El PP y los pactos con nacionalistas: de la "bajada de pantalones" de Zapatero al "triunfo de la política" de Rajoy

Quién le iba a decir al Rajoy de 2008, que criticaba duramente los acuerdos de Zapatero con nacionalistas, que un día sería presidente del Gobierno y se vería obligado a pactar con partidos vascos y canarios. Quién le iba a decir al Rajoy de la mayoría absoluta, que aplicó el rodillo y sacó adelante sus presupuestos sin despeinarse, que unos años después concedería una lluvia de millones a Euskadi y Canarias para aprobar, in extremis y por un sólo voto, las cuentas para 2017. Pero las mayorías en el Congreso han cambiado mucho, y con ello el discurso del PP: lo que antes eran cesiones inaceptables son hoy éxitos fruto del diálogo.

Lo cierto es que el Gobierno consiguió, esta semana, sacar adelante sus presupuestos para 2017 en el Congreso de los Diputados. Votaron a favor PP, sus socios de UPN y Foro, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias –que concurrió a las elecciones en coalición con el PSOE–. Total: 176 votos. Enfrente, la oposición frontal del resto del arco parlamentario: desde los socialistas hasta EH Bildu, pasando por Unidos Podemos, los grupos catalanes y el resto de integrantes del grupo mixto. 174 noes. Las cuentas pasarán ahora el Senado, donde la mayoría absoluta conservadora –151 de 266 escaños– hará el resto.

El Gobierno celebra la aprobación de las cuentas. Este viernes, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, consideró que las cuentas abren la puerta a una legislatura "fructífera" y "larga", porque los consensos alcanzados dotan de "equilibrio" a la situación política actual. "Es posible articular mayorías políticas" en en Parlamento, celebró el también ministro, para quien los presupuestos suponen un "significativo hito político", muestran una "dinámica positiva" y, todo ello, sin otorgar "ni cheques en blanco ni cheques sin fondo". Es el "triunfo de la política institucional", dijo el martes el ministro Montoro.

Acuerdos buenos, acuerdos malos

El titular de Hacienda sostuvo, además, que los pactos con los nacionalistas no han "desvirtuado" el proyecto del Gobierno ni han "perjudicado a los españoles". "Cualquier condición" de ese tipo, agregó, "habría hecho que los presupuestos no salieran adelante, porque el Gobierno no lo habría permitido". Montoro habló de la "profunda implicación" de los distintos partidos en "semanas de negociación" y de "generosidad política"; elogió lo "serio y equilibrado" del diálogo con el PNV, la "implicación" de Coalición Canaria y lo "justo y preciso" de las cuestiones que planteó Nueva Canarias. Todo buenas palabras.

El ministro, de hecho, retó al resto de partidos a encontrar "cualquier mancha" en las cuentas para este año. Los acuerdos con PNV, CC y NC, insistió, no han tenido "coste alguno para el conjunto de España". Pero el PP no siempre ha celebrado con el mismo entusiasmo los acuerdos con partidos nacionalistas. Más bien al contrario, especialmente cuando era el PSOE cuando llegaba a acuerdos de ese tipo. En 2008, por ejemplo, cuando Zapatero pactó las cuentas con PNV y CiU, Rajoy acusó al entonces presidente de protagonizar una "descomunal bajada de pantalones".

"A lo que hemos asistido para que le aprueben unos Presupuestos que no valen es a una descomunal bajada de pantalones", recalcó el que entonces era líder de la oposición desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. Dos años después, cuando Zapatero pactó nuevamente con el grupo vasco, la hoy vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría dijo que las cuentas de aquel año beneficiaban "a un único español: Zapatero", y que eran "el testamento político de Zapatero". "Está dispuesto a pagar, cueste lo que cueste, para mantenerse en el poder", agregó Sáenz de Santamaría, entonces portavoz del PP.

Malestar en los gobiernos autonómicos

Algo parecido es lo que ahora denuncian varios gobiernos autonómicos, que se quejan de que el Ejecutivo central ha reducido las inversiones en sus respectivas regiones mientras ha premiado a Euskadi y Canarias. Según los datos que Hacienda hizo públicos a comienzos de abril, la inversión se reduce especialmente en Andalucía (-36,4%), Comunitat Valenciana (-32,9%), Galicia (-32,2%), Asturias (-30,6%) y Castilla-La Mancha (26,5%). Todas ellas, salvo Galicia, están gobernadas por el PSOE. En el extremo contrario, sólo Canarias recibía más fondos que un año antes (+3,2%).

