Díaz afianza su núcleo duro y aparta del Gobierno andaluz a los consejeros en problemas

De los 14 miembros de su Gobierno –incluyendo al portavoz–, Susana Díaz cambió este jueves a siete, incluidos los consejeros de Salud y Educación, pilares del Estado del Bienestar sacudidos, sobre todo el primero, por conflictos de amplia repercusión social. Hay cinco caras nuevas y dos consejeros cambian de cartera. La remodelación, que no toca las principales áreas económicas pero sí Empleo, pretende recuperar el pulso del Ejecutivo, que hasta ahora ha tenido que compartir el tiempo y la dedicación de la presidenta con su fallida tentativa de conquistar Ferraz. Díaz quiere pasar página, trasladar la imagen de nuevo ciclo y remontar tras la derrota orgánica, todo ello para encarar el segundo tramo de una legislatura, que concluirá previsiblemente en 2019, cuando el PSOE cumpla 40 años en el poder en la comunidad más poblada de España. El Gobierno de Díaz deberá lidiar con el difícil equilibrio de imprimir un sello de izquierdas –ya esbozado por la presidenta durante su comparecencia del miércoles– y a la vez contentar a su único socio, Ciudadanos, que puede presumir de haber señalado casi uno por uno los departamentos que había que cambiar. La propia Díaz se ha marcado un objetivo-promesa: bajar de los 800.000 desempleados al terminar el año.

El Ejecutivo no altera su estructura. No hay tiempo que perder, a juicio de Díaz, que trata de moverse con rapidez y demostrar determinación para dejar atrás cuanto antes la sombra de la derrota orgánica. El cambio es apreciable, incluso profundo, pero no deja un gobierno irreconocible, lo cual hubiera sido tanto como aceptar el discurso de la oposición: que era un gobierno fallido. El núcleo duro se mantiene intacto. Cambian las áreas que más problemas daban. El vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, y los consejeros de Economía (Antonio Ramírez Arellano), Hacienda (María Jesús Montero, consejera desde 2004, con Manuel Chaves), Turismo (Javier Fernández), Fomento y Vivienda (Felipe López), Medio Ambiente (José Fiscal) e Igualdad y Políticas Sociales (María José Sánchez Rubio) superan la criba manteniendo sus puestos.

Es reseñable que Jiménez Barrios sigue en la vicepresidencia. Díaz confía en su número dos, prudente y discreto, de la vieja escuela, con una trabajada relación de confianza con Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía, imprescindible para una legislatura viable. La forma de cambiar el Gobierno no lanza el mensaje de ninguna promoción repentina, ninguna subida llamativa en el escalafón. Tampoco hay fichajes de relumbrón mediático, ni nombres ya conocidos fuera de las esferas políticas y periodísticas de Andalucía. Los consejeros andaluces perciben 63.428,50 euros brutos al año.

Rosa Aguilar, que ya pasó por Obras Públicas, deja ahora Cultura y se encargará de Justicia e Interior, departamento de mayor rango y también más conflictivo. Puede entenderse como un ascenso. Aguilar entra por Emilio de Llera, fiscal, al que ha perseguido el chisme de estar ahí para tener un ojo en la investigación sobre los ERE. De Llera, que fue reprobado por el Parlamento por unas declaraciones deslenguadas contra el gremio judicial, ha estropeado sus sucesivos propósitos de enmienda tras otras tantas manifestaciones inadecuadas, mal medidas, por las que pedía perdón en cuanto empezaba la polémica.

Cerrar conflictos

Sale del Ejecutivo el consejero que más ha sufrido a lo largo de la legislatura, Aquilino Alonso, de Salud, castigado por una revuelta sanitaria inédita en la historia autonómica, con capital en Granada, que ya forzó la dimisión del viceconsejero y el gerente del Servicio Andaluz de Salud. Susana Díaz, que sabe que el prestigio de la salud, "joya de la corona de Andalucía", es esencial para que el PSOE pueda enarbolar su discurso de que Andalucía es diferente a las comunidades del PP, entendió la gravedad de las de las movilizaciones. No cesó a su consejero en mitad de la tormenta, pero lo ha apartado en este corte. Lo sustituye la cirujana Marina Álvarez, directora gerente del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Le tocará cerrar un conflicto que aún colea y culminar el proceso de anulación de la fusión hospitalaria en Granada, que desencadenó unas protestas que abrasaron a su antecesor.

