El presidente de la Cámara de Cuentas dirigía la empresa a la que el juez atribuye la primera gran "compra fraudulenta"

Arturo Canalda, presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid,  dirigía en diciembre de 2001 la subsidiaria del Canal de Isabel II -Canal Extensia- que ese mes se constituyó para de inmediato adquirir por 83 millones la mercantil colombiana Inassa en lo que el juez Eloy Velasco considera la primera gran "compra fraudulenta" del grupo. El auto de la Operación Lezo por el que el magistrado envió el viernes a prisión a Ignacio González califica de "supuesta malversación" aquella transacción. El magistrado destaca cómo "la inversión realizada por el CYII [Canal de Isabel II] a través del Canal Extensia rondaría los 100 millones y el valor de la mercantil según los investigados sería muy inferior, cifrándolo en unos 30 millones".

Canalda, con quien infoLibre habló este lunes y que no figura en la lista de investigados, niega que en aquella operación hubiera el menor ribete de ilegalidad: "Desconozco lo que le habrá dicho Ignacio González al juez, pero esto no se hizo como lo de Emissao sino con todas las autorizaciones". 

Órgano encargado de velar por la legalidad de las cuentas públicas en el ámbito regional, la Cámara de Cuentas de Madrid nunca ha emitido ningún informe monográfico de fiscalización sobre el Canal de Isabel II, el mayor conglomerado público de la Comunidad. Ahora, y por encargo expreso de la Asamblea de Madrid tras las elecciones de 2015, sus auditores se encuentran en proceso de análisis de las cuentas del grupo entre 2008 y 2015.

La compra de Inassa es la operación a la que en una de las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil se refirió Ignacio González en términos inequívocos: "Eso sí que fue un pelotazo". González le dijo algo más al respecto a su interlocutor: "La gilipollas esta no tapa nada, mientras que yo tuve que arreglar lo de 2001". El expresidente y antiguo delfín de la recién dimitida Esperanza Aguirre estaba aludiendo a su sucesora al frente del Ejecutivo madrileño,Cristina Cifuentes. En julio de 2016, cuando Anticorrupción ya investigaba lo que el juez Velasco describe ahora como un largo y continuo saqueo  y después de que Podemos diera la voz de alerta en la Asamblea de Madrid, el equipo de Cifuentes denunció ante la Fiscalía General del Estado la compra de otra empresa: se trata de la brasileña Emissão Engenharia e Construção, una de las piezas esenciales de la Operación Lezo. Por Emissao, Inassa pagó 21,5 millones de euros (31 millones de dólares) en noviembre de 2013. Al mes siguiente, su valor -y así lo recuerda el juez Velasco en su auto- se había desplomado ya a la mitad. 

Ignacio González no tomó las riendas del Canal de Isabel II hasta finales de 2003, una vez que Esperanza Aguirre alcanzó el Gobierno de Madrid tras la repetición de elecciones forzada por el tamayazo. En su resolución, el juez Velasco hace notar que pese a que González no ocupaba ningún cargo en el Canal en 2001, "se ha evidenciado que conocía los hechos de la compra fraudulenta y supuesta malversación de fondos públicos empleados en la compra de Inassa".

"Como vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y presidente del CYII (Canal de Isabel II) -prosigue el auto- no los denunció, conociendo su supuesta ilegalidad a través de un determinado informe jurídico".

Quién elaboró ese informe, en qué fecha y cuál era su contenido son cuestiones que aún pertenecen al campo de las incógnitas. En su conversación con este diario, el presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid y primer presidente de Extensia negó taxativamente conocer ningún informe jurídico que cuestione la compra de Inassa. Arturo Canalda abandonó la estructura de mando del Canal en septiembre de 2003. Antes de ascender a la presidencia de la Cámara de Cuentas de Madrid a propuesta del PP en diciembre de 2012, ostentó el cargo de Defensor del Menor.

En su conversación telefónica con infoLibre, Canalda vindicó su actuación con varios argumentos: el primero, que "nada delictivo" hubo en la adquisición de Inassa. El segundo, que la negociación para la compra del 75% de la empresa colombiana llevaba meses en marcha cuando él mismo se incorporó a la empresa pública en septiembre de 2001 y ascendió en diciembre a la presidencia de la recién constituida Extensia por su "condición de gerente del Canal" [pincha aquí para ver su nombramiento]. El tercero, que el precio pagado fue el aconsejado por la due diligence (valoración independiente) que hizo una consultora cuyo nombre no recuerda de memoria y que ese precio se pagó "con todas las autorizaciones" preceptivas: la del consejo de administración del Canal de Isabel II y "la del Consejo de Gobierno" que entonces presidía Alberto Ruiz-Gallardón. Y cuarto argumento: "Desconozco lo que le habrá dicho el señor [Ignacio] González al juez pero esto no es que el Canal se haya comprado una empresa sin autorización de nadie como con Emissao. Todo se hizo con las autorizaciones necesarias, con todas las bendiciones, incluida la de la Asamblea de Madrid, y con luz y taquígrafos".

En el año 2000, los socios colombianos de Inassa, que hasta ese momento poseían el 49% de la compañía, compraron el 51% restante a Aguas de Barcelona. La operación les costó unos ocho millones de euros. Al año siguiente, vendieron al Canal el 75% de Inassa y se reservaron el 25% restante. En este caso, el precio fue de 80 millones de euros al cambio, y así consta en la respuesta que el Gobierno de Cifuentes dio hace meses a la parlamentaria socialista Mercedes Gallizo cuando preguntó por aquella operación en 2016. El jueves de la semana pasada, un día después del estallido de la Operación Lezo, trascendió que el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, se había opuesto inicialmente a que la Guardia Civil buscara documentos sobre la compra de Inassa durante los registros a la sede del Canal.

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Tras subrayar que en todo momento habla de memoria, Canalda cree posible que los socios locales compraran su parte a Aguas de Barcelona por ocho millones. Pero sostiene que el incremento de precio no fue en todo caso arbitrario: cuando el Canal adquirió Inassa, la empresa se había hecho con concesiones que no poseía durante la etapa en que Aguas de Barcelona constaba como accionista. Eso fue -remacha el presidente de la Cámara de Cuentas- lo que incrementó el valor. La venta del 75% de Inassa, es decir, del porcentaje que acabó en manos del Canal de Isabel II, se hizo mediante una licitación "auspiciada por la banca Rothschild", a la que los accionistas colombianos encargaron buscar comprador. A ese proceso concurrieron empresa "norteamericanas, italianas, mexicanas y españolas", dice Canalda citando a las competidoras del Canal en el mismo orden que empleó el 18 de diciembre de 2001 cuando compareció ante la Asamblea de Madrid para hablar de aquella operación.

La transcripción de la comparecencia incluye un párrafo por el que este diario ya no pudo preguntar a Canalda y que aborda la cuantificación del coste de la compra. "El Canal de Isabel II -expuso aquel día Canalda- sólo invierte el 75 por ciento del 30 por ciento de Canal Extensia, o lo que es lo mismo, 19.200.000 euros". Esa cifra difiere radicalmente de la manejada por el juez Eloy Velasco en su auto del viernes.