Justicia

El plan de "urgencia" del Gobierno sobre los litigios contra la banca por las hipotecas indigna a jueces y abogados

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en un acto celebrado en el Palacio de El Pardo de Madrid.

El plan de "urgencia" acordado por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –el máximo órgano de poder de los jueces– para reforzar el sistema judicial ante el previsible aumento de demandas por el dinero cobrado de más por las entidades financieras por las cláusulas suelo ha generado un aluvión de críticas entre los jueces decanos, las asociaciones de magistrados y los colegios de abogados, que critican tanto el fondo como la forma de esta propuesta.

El plan contempla que un único juzgado "especializado" con sede en cada una de las capitales de provincia examine todas las causas relacionadas cuestiones hipotecarias y otros productos bancarios que tengan lugar en esa provincia y que esa "función de refuerzo" recaiga sobre la nueva promoción de jueces "en prácticas" –con la oposición ya aprobada, pero aún sin cumplir el último proceso de selección– que debutarán en la carrera judicial haciendo frente a las reclamaciones de los clientes insatisfechos con la vía extrajudicial.

El órgano de gobierno de los jueces –cuya comisión permanente aprobó por seis votos a dos este plan el pasado jueves 25 de mayo– hizo en febrero la propuesta al Ministerio de Justicia ante el previsible aumento de litigios después de que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminara en diciembre de 2016 que los bancos españoles debían devolver el dinero cobrado por la aplicación, de forma poco transparente, de cláusulas que impiden que los clientes se beneficien de las rebajas de los tipos de interés. Fuentes del CGPJ sostienen que el objetivo de este plan es garantizar "la unificación de criterios y la seguridad jurídica" entre diferentes juzgados. 

Está previsto que el plan empiece a funcionar este jueves 1 de junio. De hecho, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado sábado la lista de los primeros jueces en prácticas adscritos como refuerzo a los juzgados especializados en esta materia de 15 grandes ciudades. Este miércoles, sólo una día antes de su puesta en marcha, está convocada una reunión de coordinación entre representantes del CGPJ, del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas.

En un comunicado hecho público este martes, los cincuenta jueces decanos de toda España –uno por provincia– calificaron la situación de "desconcierto absoluto". En este sentido, denunciaron que en "en muchas ciudades no se dispone de la dotación mínima necesaria para que entren en funcionamiento" los nuevos juzgados especializados de ámbito provincial. "Carecen de medios personales y materiales: letrados de la administración de justicia, funcionarios, dependencias e instalaciones adecuadas, ordenadores, cuenta con consignación propia...", puede leerse en el comunicado. 

A juicio de los jueces decanos, esta situación –creada por la "imprevisión" y la "falta de coordinación" entre el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas– puede ocasionar el "colapso" de estos juzgados "desde el mismo momento de su nacimiento". "Dada la situación caótica en la que nos encontramos se repartirán los mismos centenares de demandas de toda la provincia pero no podrán tramitarlas por falta de medios. Obviamente el resultado de todo ello es que la medida, en lugar de agilizar las demandas, va a ralentizarlas, con evidente perjuicio para el ciudadano", denuncian. 

El plan tampoco gusta a los letrados. De hecho, el pasado 19 de mayo, el Consejo General de la Abogacía –el máximo organismo rector de los abogados españoles– acordó por unanimidad mostrar su "expreso rechazo" a ese plan de urgencia por el "sobrecoste" que supone para los ciudadanos que viven fuera de las capitales de provincia, que se verán obligados a desplazarse para reclamar en sede judicial el dinero cobrado de más por las entidades financieras por las cláusulas suelo.  

Según explica el letrado José Muelas, decano del Colegio de Abogados de Cartagena, este plan supone alejar y obstaculizar el acceso a la justicia de los ciudadanos, lo que puede llevar a muchos a no reclamar, especialmente cuando se trate de cantidades no muy grandes de dinero. También se muestra convencido de que este plan generará más "colapsos". "Al juzgado 11 de Murcia, que tarda un año en señalar un juicio verbal, le han encargado conocer de 45.000 hipotecas", denuncia. 

Adscripción obligatoria 

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También se han pronunciado al respecto las asociaciones de jueces. La progresista Jueces para la Democracia (JpD) ha criticado el destino "forzoso" de los jueces en prácticas de la 67 Promoción a estos juzgados. En un comunicado, la asociación explica que los jueces de dicha promoción "se encuentran aún en el llamado período de sustitución y refuerzo, que es previo a su ingreso en la carrera judicial y durante el cual son nombrados jueces sustitutos, con la característica especial de que su dedicación y rendimiento será objeto de un informe elaborado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, para su posterior valoración por la Escuela Judicial".

El CGPJ ha justificado su decisión en que estos jueces en prácticas han recibido una formación específica sobre la materia para reforzar sus conocimientos y garantizar menores tiempos de respuesta, lo que según Jueces para la Democracia "no solo no es cierto", sino que el CGPJ está "condenando a sabiendas" a los integrantes de esa promoción al "anquilosamiento jurídico (...)utilizándolos como una mera herramienta para dictar resoluciones rápidas que permitan disminuir los números en la estadística de los juzgados".

También ha sido muy crítica con este plan la asociación profesional Foro Judicial Independiente, que un comunicado subraya que los nuevos juzgados únicos provinciales "pueden nacer atascados y ser inmanejables a mediados del mes de junio" porque no están dotados de los medios suficientes para ejercer su labor. Asimismo, el colectivo critica la adscripción obligatoria a estos juzgados de los jueces de las 67 Promoción a los que, a su juicio, "se les lanza al ruedo de unos juzgados monotemáticos y rutinarios en el que su inicial ilusión por el ejercicio de la jurisdicción se va a desvanecer entre demandas y demandas similares". 

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