El Obispado de Córdoba mantiene a un cura condenado a cinco años por abusar sexualmente de una niña de diez

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a cinco años y un día de cárcel al sacerdote I.M.V., de unos 50 años de edad y que fue trasladado al municipio cordobés de Espiel, tras la supuesta comisión de un delito continuado de abusos sexuales a una niña de diez años, que era monaguilla en la localidad cordobesa de Villanueva del Duque, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

Tras hacerse pública la sentencia, el Obispado de Córdoba ha emitido un comunicado en el que manifiesta que, desde que el sacerdote fue denunciado en abril de 2015, "ha colaborado con la justicia civil" y está "dispuesto a seguir haciéndolo, respetando la decisión de los tribunales y acatando la sentencia, cuando ésta sea firme".

También ha anunciado que el sacerdote "seguirá defendiendo su inocencia y presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo", al considerar que los hechos denunciados "no son ciertos". Igualmente, el Obispado ha expresado que seguirá colaborando con la justicia y "cumpliendo escrupulosamente el procedimiento previsto para estos casos por la disciplina canónica", consistente en la protección "a las posibles víctimas".

En este sentido, el párroco se declaró inocente ante los jueces, de modo que negó los hechos y manifestó que no entendía el motivo por el que se llegaba a enjuiciar este caso, según apuntaron fuentes judiciales.

Al respecto, la Fiscalía y la acusación solicitaron una pena de seis años de prisión y diez años de orden de alejamiento para el sacerdote, mientras que la defensa pidió la absolución, todo ello después de que fuera denunciado por los padres de la menor en abril de 2015 ante la Guardia Civil, que detuvo al sacerdote, que sólo llevaba tres años ejerciendo en dicha zona norte de la provincia cordobesa.

Según recoge la calificación inicial del Ministerio Público, el sacerdote adquirió "una buena relación" con la familia, como consecuencia del ejercicio de su ministerio en distintas parroquias de la zona, "llegando en alguna ocasión a comer en casa de los mismos y pasar cierto tiempo en su compañía y de las hijas menores de la familia".

Debido a esa "buena relación", aproximadamente desde el mes de enero de 2015, una de las hijas de la citada familia de 10 años de edad, comenzó a ayudar como monaguillo al párroco. En el marco de dicha relación, "en ocasiones la menor se quedaba a solas con el acusado en la sacristía de las respectivas parroquias, llegando incluso a acompañarlo en alguna ocasión en el vehículo particular", según relata el fiscal.

En fecha no concretada, alrededor del mes de enero de 2015, y hasta el día 24 de abril de 2015, supuestamente aprovechando la relación de superioridad que tenía sobre la menor, "no solo por la edad, sino también por la estrecha relación que tenía con sus padres y sobre todo del hecho de ser también sacerdote al que ayudaba como monaguilla", se produjeron diversas situaciones en las que el procesado presuntamente le realizaba tocamientos, "con intención de satisfacer sus deseos sexuales".

Como se recordará, tras prestar declaración en la instrucción del caso y defender su "total inocencia" en estos hechos, la juez de Pozoblanco acordó su puesta en libertad con cargos, pero imponiéndole una orden de alejamiento de la iglesia de San Mateo de Villanueva del Duque.

Postura de la defensa

Por su parte, la defensa de I.M.V. ha pedido su absolución, dado que, según su calificación, a la que ha tenido acceso Europa Press, niega los hechos relatados por el Ministerio Público al considerar que su representado "no ha cometido el delito del que es acusado, ni ningún otro".

En opinión de la defensa, "los hechos no constituyen delito, ni infracción criminal de clase alguna", a lo que añade que "no existen responsabilidades ni criminal ni civil, de clase alguna", motivo por el que pide la libre absolución del párroco del delito del que acusan la Fiscalía y la acusación particular.

Además, ha impugnado la pericial practicada por psicólogas de una fundación y pidió citar a declarar como testigos a unas ocho personas, así como distintas pruebas documentales, entre ellas, las denuncias que los padres de la menor interpusieron en el cuartel de la Guardia Civil.