La Audiencia Nacional baja a Rajoy del pedestal de la Moncloa

El auto por el que el tribunal del caso Gürtel dictaminó este martes que Mariano Rajoy debe testificar en persona el próximo 26 de julio ha dejado al jefe del Gobierno sin el pedestal de la Moncloa. Y no solo en sentido físico por cuanto derriba la pantalla de videoconferencias que muchos daban ya por segura como una lejana torre protectora sino también en el sentido político. El tribunal, escriben los dos magistrados que suscriben la resolución, "se sitúa en el mismo plano en cuanto a los poderes del Estado que el ejecutivo [en minúsculas]". Y por tanto, agrega el texto, "la comparecencia personal de su representante máximo, en sana relación institucional, se ajusta a derecho".

La resolución abunda en la que sin duda es su idea motriz al remarcar que declarará no por ser jefe del Gobierno sino "como un ciudadano español (art. 14 CE) en calidad de testigo". Y que lo hará en razón a lo siguiente: "Los cargos que tenía en el PP, colaboración con la justicia y en un acto que se enmarca en la normalidad democrática". La escueta mención, entre paréntesis, con abreviatura y sin apostillas, al artículo 14 de la Constitución –garante expreso de la igualdad de todos los españoles– abrocha el párrafo.

El auto propina un verdadero papirotazo a quienes, desde el equipo del presidente, adujeron que desplazarse a la sede judicial de San Fernando de Henares, en el cinturón metropolitano de Madrid, implicaría un "despliegue importante de recursos públicos" y exigiría medidas de seguridad "desproporcionadas". Nada de lo alegado, dice el tribunal, pertenece a la categoría de las razones "consistentes".

De hecho, el tribunal anuncia que "no acierta a entender" de qué habla Rajoy cuando asegura que acudir a esa sede de la Audiencia, situada a "18 kilómetros" de la capital, implicaría el despliegue antes mencionado. Y desliza un recordatorio: que el edificio donde se celebra el juicio ofrece "mayores garantías" de seguridad que los "mercados y otros foros populares" donde el líder del PP ha protagonizado actos en campaña.

Como ya ocurrió en abril, cuando la sala aceptó la solicitud de la asociación de abogados Adade, la acusación popular más activa, para que Rajoy declare contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de acusados como Luis Bárcenas, el nuevo auto ha dejado en minoría al juez que dirige la vista, Ángel Hurtado. 

La palanca de Manuel Marchena 

Firmado por los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada, el texto toma como palanca nada menos que una sentencia del presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena. Es decir, la decisión que priva a Rajoy de declarar a distancia se sustenta en un fallo pilotado por el juez a quien los expertos consideran uno de los principales cerebros del universo jurídico conservador. 

Dictada en marzo de 2015, la sentencia de Marchena a que alude el tribunal conviene en que no cabe descartar que el futuro borre la frontera entre declaraciones presenciales y por videoconferencia. Pero –añade el fallo– "en el actual estado de cosas el entendimiento histórico-convencional del principio de inmediación sigue siendo considerado un valor que preservar sólo sacrificable cuando concurran razones que debidamente ponderadas por el órgano jurisdiccional puedan prevalecer sobre las ventajas de la proximidad física y personal entre las fuentes de prueba y el tribunal que ha de valorarlas". Ahora, De Diego y De Prada han convertido la sentencia de Marchena en la palanca con que han movido no el mundo pero sí un micromundo: el de las convenciones políticas que apenas mes y medio atrás hacían impensable la presencia del presidente del Gobierno en el juicio de Gürtel.

En el polo opuesto que De Diego y De Prada, el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha emitido un voto particular –el dictamen que discrepa del emitido por la mayoría en un tribunal– donde entre otras razones en favor de la videoconferencia maneja la siguiente: que "no se deberían ignorar los muy notables efectos mediáticos y metajurídicos que tendría la comparecencia de un tan significado testigo".

Se trata de un argumento muy similar al que subyacía en el escrito con el que el abogado que representa al PP en la causa, Jesús Santos, propugnó la comparecencia a distancia por ser el medio "menos perturbador". La negativa de Santos a declarar como representante del partido –el PP ocupa  la incómoda posición de partícipe a título lucrativo, o beneficiario económico, de los delitos enjuiciados– fue un factor muy relevante a la hora de que el tribunal accediera a llamar a Rajoy como testigo.

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Rajoy será el primer presidente español en declarar en un juicio. Y no en uno cualquiera, sino en el que analiza las actuaciones de una trama que prosperó al calor de distintas administraciones gobernadas por el PP.

Aunque en esta pieza no se juzga la presunta financiación ilegal, o irregular, del PP, el principal temor que albergan los conservadores estriba en que las acusaciones populares sometan al presidente a un tercer grado justamente sobre esa materia. Lo que alimenta ese temor es básicamente la confesión judicial con la que Francisco Correa, el principal de los 37 acusados, abrió el juicio en octubre el juicio: el pago de comisiones al partido a cambio de contratos públicos era un sistema habitual, vino a decir. 

Ahora, la imposición de una testifical prestada en vivo y en directo, con la caravana presidencial recorriendo el inhóspito polígono industrial donde se alza la sede de San Fernando de la Audiencia Nacional, ha vuelto a disparar las alarmas. En principio, nada puede impedir que el 26 de julio Rajoy haga un alto en su agenda, cubra los 18 kilómetros que le separan de la casi incomunicada sede judicial y declare lo que sepa por su sucesiva condición de vicesecretario general, secretario general y presidente del PP.