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Operación Lezo

González ocultó desde su llegada al Gobierno un informe exclusivo para él que ponía en el disparadero al equipo de Gallardón

  • Un análisis del bufete Cuatrecasas fechado en junio de 2004, al que ha tenido acceso infoLibre, ya destapaba en sus 80 páginas múltiples agujeros negros en la compra de la firma colombiana Inassa en 2001.
  • El Canal pagó 83 millones por el 75% de la firma, diez veces el valor fijado un año antes, pese a que la prórroga de su principal concesión pendía de un hilo y a que ni siquiera tenía derechos de exclusividad en el abastecimiento de agua
  • La valoración 'independiente' previa a la compra fue realizada por la auditora que propuso Tecvasa, una empresa valenciana ligada a la extinta CAM y a la que el Canal escogió como socia para su desembarco en Colombia

Publicada 19/06/2017 a las 06:00 Actualizada 18/06/2017 a las 21:10    
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El expresidente de Panamá Juan Carlos Varela junto a Ignacio González durante una visita en 2014 al Canal de Isabel II.

El expresidente de Panamá Juan Carlos Varela junto a Ignacio González durante una visita en 2014 al Canal de Isabel II.

CAM
Un análisis del bufete Cuatrecasas, fechado en junio de 2004 y cuya introducción remarca que fue elaborado para el exclusivo interés del entonces vicepresidente de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, y su mano derecha como gerente en el ente público de agua, Ildefonso de Miguel, ya destapaba múltiples agujeros negros en la compra de la colombiana Inassa, efectuada dos años y medio antes. Privado y confidencial, ese informe, al que ha tenido acceso infoLibre, ponía en el disparadero al equipo de Alberto Ruiz Gallardón. El expresidente y exalcalde de Madrid también se encuentra bajo la lupa de los investigadores en la Operación Lezo, aunque fuentes del caso han confirmado a este diario que a día de hoy no se le atribuye expresamente la condición de investigado.

A lo largo de las 80 páginas, el informe de Cuatrecasas retrata una operación oscura, cargada de incertidumbres para las arcas públicas de Madrid y de incumplimientos legales, articulada a través del paraíso fiscal de Panamá y en la que, por razones desconocidas, se dio entrada a un grupo privado valenciano. La compra se cerró sin obstáculos para los vendedores e incluso en el plazo establecido por ellos mismos –Cuatrecasas sugiere que posiblemente no había más ofertas– pese a que la prórroga de la principal concesión de Inassa para extenderla hasta 2033 pendía entonces de un hilo porque había sido impugnada judicialmente. Tres pesos pesados del momento como Acciona, Urbaser y Cajamadrid habían desechado participar en la operación por el llamado "riesgo país". Es decir, por la convulsa situación que vivía Colombia, atrapada en la bisectriz del narcotráfico y la guerrilla y zarandeada por una corrupción política en la que, a tenor de lo ya investigado, participó activamente el Canal de Isabel II.

De hecho y aunque una instancia superior anuló luego esa decisión, el informe relata cómo un tribunal había llegado a suspender el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Barranquilla para ampliar la concesión hasta 2033, que en teoría era el elemento que mayor valor confería a Inassa y su filial Triple A. El Canal pagó religiosamente los 83 millones de euros también pese a que Triple A ni siquiera poseía derechos de exclusividad en el abastecimiento de agua para Barranquilla.

Fue el equipo de Gallardón el que en noviembre de 2001 capitaneó la compra de la compañía de Barranquilla, en la región caribe de Colombia, por 83 millones de euros, lo que significaba diez veces más del valor fijado un año antes, y así lo hace constar el informe. Pero González mantuvo el dossier de Cuatrecasas oculto hasta que de manera involuntaria él mismo alertó a la Guardia Civil de su existencia durante una conversación con el ex ministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana que estaba siendo grabada.

Es todavía una incógnita por qué guardó silencio Ignacio González sobre una operación que según Cuatrecasas poseía claros ribetes de ilegalidad y que afectaba al jefe de una facción rival del PP madrileño. Pero un dato emerge con nitidez: el esquema seguido para la adquisición de Inassa es muy parecido al que una década más tarde utilizó el Canal de Isabel II para, ya con Ignacio González en la presidencia del Gobierno regional, hacerse en 2013 con la empresa brasileña Emissao, igualmente investigada en Lezo. Para el juez Eloy Velasco, hasta ahora instructor del caso, la compra de Inassa fue la primera operación "fraudulenta" detectada en el Canal.

El texto de Cuatrecasas pone el acento en que de la entrada en escena de Panamá podrían derivarse responsabilidades para los administradores y representantes del Canal que suscribieron el acuerdo de compraventa. ¿Por qué? Porque lo que aprobó el Consejo de Gobierno de Madrid fue la adquisición de una compañía colombiana, no de una panameña como estación de paso hacia Colombia. Un informe previo a la compra que había formulado el bufete Garrigues para el Canal de Isabel II –el Informe de Planificación Fiscal Internacional– señalaba la utilización de Panamá como la opción más desfavorable. 

