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Fiscalía Anticorrupción

Una asociación de fiscales pide que los fiscales jefes no puedan dar ordenes de no investigar a sus subordinados

  • Afean la declaración de Ignacio González a favor de Moix para dirigir Anticorrupción
  • Señalan que la actuación de Anticorrupción en la Operación Lezo y en el caso del 3% está "lejos de reforzar la independencia" del Ministerio Fiscal

infoLibre Publicada 24/04/2017 a las 20:10 Actualizada 24/04/2017 a las 20:45    
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El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, durante su toma de posesión.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix.

EFE
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han subrayado este lunes que los fiscales jefes no pueden dar "órdenes particulares negativas" –instrucciones de no investigar determinados hechos o personas– con el fin de garantizar la independencia del Ministerio Público, tras conocerse la semana pasada las discrepancias manifestadas en el seno de la Fiscalía Anticorrupción sobre los registros de la Operación Lezo y los últimos relevos de los fiscales del caso conocido como "3%" en Cataluña, según ha informado Europa Press.

APIF destaca en un comunicado que de nuevo se conocen dos actuaciones que están "lejos de reforzar la independencia" del Ministerio Fiscal de "injerencias ajenas" y de "alejarse de las críticas de control exógeno de la institución. "Lo acercan, cada vez más, a ámbitos de actuación que no le corresponden", agrega.

APIF defiende el "trabajo profesional e independiente" de los fiscales en España y, en concreto, de los que componen la Fiscalía Especial Anticorrupción. El pasado martes hubo una rebelión mayoritaria en el seno del Ministerio Público a consecuencia de la orden dada por Moix, contraria al criterio de los dos fiscales adscritos al caso sobre el registro en el domicilio de uno de los imputados en la Operación Lezo, si bien el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha negado tal revuelta.

La asociación entiende que para el correcto ejercicio de la jefatura de cualquier Fiscalía tiene que haber una "importante labor de coordinación de sus efectivos" para ofrecer "una cumplida respuesta en la persecución de los delitos", competencia de cada concreta Fiscalía.

Sin embargo, a su juicio, la existencia de "órdenes particulares negativas (no investigar, no perseguir)" lo único que consiguen es "cercenar" la credibilidad ante la opinión pública.

Moix ordenó "desvincular cronológicamente" este registro y el "bloque de hechos" relativo a esta diligencia concreta, una decisión a la que los fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez, se opusieron invocando el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que si un fiscal recibe una orden "que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente", se lo hará saber a su fiscal jefe "mediante informe razonado" y si éste "no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía".

Modificación del artículo 27 del Estatuto Fiscal

Sobre esto, APIF insta a hacer una "imperiosa, necesaria y urgente", de la modificación del texto de este artículo 27 para dotar a la Junta de fiscales de facultad de control de las órdenes de los fiscales jefes. "No puede entenderse que, tras un debate jurídico en el seno de la Junta de Fiscales, donde se exponen las razones tanto de la Jefatura como de los Fiscales que invocan este artículo, a pesar de perder esta votación, pueda imponerse la posición de la Jefatura", añade la asociación de representantes del Ministerio Público.

Además, lamenta que para "muchos" el uso del artículo 27 siga siendo considerado como "un acto de rebeldía e incluso indisciplina". "No es más que un instrumento que debería ser habitual ante cualquier orden que se entienda ilegal o improcedente", señala APIF.

"Debe reforzarse para garantizar la actuación imparcial y responsable de cada Fiscal frente a las órdenes particulares", insiste la asociación.

Por otro lado, ha reprochado también la relevación de los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo que estaban llevando la causa relativa a la financiación irregular de la antigua Convergència Democrática de Cataluña.

Según APIF, esta decisión no ha sido debidamente fundamentada ni se ha visto acompañada de ninguna explicación que "permita comprenderla".

Rechazo a las afirmaciones de González sobre Moix

Asimismo, afea que se haya dado a conocer una conversación en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, principal investigado de la Operación Lezo, se pronunciase a favor de Moix como "la persona más idónea" para dirigir Anticorrupción.

Por su parte, la asociación de jueces Francisco de Vitoria (AJFV) también considera "inaceptable" el contenido de estas conversaciones, en las que se dejó entrever los "tejemanejes para la colocación de personas afines a quienes se arrogan la potestad de manejar los hilos de tales nombramientos, con la consiguiente capacidad de influir en importantes investigaciones policiales y judiciales".

En este sentido, se dirigen directamente al presidente del Consejo General del Poder Judicial CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que afirmó que una de las causas de la politización de la justicia era la existencia de varias asociaciones profesionales en la judicatura. "Desconocemos si a la luz del contenido de estas conversaciones difundidas por los medios se atreverá a seguir manteniendo la misma opinión", dice el comunicado de AJFV.

Según señala Francisco de Vitoria, su asociación defiende que la elección de los vocales CGPJ se realice por los propios jueces y magistrados, para limitar la capacidad de los partidos políticos en los nombramientos.


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5 Comentarios
  • León León 25/04/17 17:30

    BIENNNNN POR LAS ASOCIACIONES DE LA JUDICATURA Y POR LA APIF..... tomar nota las Asociaciones Criminales Organizadas... se os acabó la impunidad, el latrocinio, el "no lo sé", "no me acuerdo", el "la fiscalía te lo afina". Lo que estaba ocurriendo era contrario a toda norma democrática.

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  • calabera calabera 25/04/17 09:26

    Que el jefe en una empresa privada ordene parar un buen trabajo puede obedecer a criterios de interés comercial, en el ámbito de la fiscalía de justicia es una fractura de rotura de uno de los tres  poderes de la democracia; parece ridículo e infantil después de 40 años de democracia que estemos pidiendo principios obvios de toda democracia

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  • jorgeplaza jorgeplaza 25/04/17 08:00

    Como está escrito (Una asociación de fiscales pide que los fiscales jefes no puedan dar ordenes de no investigar a sus subordinados) parece que lo que se pide es que los fiscales jefes no puedan proteger a sus subordinados cuando alguien quiera investigarlos. Que digo yo si no quedaría más claro escribir "... pide que los fiscales jefes no puedan dar a sus subordinados órdenes de no investigar". En el supuesto que sea esto segundo lo que se quiere decir, que uno ya no está seguro de nada.

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    • calabera calabera 25/04/17 12:56

      Si, tus dos afirmaciones pueden ser.. la primera donde señalas mejor significado nos ocurre a menudo a casi todos, la segunda es tremenda  y verosímil  después de lo que estamos conociendo hoy sobre los mensajes del ministro de justicia en 2016 a su amigo Nacho y las filtraciones de avisos  del sr Zaplana.  Así pues estamos de acuerdo ¿ de quienes podemos fiarnos en nuestro Estado de Derecho?

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  • Libertario Libertario 24/04/17 22:21

    Un sistema judicial del franquismo al servicio del posfranquismo. Nada nuevo, lo de siempre. Un país sin dignidad y sin moral en descomposición. Salud y República

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