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Crisis de los refugiados

Stop Mare Mortum inicia una acción legal contra Gobierno por no acoger refugiados

  • Lamenta que España sólo reubicó un 4,57% de las personas que figuran en el compromiso
  • El requerimiento debe ser respondido antes del 21 de julio, y en función de la respuesta la plataforma acudirá ante el Supremo

infoLibre Publicada 24/04/2017 a las 17:06 Actualizada 24/04/2017 a las 17:29    
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Un niño refugiado de Burundi protegido tras una red antimosquito en una tienda de campaña instalada por ACNUR en un campamento para refugiados en Ruanda.

Un niño refugiado de Burundi protegido tras una red antimosquito en una tienda de campaña instalada por ACNUR en un campamento para refugiados en Ruanda.

EFE
La plataforma Stop Mare Mortum y la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) han iniciado un procedimiento legal para exigir a España "el cumplimiento inmediato" de los compromisos adquiridos con la UE para acoger a 19.000 refugiados en dos años.

En rueda de prensa en la bodega del pailebot Santa Eulalia en el muelle de Barcelona, una portavoz de Stop Mare Mortum, Sonia Ros, ha explicado que España está cometiendo un "incumplimiento flagrante" respecto a dos decisiones dictadas por la Comisión Europea que prevén, en el caso español, que el país dé asilo hasta septiembre de 2017 a 19.449 personas que se encuentran en campos de refugiados de Grecia e Italia.

Ha lamentado que, de momento, solo se han reubicado un 4,57% de las personas que figuran en el compromiso, lo que representa 886 refugiados reubicados, y ha recordado que la mayoría de países europeos están incumpliendo, con una cifra de cumplimiento de estos acuerdos en torno al 17%.

Una de las responsables del equipo jurídico, Isabel Baixeras, ha explicado que para iniciar las acciones se presentó el viernes 21 de abril un requerimiento formal ante la Presidencia del Gobierno que deberá ser respondido antes del 21 de julio, y en función de la respuesta se podrá acudir a la vía contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo.

Ha destacado que, pese a la lentitud de los tribunales, contemplan esta vía porque éstos pueden adoptar medidas cautelares y que prevén plantearlas si recurren a la jurisdicción contenciosa administrativa, un "camino modesto" que busca que los órganos judiciales intervengan ante la acción del Gobierno, ha valorado la jurista.

Así, el "fundamento de la acción jurídica" es que estas obligaciones europeas son derecho aplicable en el Estado español y son de obligado cumplimiento.

Sonia Ros ha recordado la difícil situación de las personas que huyen de la guerra en Siria y viven en campos de refugiados en Grecia e Italia con difícil acceso a servicios básicos como sanidad y educación.

Ante el incumplimiento generalizado de la mayoría de países europeos, ha indicado que además animarán a organizaciones y movimientos sociales de todo el continente a seguir sus pasos y acudir a la justicia para reclamar a sus respectivos países que cumplan.

Otro de los juristas, Alexandre Peñalver, ha reclamado a España que incremente "de forma muy significativa" el número de plazas ofrecidas mensualmente y ejecutarlas para acabar cumpliendo sus compromisos.

Personas "que lo pasan mal"

Le ha recordado que "no se trata de reubicar mercancías sino atender necesidades de personas que lo están pasando muy mal" y en su opinión la actitud gubernamental supone un menosprecio de la vida de las personas y sus derechos fundamentales, en sus palabras.

Desde la Comisión de Defensa del Icab, Rafa Calderón ha explicado que con la crisis de los refugiados por la guerra en Siria, la sociedad civil reaccionó muy positivamente con la manifestación del 19 de marzo en Barcelona y la idea era realizar una acción jurídica para conseguir que España cumpla.

"La acción tiene un contenido jurídico pero no tiene especial interés en obtener una resolución judicial sino una respuesta favorable a través del propio Gobierno", ha resumido.

Requerimiento

La solicitud de requerimiento remitida al presidente del Gobierno pide que cumpla de manera inmediata con sus obligaciones de reubicación de los solicitantes de protección internacional cubriendo las cuotas que le corresponden según la Decisión (UE) 2015/1523 del Consejo, y la Decisión (UE) 2015/1601.

Según los hechos que constatan en su escrito, "es notoria y manifiesta la grave crisis en el Mediterráneo en los últimos años por la gran afluencia sin precedentes de refugiados, en especial en Grecia e Italia", así como la pérdida de vidas en las rutas migratorias por mar y tierra.

Además, recuerdan la "precaria e indigna situación, contraria a los más básicos derechos humanos, en que se encuentran los refugiados que consiguen llegar a costas europeas".

Destacan que la UE pide a los países miembros reubicar hasta a 160.000 personas en dos años, y que en total España deberá asumir la reubicación de 19.449, por lo que le piden cumplir de forma inmediata y urgente con las obligaciones contraídas.
 
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