Caso Gürtel

Una exempleada del Gobierno de de Madrid declara que con Aguirre se multiplicaron los actos para "loar" su gestión

La expresidenta regional y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, durante el XVI Congreso del PP de Madrid.

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La que fuera empleada de Régimen Interior de Vicepresidencia Primera y Portavocía de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid Julia López Valladares –ya jubilada– ha manifestado este martes durante su comparecencia en el juicio por la primera etapa de la trama Gürtel (1999-2004) que la llegada a la Presidencia de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre multiplicó el número de actos celebrados en la sede del Gobierno regional y que muchos de ellos "eran efectivamente para loar la gestión del Gobierno".

La exfuncionaria, –cuya imputación fue retirada en 2014 por el exjuez instructor Pablo Ruz–, ha sido preguntada por la gestión de las facturas que llegaban por estos actos, de las que ha manifestado que muchas veces eran incorrectas porque no desglosaban los conceptos, mezclaban gastos sometidos a concurso con adjudicaciones directas o superaban los 12.000 euros con los que la Ley de Contratos limita estas últimas.

Se trata de las adjudicaciones realizadas desde finales de 2004 y los años 2005 y en concreto la realizada en 2006 –por 317.00 euros– a la empresa Decoraciones CMR, vinculada a la trama presuntamente corrupta de Francisco Correa según ha determinado la investigación. De los 68 actos realizados en 2005 se pasó a la celebración de tan sólo 4 en 2007, según esta funcionaria porque ya se sabía que al final los actos costaban más de lo previsto inicialmente "y el dinero se acabaría".

Ha manifestado que cuando las facturas llegaban a ella tuvo que devolver muchas por los errores formales que presentaban aunque en ese momento se correspondían con "hechos consumados" bajo el control del entonces viceconsejero de Presidencia e imputado en esta causa Alberto López Viejo. De hecho, su labor con estas facturas se limitó al periodo en el que el vicepresidente fue López Viejo, sin que ocurriera con otros superiores, según ha informado Europa Press.

Entre estos contratos, la funcionaria ha recordado uno en concreto en el que se llegaron a pagar 45.000 euros por tres atriles para un acto en mayo de 2006. Ha manifestado también que López Viejo siguió ocupándose de la gestión de los contratos para este tipos de actos cuando fue nombrado consejero de Deportes, por lo que "por suerte" el departamento en el que ella trabajaba ya no tuvo que ocuparse de estas facturas.

"Empezó a haber actos todos los días"

Sobre el número de actos organizados por la Consejería de Presidencia, la funcionaria ha recordado que cuando era presidente de la Comunidad de Madrid Alberto López-Viejo "había algunos actos, dos al mes o así" en la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol de Madrid.

La empleada dejó el puesto para cumplir otras funciones y cuando regresó ya con el gobierno de Aguirre empezó a ver "actos todos los días", algunos de los que se pagaban con el presupuesto de la Consejería en la que ella trabajaba, mientras que otros se redireccionaban a otros departamentos relacionados con el acto en cuestión.

"Había muchos actos institucionales como el día de la Constitución, el 2 de mayo, la Navidad cuando la presidenta ofrecía una copa a los funcionarios y el resto eran para efectivamente loar la gestión del gobierno", ha señalado López durante el juicio. Entre estos últimos ha citado actos por el Día del agua, el día del libro, etc.

Sobre los contratos, no recuerda que la Intervención de la Comunidad advirtiera por los errores en las facturas porque no llegaban a este departamento, ya que ella pedía antes las correcciones y por ello no tenían que llegar.

Tampoco recuerda que la Intervención advirtiera sobre el "fraccionamiento" de los gastos para un mismo acto en diferentes facturas.

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En otro momento del interrogatorio que le ha realizado la fiscal, la exempleada ha admitido que algunos de los servicios que ofrecía CMR eran mucho más caros que otros similares servidos por empresas en otros departamentos de la Comunidad de Madrid, como podía ser la seguridad de algunos de los actos cuestionados. Pero si las facturas eran correctas se tramitaban y esta circunstancia se quedaba en meros comentarios entre los

funcionarios.

El juicio contra a los 37 acusados por la primera época de actividades de la trama continuará mañana con la testifical de la directora del Plan Prisma, Pilar Rubio Izquierdo, y el exviceconsejero de Vivienda y Suelo de la Comunidad de Madrid Alejandro Halffter Gallego.

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