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Refugiados

España hace esperar a los refugiados más de un año para reunirse con sus familias

  • Según los últimos datos disponibles, los países europeos emitieron 78.772 visados por razones familiares en 2015, de los cuales España solo concedió 327
  • Nuestro país es el único que exige que los matrimonios sean de la misma nacionalidad para poder solicitar la extensión familiar

Ana García
LA AUTORA
Publicada el 19/06/2017 a las 00:01 Actualizada el 19/06/2017 a las 00:09
Una familia de refugiados camina por las vías del tren.

Una familia de refugiados camina por las vías del tren.

E.P
Del casi un millón de personas que llegaron a Grecia en 2015, casi el 44% de las procedentes de Siria y el 20% de las de Afganistán intentaban reunirse con sus familias. De los 78.772 visados que los gobiernos europeos concedieron por razones familiares, solo 327 fueron tramitados por España. Es la pobreza, el horror y la guerra  lo que obliga a estas personas a emprender peligrosas travesías hacia Europa. Su situación se presenta aún más dramática cuando las políticas migratorias no se lo ponen fácil para acogerse a los programas de reunificación familiar.

Así lo denuncia Oxfam Intermón en su informe Dear Family: How European migration policies are keeping families apart (Querida familia: Cómo las políticas migratorias europeas mantienen separadas a las familias) y el sistema español es uno de los que más trabas pone. De 2011 a 2015 llegaron a nuestro país 1.190 personas a través del mecanismo de la extensión familiar, una de las escasas vías legales y seguras que tienen los refugiados para alcanzar su destino. Esto se traduce en que sólo el 4% de las personas que llegaron a España como solicitantes de protección internacional pudieron a través de esta vía mientras que 28.073 personas tuvieron que poner en riesgo su vida.

La extensión familiar permite que una persona residente en España que ya ha adquirido protección internacional pueda iniciar los trámites para traer a sus familiares. Sin embargo, España es el único de los países europeos con más flujo migratorio que exige que los matrimonios sean de la misma nacionalidad para poder solicitar la extensión familiar. Además, no se incluye a hijos mayores de edad ni otros parientes, como abuelos. La única excepción posible es en casos de dependencia, siempre relacionada con criterios económicos. Es decir, esta definición recogida en el artículo 40 de la Ley de Asilo “no se adapta a los vínculos reales y las unidades familiares”, señala Oxfam, y recuerda que no se trata de una directiva de la UE, de forma que el Estado tiene potestad para modificarla.

En cuanto a esta legislación, también critican que no se ha desarrollado un reglamento que la acompañe, a pesar de que se dio un plazo de seis meses para hacerlo y ya han transcurrido siete años desde su aprobación. El principal problema que presenta esta situación es que, sin reglamento, las embajadas no están obligadas a atender las solicitudes de asilo, cuando son ellas, junto a los consulados, quienes “tienen la responsabilidad de tramitar los visados a los parientes que se reagrupen”.

En los pocos casos en los que se acaba por conseguir la unión familiar, el tiempo que transcurre desde que se inician los trámites hasta que culmina el proceso supera el año. Los refugiados asumen una gran carga burocrática y Oxfam recuerda que se trata de “familias esperando a ser unidas y, en muchas ocasiones, en contextos de alto estrés y vulnerabilidad”. Además, no existe un procedimiento urgente para casos de situaciones extremas como puede ser el de un menor no acompañado.

Recomendaciones

Debido a todas estas deficiencias, Oxfam Intermón pide al Estado español, entre otras medidas, que amplíe la definición de unidad familiar para incluir a otros miembros más allá de cónyuges e hijos menores, que entienda la dependencia desde una visión que no sea exclusivamente económica, que agilice los procesos burocráticos y que, si se sigue demorando la elaboración del reglamento, se elabore “un protocolo claro sobre el procedimiento a llevar a cabo por embajadas y consulados”.

También exigen al Gobierno que publique con mayor celeridad los datos, ya que los últimos proporcionados por el Ministerio del Interior, a través de un informe de la Oficina de Asilo y Refugio, son los de 2015. 

En cuanto al resto de países europeos les exige que cumplan con sus obligaciones de proteger el derecho a una vida familiar. Para ello pide “revisar y revertir de forma inmediata políticas y prácticas como las aplicadas después del acuerdo UE-Turquía” e “incrementar el seguimiento de los procedimientos de recepción e identificación, asilo y reagrupación familiar para asegurar que se implementan de forma rápida y efectiva”.
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