Feministas califican de "insuficiente" el incremento presupuestario para la lucha contra la violencia machista

El Gobierno ha anunciado este martes el incremento presupuestario en la partida destinada a combatir la violencia de género. La decisión del Ejecutivo viene precedida por una serie de acciones determinantes: la presión por parte de la oposición y la denuncia en firme que cientos de manifestantes llevaron a las calles el pasado 25 de mayo para reclamar mayores fondos en la lucha contra esta lacra. La ecuación ha resultado en un aumento de cuatro millones de euros, que se suma a los dos millones y medio que el Gobierno había previsto inicialmente, de modo que la cifra final deja una partida de 31,7 millones de euros. Dicha subida, sin embargo, ha sido tachada de "insuficiente" por organizaciones y expertas en cuestiones de género.

Este miércoles la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha explicado durante el Pleno del Congreso de los Diputados que la partida destinada a la lucha contra la violencia machista está dirigida esencialmente a la asistencia social integral, a los recursos y servicios de información y acompañamiento, al teléfono de asesoramiento 016, al servicio Atenpro, así como a la sensibilización y concienciación social.

El recién aprobado aumento de cuatro millones de euros responde a dos enmiendas transaccionales pactadas por el Gobierno con el PSOE y Nueva Canarias. Los socialistas reclamaban dos millones de euros destinados a un nuevo programa que contemple la prevención y atención de víctimas de agresiones sexuales. Pedían, asimismo, la mejora de los beneficios fiscales de quienes realicen donaciones para las Becas Soledad Cazorla, ayudas destinadas a los huérfanos que deja la violencia machista. Por su parte, Nueva Canarias ha solicitado una partida específica para combatir el problema en el archipiélago canario, según revela Europa Press.

Otro de los ejes fundamentales a la hora de abordar la problemática apunta directamente a la situación de desigualdad que sufren las mujeres. A pesar de ello, la asignación para el programa específico de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no recupera la inversión previa a los recortes de los últimos años. Se mantendrá este año en 19,7 millones de euros, los mismos fondos que en 2016. Una cifra, sin embargo, que está muy lejos de los 50 millones de euros presupuestados en su pico de financiación, en 2006.

Lejos de las demandas feministas

Pese a que el incremento presupuestario para combatir violencia de género revierte la tendencia a la baja de los últimos años, las expertas lo consideran "insuficiente", especialmente ante un balance que no deja ápice de optimismo. Un total de 897 mujeres han sido asesinadas en España desde 2003 por hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación, según los datos que sistematiza desde ese año el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sólo desde el pasado enero la cifra de asesinatos asciende a 27, ocho más que en el mismo periodo de 2016.

La marcha feminista celebrada el pasado 25 de mayo ponía de relieve la gravedad de la situación y reclamaba, como herramienta para encararla, 120 millones destinados al programa 232C –Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género–, con apoyo de la Subcomisión parlamentaria sobre la Violencia de Género, "para que la atención jurídica, psicológica y social a las víctimas establecida por el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004 sea mayor, más directa y más estable".

Nina Infante, vicepresidenta del Foro Feminista de Castilla y León, subraya que los presupuestos "han aumentado después de toda la presión" ejercida, pero aún así "resultan insuficientes". Se trata, a su juicio, de un evidente "paso adelante, pero escaso dado la escandalosa situación de asesinatos".

A lo largo de los últimos años, como respuesta a dicha situación, el incremento presupuestario se ha convertido en una de las principales reivindicaciones de las organizaciones especializadas, que han insistido en argumentar que "parte importante en la lucha contra las agresiones machistas tiene que ver con los recursos", tal y como señala Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres. Aún así, recalca la activista, "se han estado poniendo sobre la mesa demandas presupuestarias mucho más elevadas que esta pequeña concesión".

En torno a los recursos dedicados a las víctimas, Soleto destaca la existencia de dos cuestiones capitales. Por un lado, sostiene, "resultan fundamentales las competencias locales en materia de igualdad y violencia de género, que deben ir acompañadas de los fondos necesarios para que se pueda operar". En este sentido, recuerda que la petición de las organizaciones estaba cifrada en 120 millones de euros. "Que el único incremento sean seis millones desde luego no da para decir que estamos satisfechas", reconoce la experta.