Un regalo del Canal cifrado en seis millones 

En febrero de 2002, fecha del cierre de la compra de Inassa, acordada en noviembre del año anterior, Panamá tenía la consideración de paraíso fiscal a todos los efectos, incluso los oficiales.  Y así lo enfatiza Cuatrecasas cuando advierte del coste adicional que ese hecho implicó para el Canal. Porque además de los 97 millones de euros destinados a la compra y a una inmediata ampliación de capital ese coste adicional es el que tendrá que pagar el Canal cuando venda Inassa: seis millones de euros según las fuentes consultadas en el grupo público madrileño.

La explicación, detallada en el informe, es la siguiente: en lugar de adquirir directamente las acciones de Inassa, lo cual habría implicado que los vendedores hubiesen tributado en Colombia por la plusvalía generada, el Canal adquirió una sociedad panameña, Sociedad de Aguas de América (SAA), que de forma simultánea a la operación se liquidó. La liquidación, avisa el informe, tampoco recibió del Consejo de Gobierno la preceptiva autorización. 

Al efectuarse en Panamá, la compra de acciones de SAA, que poseía el 75% de Inassa anhelado por el Canal, quedaba exenta de tributación en Colombia para los vendedores. Pero en el momento en que el Canal venda sus participaciones en Inassa –donde la Guardia Civil y Anticorrupción hicieron una batida de registros hace dos semanas– será el erario madrileño el que deba asumir aquella plusvalía diferida. Cuatrecasas no da cifras. Son las fuentes consultadas por este diario en el Canal de Isabel II las que cuantifican en seis millones su importe a día de hoy.

Así que, resumidamente, quienes vendieron las acciones de Inassa al Canal de Isabel II–un antiguo grupo de directivos de Aguas de Barcelona, empresa que había sido socio de referencia de Inassa, pero también otras personas físicas o jurídicas cuya identidad pormenorizada no detalla el informe– no solo recibieron un precio diez veces superior a aquel que un año antes les había permitido hacerse con el control. De propina, obtuvieron un regalo también millonario por la plusvalía diferida.

Cuatrecasas sí desvela algunos nombres significativos del accionariado de la panameña SAA: Francisco Olmos, exdirectivo de Aguas de Barcelona y uno de los ejes centrales de la conexión valenciana; y el propietario de uno de los bufetes panameños especializados en el montaje de estructuras societarias opacas, José Ramón García de Paredes. Si García de Paredes poseía títulos como beneficiario real de SAA o solo como miembro del equipo habitual de testaferros panameños es algo que el informe no aclara.

Una firma valenciana elegida no se sabe por qué

Para acometer su inversión en Latinoamérica, el Canal había creado una sociedad mercantil operativa –Canal Extensia SA– en la que se reservó un 75% de las acciones mientras que dejó el 25% en manos de una firma valenciana denominada Tecvasa.  

El informe remarca que ni un solo papel ni testimonio de ningún tipo permitió averiguar en 2004 por qué el ente público madrileño había dado el paso de compartir su poder con una empresa privada. Y ni había en 2004 ni hay hoy rastro de por qué los gestores a los que Alberto Ruiz-Gallardón había dado las riendas del ente público del agua eligieron justamente a Tecvasa, que contaba con el apoyo financiero de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Cuatrecasas apunta a que los contactos pudieron empezar en septiembre de 2001. De ser así, la negociación fue meteórica, dado que la oferta sobre Inassa se cerró el 13 de noviembre de ese año y de inmediato nació Canal Extensia.

Como presidente de Canal Extensia fue designado Arturo Canalda, hoy presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, es decir, del organismo que debe fiscalizar las cuentas públicas. Canalda no figura entre los investigados del caso Lezo cuya identidad ha trascendido. Y a diferencia de lo que sucede con otros altos directivos del Canal en aquella época, el informe de Cuatrecasas no le menciona.

La supuesta valoración independiente que determinó el precio a pagar por Inassa lo determinó una auditora que había recibido el encargo no del Canal de Isabel II sino de Tecvasa. Cuatrecasas llegó a alertar de que uno de los personajes clave en el entramado latinoamericano del Canal, el ya citado Francisco Olmos, había jugado un doble papel en la operación: lideraba el grupo que ofrecía en venta sus acciones de Inassa al Canal de Isabel II a la vez que pertenecía al consejo de administración de la Técnicas Valencianas del Agua SA, nombre completo de Tecvasa. Es decir, simultáneamente estaba en el lado vendedor y en el comprador. Y eso entrañaba un potencial conflicto de intereses. Así lo hizo constar el bufete al que Ignacio González había encargado el informe sobre Inassa, privado y confidencial, nada más aterrizar en el primer Gobierno de Esperanza Aguirre en noviembre de 2003.

