseadas". 

Alberto Díez, portavoz de la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (Anda), coincide con Igualdad Animal a la hora de diagnosticar las variables que podrían ayudar a disminuir el número de animales abandonados. El animalista apunta a las carencias en la identificación y al problema de las camadas no deseadas, ya que "no existe una política que apueste claramente por la esterización", aunque sí hay comunidades que "están incidiendo de forma más firme" en ello.

Díez también presta especial atención al conflicto alrededor de la venta de mascotas y el acceso a la propiedad de un animal de compañía, que a su parecer "sigue siendo demasiado sencillo". "Cuando el origen del animal es un acto de compra", continúa, no se realizan las preguntas pertinentes para determinar si el dueño cumple con los requisitos básicos para el cuidado del animal. Esto genera que "la decisión se tome mal, y los animales entren en viviendas donde no tendrían que haber entrado", todo como consecuencia de una "falta de información evidente".

En esta línea, el activista denuncia las carencias respecto a "todo lo relativo a la difusión de las responsabilidades que implica tener un animal de compañía". Esta labor es desempeñada, en su mayoría, por parte de la ONG, "únicas entidades que llevan a cabo campañas" informativas. No obstante, analiza Díez, las organizaciones tienen una capacidad de difusión o acceso a plataformas publicitarias "muy limitada". Por ello, "es urgente que intervengan las administraciones públicas con campañas a gran escala".

En cuanto al problema del sacrificio, Duarte recuerda que en España son las "entidades privadas gestionadas por voluntarios" las que realizan una labor más amplia en respuesta al abandono. Las protectoras, prosigue, no sacrifican a los animales pero "no pueden recogerlos a todos". En este punto entran en acción los centros de recogida de animales a nivel municipal, que "tienen la obligación de recoger, y ahí sí se aplican criterios de sacrificio por motivos de capacidad".

La portavoz de la formación en defensa de los derechos de los animales reclama, en este sentido, que las perreras adopten también "criterios de sacrificio cero". Para ello resulta fundamental, tal y como han defendido los expertos consultados, un giro en cuanto al control de venta de animales y respecto a las campañas de esterilización y adopción. Se trata de las únicas vías para prever el problema que genera la "escasa capacidad" que existe en el país para otorgar una "segunda oportunidad" a los animales abandonados.

El pasado mes de febrero, la Comunidad de Madrid aprobó una ley que prohíbe a las perreras el sacrificio. El número de animales abandonados en la capital es de aproximadamente 6.000 al año, según datos de la Consejería de Medio Ambiente, pero la cifra asciende a los 10.000 según la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (Fapam). Hasta el momento, las mascotas abandonadas eran sacrificadas entre el décimo y el decimonoveno día de su recogida, pero la voluntad política, acompañada de un presupuesto de un millón de euros, ha impulsado un paso determinante para caminar hacia un cambio de realidad.

Legislación asimétrica

La iniciativa de la Comunidad de Madrid encaja en un marco de decisiones que corresponde tomar a cada comunidad autónoma. Precisamente es la falta de uniformidad y de organización a nivel legislativo el principal escollo que denuncian las organizaciones animalistas.

Tal y como explica Duarte, la legislación que penaliza el abandono de animales depende de cada comunidad, aunque en general es considerado como una "falta grave o muy grave". A juicio de Pacma, resulta necesaria una "ley estatal que armonice todas las legislaciones autonómicas", porque a día de hoy las "penas son muy inferiores a lo que deberían", generando la sensación de que "abandonar sale gratis". También Javier Moreno considera que, para lograr objetivos, debería existir "una implicación a nivel institucional con campañas y con una ley marco estatal que implante el sacrificio cero en las perreras, que no sean gestionadas por empresas privadas y con campañas de sensibilización en colegios e instituciones públicas".

Díez analiza la situación legislativa actual partiendo de que existen ciertas medidas que se han puesto en marcha por la necesidad que "ha trasladado la experiencia". Esto ha generado que el abandono esté penado por todas las comunidades autónomas en forma de sanción administrativa, y además como delito reflejado en el Código Penal, que lo castiga con una pena de multa de uno a seis meses y de inhabilitación de tres meses a un año. El problema, a juicio de Díez, es que "no se están aplicando" las normas contempladas.

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Díez coincide con Duarte a la hora de detectar la disparidad legislativa, pero difiere en los pasos a seguir para alcanzar una solución. Para llegar a "tener una estructura que figure como paraguas e impulse criterios uniformes", son necesarias acciones intermedias. Lo primero, a su entender, es cuantificar el problema. "No se sabe cuántos animales se regalan, se venden, se adoptan ni se abandonan", señala, pero además existen "aspectos sanitarios, jurídicos y de seguridad dispersos en diferentes estamentos administrativos". A nivel policial, añade, "está el Seprona, la Policía Nacional que tiene un área de protección animal, y las fuerzas autonómicas y locales".

Por ello, considera fundamental una unificación, "una estructura jerárquica como por ejemplo una secretaría de Estado en la que se integren todas las administraciones implicadas, se reúnan y se organice quién va a hacer qué en función de cada estructura". Díez entiende que, una vez llegado a dicho punto, "sería el momento para encarar una posible ley estatal". "Si no lo único que tendremos es una ley más que se va a encontrar con los mismos cuellos de botella que hay ahora", zanja.

Todo este abanico de factores conforman la "tormenta perfecta para que venga una excusa puntual como las vacaciones y se tome la decisión de abandonar", lamenta Díez. Pero el motivo, recalca, no son las vacaciones, "sino todas las causas anteriores". Reconoce que, aunque actualmente las políticas públicas están yendo por "el buen camino", lo que ocurre es que "la celeridad no es la suficiente para la magnitud que tiene el problema".