El segundo pilar, continúa,  y "el único elemento positivo", apunta a que "la negociación se ha centrado en la atención a otros problemas como la violencia sexual, denuncia permanente de organizaciones". A juicio de Soleto, el hecho de que las instituciones "se comprometan en la prevención y en la protección a las víctimas de la violencia sexual" constituye un paso adelante en la lucha y "va en la línea de ampliar el espectro de qué es la violencia de género para trabajar en torno a otras formas". De nuevo, la experta subraya el resultado agridulce del incremento presupuestario: "Ponemos el foco en un asunto que es de vital importancia, aunque lo hacemos con recursos que sólo podemos calificar de insuficientes", critica.

Extirpar el problema de raíz

El incremento presupuestario supone el motor principal en la lucha contra la violencia de género. La dotación de recursos debe materializarse, necesariamente, en la puesta en marcha de acciones que además han de resultar eficaces y garantistas para tratar de resolver un problema que se antoja complejo y que requiere de un tratamiento multidisciplinar.

"Con el principio de la crisis económica la preocupación en relación con los recortes es doble: por un lado la disminución evidente de los presupuestos, y por otro el funcionamiento del principal órgano de coordinación de la ley, que es la Delegación del Gobierno, y ese programa 232 que ha descendido significativamente", reitera Soleto. A su entender, el incremento anunciado por el Gobierno "no recupera los valores que llegó a tener hace años", ni tampoco propone un fondo que trabaje "con ayuntamientos y políticas públicas", que han sufrido "los principales recortes a través de los servicios sociales y la atención a las víctimas". Por este motivo, Soleto considera "relevante un fondo que ayude a las administraciones públicas más importantes, las que están más cerca de las necesidades sociales de las personas, a volver a poner en marcha servicios de prevención y apoyo".

Por su parte, Nina Infante considera que el impulso de acciones concretas debe contemplar el problema desde una perspectiva amplia, y apuesta por abordarlo desde su raíz: "La discriminación permanente y soterrada que existe". En este sentido insiste en la necesidad de trabajar desde el sistema educativo mediante la sensibilización de alumnos, padres y profesores, y recalca el papel de la Subcomisión parlamentaria sobre la Violencia de Género en dicha labor: "Están trabajando con muchas expertas y activistas, y ese trabajo no puede quedar en papel mojado, debe ir encaminado a poner en marcha medidas que palien las lagunas existentes".

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La especialista en comunicación y violencia de género Pilar López Díez pone sobre la mesa parte de las lagunas señaladas y recuerda que "todo depende de en qué se utiliza ese dinero". La experta reclama la puesta en marcha de campañas publicitarias mensuales masivas de sensibilización, que vayan más allá de fechas clave como el 25 de noviembre –Día Internacional contra la Violencia de Género– o el 8 de marzo –Día Internacional de la Mujer–. "Sin quitar un solo euro de las políticas para ayudar a quienes son víctimas de la violencia de los hombres, en donde hay que invertir muchos más recursos es en las políticas de sensibilización y concienciación", sostiene la experta, quien estima "absolutamente necesario impulsar campañas de concienciación, a través de los medios de comunicación, para desvelar la base subyacente de la violencia machista, que no es otra que los estereotipos de género a los que la población no presta ninguna atención".

Por otro lado, López Díez respalda la necesidad de trabajar sobre la formación destinada a todos los sectores involucrados en la violencia machista. En esta tarea, señala, los medios de comunicación deben "poner freno a las publicaciones misóginas que fortalecen las ideas de incompetencia, debilidad, falta de decisión y de carácter de las mujeres".

La experta denuncia, asimismo, la falta de recursos "para la formación del personal que trata directamente con el problema de la violencia machista". En este contexto señala a las las fuerzas y cuerpos de seguridad, que "deben recibir más cursos de aprendizaje para que mejoren el tratamiento a las mujeres afectadas". La instrucción en cuestionesde género y violencia machista, concluye López Díez, debe incluir también a sectores fundamentales como la judicatura, fiscalía y abogacía, así como a los profesionales de todos los niveles educativos, y el personal médico, de enfermería, psicología, y trabajo social.