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Cataluña

La ley del referéndum apela a resoluciones de la ONU y la Haya

Consell Executiu del Govern de la Generalitat y consellers.

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El proyecto de ley, que JxSí y la CUP explicarán este martes, apela a resoluciones de la ONU y del Tribunal de La Haya, y se presenta como "la respuesta democrática a la frustración generada" por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del Estatut en un intento de garantizar el pleno reconocimiento del pueblo de Cataluña.

El Govern busca así convocar el referéndum amparándose en la legalidad internacional según recogen el preámbulo de la norma que publican diversos medios, en los que se defiende que la Constitución de 1978 determina que los tratados internacionales ratificados por España forman parte de su ordenamiento interno.

También se recoge que las normas sobre derechos fundamentales y libertades públicas se interpretarán de acuerdo con los tratados internacionales aplicables en esta materia, además de remarcar que el Parlament ha expresado de manera "continuada e inequívoca" el derecho de Cataluña a la autodeterminación.

Otro de los puntos que destacan es la resolución sobre Promoción del Derecho a la Democracia de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que proclamó los lazos indisolubles entre los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las bases de toda sociedad democrática, por lo que "la gestión democrática de cualquier discrepancia política debe producirse con pleno respeto a estos derechos humanos y libertades individuales".

Además, aseguran que en dictámenes recientes, el Tribunal Internacional de Justicia afirma que durante la segunda mitad del siglo XX, ha habido casos de nuevos estados que han ejercido el derecho a la autodeterminación "sin que el ejercicio de este derecho a decidir fuera motivado por el fin del imperialismo".

Para JxSí y la CUP, la ley del referéndum es la máxima expresión del mandato de las elecciones del 27 de septiembre de 2015, y que en ella confluyen la legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional del pueblo catalán con el derecho de autodeterminación de los pueblos "consagrado por la legislación y jurisprudencia internacionales y los principios de soberanía popular y respeto por los derechos humanos, como base de todo el ordenamiento jurídico".

Leyes separadas

El Govern buscará convocar el referéndum en una ley que probablemente se elaborará por separado de la de transitoriedad jurídica, pese a que se quieren tramitar conjuntamente en el Parlament.

Así lo han explicado diversas fuentes consultadas por Europa Press después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciara semanas atrás que el referéndum se celebrará el 1 de octubre y a falta de que el martes JxSí y la CUP presenten el marco legislativo del referéndum y el Govern celebre el acto previsto en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

Ambos grupos negocian desde hace tiempo si separar la ley con la que se convocará el referéndum de la ley de transitoriedad jurídica, la que debe definir la transición de la autonomía en un Estado independiente si gana el 'sí'.

Aunque en un principio se preveía incluir ambas cuestiones en una norma, los independentistas han estudiado las diferentes opciones y se apostará con toda probabilidad por aprobar primero una ley que inste al Govern a convocar el referéndum, y una vez se celebre y gane el 'sí', se apruebe la ley de transitoriedad.

Después de que 2,3 millones de catalanes votaran en la consulta del 9N de 2014, el Govern ha reiterado que la Comisión de Venecia establece que no hay que marcar un porcentaje mínimo de participación ni de aprobación.

Sin embargo, fuentes soberanistas aspiran privadamente a superar la cifra del 9N y alcanzar los tres millones de votos conscientes de la importancia de lograr la máxima participación en el referéndum, y en ello consideran que puede ser determinante la movilización de los votantes de los comuns.

Alcanzar los tres millones representaría lograr una participación del 60% de catalanes aproximadamente de un censo que, en las últimas elecciones catalanas, era de 5,5 millones de personas.

Las reglas de unas elecciones

Cabe recordar que Puigdemont reiteró que, de cara al referéndum, habrá que dotarse de las mismas reglas de juego de unas elecciones convencionales para evitar que cualquier modificación pueda ser interpretada como una manipulación en el ámbito internacional.

Por ello, habrá que utilizar un censo lo más parecido posible al utilizado hasta entonces; sólo podrán participar los mayores de 18 años y con nacionalidad española, y se trabaja para que puedan votar los catalanes que viven en el extranjero.

Compromiso

Otras fuentes soberanistas destacan el compromiso de los consellers con el 1-O, pero recuerdan que Puigdemont encargó a Junqueras, también presidente de ERC, la organización del referéndum, y consideran que no cumple con su cometido.

De hecho, aseguran que Junqueras rehuye asumir las responsabilidades que pueden derivarse del 1-O, y hasta apuntan que quiere que lo haga la Mesa del Parlament, al frente de la cual está la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, con el argumento de que la soberanía recae en la cámara, y, de rebote, los ayuntamientos.

Puidgemont cesa al conseller que puso en duda que haya reférendum

Además, después de que el Govern declarara desierto el concurso para homologar a empresas que fabrican urnas, se ha reavivado el debate entre los consellers sobre quién debe firmar los documentos vinculados con la licitación de partidas para el referéndum.

Fuentes presentes en la reunión del miércoles convocada por Puigdemont en el Palau de la Generalitat con Junqueras, los partidos y entidades independentistas, y Forcadell, han explicado a Europa Press que la CUP le pidió a Puigdemont los requisitos que el Govern había incluido en ese concurso.

El presidente les respondió que él no se no se había preocupado de la adquisición de urnas, y los cupaires le exigieron más implicación: "Quizá tendrías que haberte preocupado más".

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