El 77,8% de las sentencias dictadas fueron condenatorias, según la estadística del CGPJ

Los jueces españoles concluyeron en el primer trimestre de 2017 un total de 27 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 97 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo. Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la incorporación de los datos correspondientes a los tres primeros meses del año.

Este índice es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc–, que se actualizan trimestralmente.

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

En este periodo, entre los pasados enero y marzo, no se acusó a ninguna persona por corrupción en el Tribunal Supremo mientras que la Audiencia Nacional envió al banquillo a un total de 6 personas en los dos procedimientos que concluyó en relación con delitos de corrupción. Esta última estadística, por lo tanto, no incluye el caso Lezo, que estalló en abril, y que ha sumado en la lista de investigados al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y al empresario Javier López Madrid.

Tampoco se incluyen en el recuento, al no haber concluido las investigaciones, otros casos de gran incidencia mediática que se instruyen en la Audiencia Nacional como son los casos Púnica, el que investiga a todo el clan Pujol o la piezas que aún restan por instruir de Gürtel.

Por comunidades autónomas las que acumulan más número de presuntos corruptos sentados en el banquillo durante el primer trimestre de 2017 son Canarias, con 20 acusados seguida de Andalucía con 18. Muy por detrás está Cataluña (12) y le siguen Extremadura (9), Baleares (8), Madrid (5), País Vasco y la Comunidad Valenciana (3) y finalmente Murcia y Cantabria (2).

Entre los pasados 1 de enero y el 31 de marzo, los Juzgados y Tribunales dictaron 36 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 28 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 77,8 por ciento del total.

La información ofrecida por el CGPJ detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).

Así, se señala que por la Audiencia Nacional dictó una sentencia condenatoria por corrupción en dicho periodo y que en el resto de territorios se alcanzó la decena, siendo Andalucía la comunidad donde se emitieron más resoluciones de este tipo, cuatro de ellas de conformidad. El índice del Poder dejar permite también conocer el número de personas condenadas por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción que han adquirido firmeza en cada trimestre. La cifra correspondiente al primer trimestre del año que recoge la base de datos es de 58 personas condenadas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia.

Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, los de malversación, prevaricación urbanística –es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico– y prevaricación administrativa. 
Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa. En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario –como penados o en situación de prisión preventiva– tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados.

A 1 de abril de este año había en el conjunto de España 83 penados –en 46 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 24 con el de cohecho– y catorce preventivos.