En 2016 se entregaron un 90% menos de viviendas protegidas que antes de la crisis

La vivienda protegida está en claro retroceso en España. El año pasado salieron al mercado un total de 6.972 viviendas de estas características, un 89,7% menos que antes de la crisis, en 2007, cuando las VPO terminadas alcanzaron las 67.514. Así lo recoge la memoria anual [consultar, aquí] del Consejo Económico y Social (CES), cuyos autores destacan que la "ausencia de ayudas públicas presupuestarias" y el "marco de financiación externa endurecido tras las recesión del mercado de la vivienda" están detrás de esta caída.

El CES –organismo en el que están representados sindicatos, patronales, organizaciones de consumidores y usuarios y el Gobierno– constata la "escasa efectividad" de las políticas públicas a la hora de garantizar el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Cuestiona especialmente el hecho de que los hogares con menos recursos se vean abocados al mercado privado de alquiler a pesar que esta alternativa "empeora" sus problemas de accesibilidad. 

En este sentido, el CES subraya que la "función amortiguadora" del impacto de la crisis que podría haber tenido el gasto público en vivienda y servicios comunitarios se ha visto debilitado en España "por los efectos de las medidas de consolidación fiscal tomadas en los últimos años". De hecho, el presupuesto estatal para la política de vivienda ha ido reduciéndose de forma progresiva durante los últimos siete años: de 1.248 millones de euros en 2007 a 584 millones de euros en 2016. Un 53% menos. 

El organismo también constata que el esfuerzo para acceder a una vivienda "se ha endurecido en el caso del alquiler por la subida de los precios en los últimos años, mientras que el acceso a una vivienda en propiedad se mantiene más constante" y que en el caso de los jóvenes, el elevado porcentaje de los que no están trabajando no facilita su emancipación. En esta línea, sostiene que la puesta en funcionamiento de medidas que facilitasen el acceso a la vivienda, mejorasen su calidad y supusieran una mejor prevención, tratamiento y reacción ante los desahucios y las ocupaciones ilegales, podrían "ayudar a mejorar la situación actual".

Dependencia. En su balance anual, esta institución hace un repaso por otras cuestiones relevantes relacionadas con la política social. En relación a la ley de dependencia señala que, aunque ha supuesto "un avance incuestionable", no ha dado todavía "los frutos esperados", algo que atribuye al "insuficiente desarrollo" de la estructura de los servicios sociales y a la coincidencia con la crisis económica.

Las consecuencias de esta situación son unas listas de espera "de notable volumen" –afecta a tres de cada diez personas con dictamen favorable– y una protección "por debajo de lo esperado". Por otro lado, el organismo subraya que el número de personas que esperan a que la administración pública correspondiente valore su solicitud y determine si cumple con los requisitos del baremo y, por tanto, tiene acceso a una prestación o servicio en virtud de la ley de dependencia se encuentra "estancado" con un volumen de solicitudes sin tramitar próximo a los 100.000.

Tasas universitarias. Por otro lado, el CES subraya que en el curso 2016-2017 España se mantuvo a distancia del modelo de precios "más moderados" en las titulaciones de grado (menos de 1.000 euros), que sí mantienen países como Francia, Bélgica o Austria, encontrándose actualmente entre los 1.000 y los 3.000 euros. Asimismo, constata la "considerable heterogeneidad" en los precios de las diferentes comunidades autónomas, una situación que "acentúa las desigualdades". 

Cataluña (33,52 euros de media el crédito), Madrid (25,94 euros) y Castilla y León (23,34 euros) –que también están entre las comunidades que han registrado mayores subidas en los últimos años– son también en las que más caro ha salido matricularse este curso en estudios de grado. Por el contrario, Galicia (11,89 euros), Andalucía (12,62 euros) o Cantabria (13,50 euros) volvieron a ser las autonomías con precios más bajos.

Listas de espera. El CES también se refiere a la demora quirúrgica como uno de los retos "más sensibles" que afronta el nivel de atención especializada del Sistema Nacional de Salud (SNS) dado que el transcurso del tiempo "puede implicar un empeoramiento de la calidad de los pacientes en espera y al mismo tiempo deteriorar la imagen percibida sobre el conjunto del sistema".

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El número de pacientes que esperan a ser operados en la sanidad pública se ha disparado un 52,8% desde el inicio de la crisis. En cifras absolutas, el aumento ha sido de 196.629 personas, pues el número de pacientes afectados por la llamada demora quirúrgica ha pasado de 372.468 en 2009 –el último año antes de la recesión– a 569.097 en junio de 2016 (últimos datos publicados).

Atención primaria. Asimismo, el CES hace un balance de la situación de la atención primaria, la puerta al servicio sanitario, donde se ha reducido el número de profesionales y de instalaciones a lo largo del periodo de crisis "sin haber logrado aún su recuperación". El número de trabajadores en este nivel de atención superaban los 86.000 en 2009, cerca de 2.000 más que en 2015. El volumen de con

"La distinta evolución del volumen de efectivos y de demanda de atención, sin duda ha influido de manera negativa en el nivel de presión ejercida sobre los propios profesionales, sobre la calidad de la atención prestada y, en definitiva, sobre el sistema en conjunto", sentencia el documento.  Los autores del informe sostienen, en esta línea, que el reciente acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, que incluye el compromiso de aumentarla tasa de reposición hasta el 100%, "puede ser crucial en los próximos años".