Cae también Adelaida de la Calle, consejera de Educación. En menor medida que Alonso, también ha visto agitarse el patio. Su reacción a los malos resultados de Andalucía en el Informe PISA trasladó inseguridad e imprecisión. A principios de curso hubo manifestaciones de interinos, que cargaron duramente contra ella por la gestión del conflicto. La huelga educativa de marzo, aunque dirigida contra el Gobierno central por la Lomce y los recortes, puso también al Gobierno de Díaz en el punto de mira, estrategia alentada por Podemos e IU. UGT se desmarcó por ello de la huelga en Andalucía. La nueva consejera de Educación sale precisamente de UGT. Es Sonia Gaya, secretaria de Institucional del sindicato que en Andalucía lidera Carmen Castilla. Antes Gaya fue secretaria de Enseñanza de UGT.

Un departamento maldito

En Empleo, Empresa y Comercio sale otro consejero atribulado por problemas, al mando de un departamento maldito. Díaz cesa a José Sánchez Maldonado. Le ha tocado la tarea de intentar reconducir la política de formación de la Junta durante una abrasiva comisión de investigación sobre los cursos. Y además explicarlo a rebufo de la oposición. La normalidad en la materia aún está lejos de regresar. Los cursos han pasado años paralizados. La integración de los antiguos consorcios de formación en el Servicio Andaluz de Empleo está siendo un calvario. También le han pesado las dificultades en la reapertura de la mina de Aznalcóllar, bajo investigación judicial. La papeleta es para Javier Carnero, único consejero malagueño, que viene de ser alto cargo en la empresa pública de turismo. El parlamentario almeriense Rodrigo Sánchez, responsable de defender la labor del Gobierno andaluz durante la comisión de investigación sobre los cursos, sustituye en Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural a Carmen Ortiz.

El hasta ahora portavoz del Gobierno, el periodista Miguel Ángel Vázquez, una de las figuras con mayor proyección pública de un gabinete al que se le ha criticado el perfil político bajo, pasa a Cultura. Lo sustituye otro periodista, Juan Carlos Blanco, ex director de El Correo de Andalucía, experto en comunicación política, al que le tocará ahora salir cada martes a explicar la acción de Gobierno. Si se cumplen los planes de Díaz, tendrá tarea. La presidenta ha anunciado una treintena de medidas, entre ellas la bonificación al 99% de las matrículas universitarias para los alumnos que aprueben, la constitución de una renta mínima de inserción social, el incremento de más de 5.000 plazas docentes en dos años, planes de fomento de la actividad industrial, profundización en el diálogo con los sindicatos y la patronal... Díaz quiere además situarse como referente de la reivindicación andaluza de un nuevo modelo de financiación.

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Ahora el congreso del PSOE andaluz

A corto plazo Díaz deberá también tener un ojo en el partido. El congreso del PSOE andaluz, en el que revalidará su liderazgo en el partido, será el último fin de semana de julio. Luego serán los congresos provinciales, después las asambleas locales. Más cambios. En esta remodelación del Gobierno no ha dado entrada a ninguna figura destacada del partido, caso de Mario Jiménez, portavoz parlamentario y de la gestora hasta su disolución, o del secretario de Organización, Juan Cornejo.

En la estela de José Antonio Griñán, que no de Manuel Chaves, Díaz no practica el equilibrismo territorial, aunque no hace un feo a ninguna provincia. Eso sí, Sevilla manda. De los 15 miembros del Gobierno, contando a la presidenta y al portavoz, seis son de la provincia de Sevilla.