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Operación Púnica

La Intervención del Estado sostiene que el Gobierno de Aguirre cometió "una cuádruple infracción legal" en su mayor plan de inversión pública

  • Un informe de la IGAE fechado hace un mes e incorporado al sumario de Púnica califica de ilegal la decisión de encomendar la gestión de 1.000 millones a Arpegio, el antiguo feudo de Francisco Granados
  • La fórmula empleada implicó la renuncia a la fiscalización previa de las actuaciones de la empresa pública, que dejó la licitación de contratos en manos de una firma privada cuya solvencia "plantea dudas" y cuyo principal directivo ya está imputado
  • El avance de las investigaciones multiplica los indicios de que Arpegio, al igual que el Canal de Isabel II, operó como vehículo para el saqueo de fondos públicos a gran escala

Publicada el 12/06/2017 a las 06:00 Actualizada el 13/09/2017 a las 20:34
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