Pese a todo, el informe jamás vio la luz.  Al igual que una segunda edición igualmente encargada a Cuatrecasas en 2009, permaneció oculto hasta que el propio Ignacio González se traicionó a involuntariamente a sí mismo el 11 de noviembre de 2016. Ese día, durante una charla en su despacho con el exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana, el antiguo delfín de Aguirre dijo lo siguiente: "Alberto hizo una operación que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá".

En esa misma reunión, cuyo contenido se ha incorporado al sumario de Lezo, González coloca otra vez en el disparadero a Gallardón: "Yo no soy como esta gilipollas [Cristina Cifuentes] que me ha sustituido, yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije tenemos dos opciones, o reventamos esto y es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo todavía tengo un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes imaginar".


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7 Comentarios
  • Masel Masel 20/06/17 22:25

    Continúa saliendo mierda que, casualidad, afecta al partido en el Gobierno. ¿Hasta cuándo?

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  • Ambón Ambón 20/06/17 17:59

    Al margen del escándalo que destapa el informe de Cuatrecasas, otra cosa que también me gustaría conocer, es ¿De quien es la propiedad de un informe pagado con dinero público?, entiendo que debería ser público y sin embargo el ínclito Ignacio González lo utilizó como arma particular incluso para usarlo contra sus propios colegas del PP.

    Por otro lado, si el despacho de Cuatrecasas, que hasta donde sé no es nada barato, o cualquier otro, en el artículo mencionan a Garrigues, descubre un delito, ¿No debería estar obligado a denunciarlo? Si los bufetes o González hubieran denunciado aquellas prácticas en aquel momento nos habríamos ahorrado mucha pasta y mucha indignidad. Si estoy equivocado en el aspecto legal, para eso está el Legislativo para cambiar la ley y defender lo público.

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  • taxista y rojo taxista y rojo 19/06/17 17:49

    Excelente e interesantísimo artículo Alicia. Sin embargome gustaría hacerte una sugerencia menor. Y es la referida al uso abusivo que se hace hoy en día de la expresión "a día de hoy" ajena a nuestro idioma y que sale hasta en la sopa. En el texto la utilizas dos veces, cuando sería más correcto decir la primera vez "hoy por hoy" y la segunda correspondería "hoy en día". Continúa así, que necesitamos periodistas como tú.

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  • BELLOTO BELLOTO 19/06/17 12:45

    Cuando judicialmente se califica al PP de "Organización Criminal" evidentemente no se trata de culpar a fulano o mengano, como aún pretende esa organización, sino que estamos hablando de una asociación cuyo fin es obtener provecho del delinquir. No cabe ya ninguna duda porque está probado y comprobado. Recuerden la destrucción de los discos duros en Génova 13. Y esa asociación de malhechores (y "malhechoras") tiene como todas las de su especie un férreo organigrama jerárquico contrario a cualquier modo democrático: ahí no prosperan las personas honestas ni las que no colaboran a que los fines de la Organización se cumplan. El PP debe, tiene, que desaparecer y sus responsables responder ante los tribunales para poder hablar de Democracia en España.

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  • Tim O'Theo Tim O'Theo 19/06/17 11:55

    Esto es algo que parece importar muy poco a ciertos fiscales vendidos, independientemente de sus cargos, vergüenzas de la Fiscalía.

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  • jucartos jucartos 19/06/17 10:31

    Creo que a estas alturas sería noticia descubrir algún dirigente del PP que no haya estado corrompido.

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  • Segedano Segedano 19/06/17 00:12

    Gallardón ha representado siempre a ese “otro” PP de cuello blanco, atildado, de buenas formas y buen rollito, pseudoprogre, que a pesar de todas las evidencias en contra, cautivó a no pocas instancias de la izquierda. Polanco, a través de su grupo, no solo lo impulsó, sino que lo protegió siempre mediáticamente, tanto en el ámbito político como en el personal. Pero no fue solo Prisa (la especial relación, casi familiar, de Polanco con Gallardón -de padrinazgo- es conocida). Otros grupos informativos de ámbito nacional -escritos y televisivos,- estaban también en línea: Gallardón era la cara del PP amable. Y el Psoe, como partido, tampoco se atrevió en serio a destapar la cantidad de “sospechosas inconsecuencias” económicas y sociales de su gestión, tanto como Presidente de la comunidad de Madrid, como, después, como alcalde. No pocos esperamos que esas “sospechosas inconsecuencias” económicas y políticas salgan, por fin, a la luz. Y sean juzgadas, por supuesto

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