Si en lugar de la cuantía total se observa la inversión aproximada por habitante, salen perdiendo, por este orden, la Comunitat Valenciana (118 euros por habitante), Navarra (123 euros), Canarias (128 euros), Baleares (133 euros) y Andalucía (137 euros). Ninguna de ellas está gobernada por los conservadores. A la cabeza de las inversiones por habitante figuran Castilla y León (405 euros), Cantabria (343 euros), Galicia (340 euros), Extremadura (278 euros) y Aragón (262 euros).

Entre quienes han alzado la voz, está por ejemplo la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, quien el pasado jueves habló del "atropello" y el "maltrato" que supone el proyecto del Gobierno para su comunidad. "El recorte de más de un 36% en las inversiones es un ataque a nuestra tierra. Es una nueva traición a Andalucía del Gobierno de Rajoy (...). Los presupuestos que salieron del Congreso son unos presupuestos que no son buenos para España y son infames para Andalucía. El PP ha pasado el rodillo parlamentario", denunció Verónica Pérez, secretaria general del PSOE de Sevilla.

También el extremeño Guillermo Fernández Vara lamentó este jueves que su región "no sale bien parada" y que el Congreso "se haya convertido en una Cámara de representación territorial", donde los territorios tienen capacidad de "alterar" las cifras presupuestarias "en función de los diputados que tienen". "Puede ser coyunturalmente bueno para un territorio que tiene la suerte de tener un diputado que sea regionalista, pero en ningún caso es bueno para España", sostuvo el dirigente socialista. 

En abril, cuando se conoció el proyecto de presupuestos que finalmente se aprobó esta semana en la Cámara baja, se unieron a esas críticas el valenciano Ximo Puig, que acusó al Ejecutivo de "discriminar" a la Comunitat Valenciana y calificó las cuentas de "indignantes"; el aragonés Javier Lambán, para quien "la financiación del resto de comunidades autónomas queda absolutamente imposible" tras el acuerdo del PP con el PNV; y el cántabro Miguel Ángel Revilla (PRC), que manifestó su "indignación" y "decepción" con las cuentas por el "maltrato" a su región.

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En el otro lado de la balanza están las comunidades beneficiadas por los pactos con el Gobierno. El entendimiento comenzó con la rebaja del cupo –cantidad que el Gobierno vasco para al central por las competencias no transferidas–, y siguió con un millonario plan para el tren de alta velocidad a Euskadi (3.380 millones), inversiones en otras infraestructuras que consideraban clave, una rebaja en la electricidad para empresas vascas, medidas para elevar la plantilla de la Ertzaintza y el visto bueno a que ingrese en foros europeos. Un acuerdo "muy bueno para la ciudadanía vasca", en palabras de Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso.

El acuerdo con Coalición Canaria, cerrado a principios de abril, supuso por su parte mayores bonificaciones para las empresas canarias, 21 millones de euros para el plan especial de empleo en las islas, la desvinculación de la financiación autonómica del régimen económico y fiscal de Canarias, mejoras en la financiación del transporte público y subidas en las inversiones en carreteras, obras hidráulicas, vivienda, costas, infraestructuras turísticas y educación, entre otras medidas. El partido canario cifró en unos 1.300 millones de euros en tres años el posible beneficio para las islas fruto del acuerdo.

Nueva Canarias, finalmente, logró del PP unos 204 millones de euros antes de que acabe 2017, con medidas como elevar al 75% la bonificación al transporte de pasajeros entre islas –al 100% en el caso de las mercancías–, la eliminación del llamado "impuesto al sol" en las islas y un pacto para finalizar en el Congreso y el Senado la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía canario, que deberá incluir medidas como una mejora de la proporcionalidad electoral en las islas ya para las elecciones autonómicas de 2019. El archipiélago recibirá igualmente una partida de 44 millones para carreteras y otra de 12 millones para política sociales.