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Sindicatos

CCOO y UGT piden en el Congreso la reforma del Código Penal para "despenalizar el derecho de huelga"

  • Afirman que cuentan con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos, Compromís, ERC y el PDeCat
  • Hay más de 300 sindicalistas encausados o expedientados por participar en huelgas

infoLibre Publicada 16/05/2017 a las 17:18 Actualizada 16/05/2017 a las 17:19    
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Los secretarios generales, de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Pepe Álvarez, hacen declaraciones a los medios a las puertas del Congreso.

Los secretarios generales, de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Pepe Álvarez, hacen declaraciones a los medios a las puertas del Congreso.

EFE
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han registrado esta mañana en el Congreso una propuesta de reforma del Código Penal, sobre todo en lo que respecta al artículo 315.3 y al artículo 175, para "despenalizar el derecho de huelga" y para abolir el apartado tercero del primer artículo, según ha informado Europa Press.

Según han afirmado Toxo y Álvarez, esta iniciativa cuenta con una disposición favorable del grupo parlamentario socialista, del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Compromís, de Esquerra Republicana de Cataluña y de PdCat.

Así, han resaltado que esperan que con "la suma de otros que hasta el momento no se ha manifestado" la propuesta pueda sumar una mayoría suficiente en el Congreso. Por otro lado, preguntados sobre la postura de Ciudadanos, ambos representantes sindicales han señalado que están "a la espera de su respuesta" y han recordado que "hasta ahora" el partido siempre ha tenido una acogida "favorable" de sus propuestas.

Para el líder de CCOO, la revisión que se hizo del artículo 315.3 en 2015 es "insuficiente", porque "sigue estableciendo la huelga como un sujeto sobre el que aplicar el Código Penal cuando lo que debería hacer es protegerlo de los abusos de los empresarios que, en muchos casos, han tenido repercusiones en forma de peticiones penales de prisión a sindicalistas".

Álvarez cree que la iniciativa es una "buena" oportunidad para que el Congreso restaure el derecho a huelga y la libertad para que los ciudadanos y sindicalistas puedan ejercer este derecho "con plenas garantías". Por ello, el líder de UGT ha apelado a los partidos políticos a que apoyen esta proposición, porque "quiere garantizar la libertad de huelga, la libertad de manifestación, los instrumentos que permitan conseguir nuevos derechos y la restauración de los perdidos".

Toxo también ha recordado que a lo largo de estos años se ha ido produciendo el encausamiento o la apertura de expedientes a cerca de 300 sindicalistas por el simple hecho de participar en huelgas o en los "piquetes informativos" para el desarrollo de las mismas.

En esta línea, el representante de UGT ha puesto de relieve que lo que las organizaciones sindicales quieren con esta propuesta es que "no haya ninguna posibilidad de que los sindicalistas se vean en las puertas de los juzgados por el simple hecho de participar en una huelga".

Álvarez también ha insistido en que la patronal es la que realmente coacciona en el caso de huelga y ha recordado que en estos casos "ni siquiera existe una intervención por parte de la Fiscalía".

El líder de CCOO ha afirmado que las organizaciones sindicales han hecho coincidir el registro de esta propuesta con el inicio del debate del artículo 135, que se debatirá esta tarde en el pleno del Congreso. Toxo y Álvarez esperan que su propuesta tenga una acogida "favorable" en los grupos y en el conjunto de la Cámara, "tanto en relación con el artículo 315 como con el 175".

Las organizaciones sindicales ven el Código Penal como una figura penal "redundante, innecesaria, defectuosa y que parte de la inaceptable premisa en un estado democrático de imponer una agravación de una pena por la mera circunstancia de que el sujeto acusado pretenda ejercer un derecho fundamental".

En su escrito, recuerdan que la reforma de 2015 sigue incorporando una pena cualificada para quienes ejercen el derecho de huelga, respecto a la modalidad de delito de coacciones, cuando "en realidad no se limita ni se restringe un derecho fundamental" y que continúa equiparando la penalidad ante comportamientos que tienen distinta relevancia constitucional.

Ambos sindicatos afirman que el objeto de esta proposición es ajustar el marco normativo de esta figura "delictiva", que afecta en su configuración legal al ejercicio de la libertad sindical y que la hacen cuestionable desde la perspectiva constitucional y de respecto a los derechos fundamentales".


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