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Justicia gratuita

La inversión en justicia gratuita es 16 millones menos que hace cinco años

  • Alcanzó en 2016 los 238,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 5 por ciento con respecto al año anterior
  • Tal aumento se debió principalmente a la recuperación parcial de los recortes efectuados en los últimos años, así como a la mayor inversión destinada al servicio de violencia de género

infoLibre Publicada 03/07/2017 a las 17:02 Actualizada 03/07/2017 a las 18:19    
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Rueda de prensa del Observatorio de la Justicia Gratuita.

Rueda de prensa del Observatorio de la Justicia Gratuita.

Consejo General de Abogacía Española
La inversión destinada por las administraciones públicas a la asistencia jurídica gratuita alcanzó en 2016 los 238,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 5 por ciento con respecto al año anterior, la primera subida en los últimos años, si bien son 16 millones de euros menos que en el año 2011.

El incremento con respecto a 2015 se debió principalmente a la recuperación parcial de los recortes efectuados en los últimos años en los baremos que perciben los abogados, especialmente en Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana —que en algunos casos llegaron a ser del 40 por ciento—, así como a la mayor inversión destinada al servicio de violencia de género con 8,5 millones de euros y un aumento del 11,8 por ciento en 2016.

Así informó este lunes la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, en la presentación del XI Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, en la que subrayó que las cifras del año pasado reflejan que la "solidez" de este servicio a la ciudadanía es "indiscutible".

3,7 por ciento más de abogados

Antonio Morán, presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía, explicó que a 31 de diciembre de 2016 se contabilizaron 45.300 abogados dedicados a este servicio, aproximadamente un tercio de los letrados colegiados en España y un 3,7 por ciento más que el año anterior. La retribución media de cada abogado no llegó a 135 euros por expediente y el coste por ciudadano fue de 5,13 euros por año.

La mayor parte de la inversión del servicio de asistencia jurídica gratuita en 2016 se destinó al turno de oficio con un 68,5 por ciento del total (163,7 millones de euros), seguida de la asistencia letrada al detenido, con un 18,8 por ciento (44,8 millones), mientras que los gastos de infraestructura se mantuvieron en tercer lugar con el nueve por ciento (21,9 millones). El servicio de violencia de género supuso un 3,6 por ciento del total (8,5 millones).

Los 83 Colegios de Abogados repartidos por toda España atendieron en 2016 más de 1,7 millones de asuntos de asistencia jurídica gratuita, un 2 por ciento más que en 2015, siendo Andalucía la comunidad autónoma en la que se registraron más tramitaciones (el 22 por ciento del total).

Más de 64.000 tramitaciones por vía telemática 

Además, los datos del Consejo General de la Abogacía muestran que el uso por los ciudadanos de expediente electrónico de justicia gratuita continúa afianzándose, ya que el año pasado se gestionaron 640.115 solicitudes para tramitar su expediente por vía telemática, un 3 por ciento más que en 2015. Desde 2010, la cifra se ha triplicado.

Para Antonio Morán, todas estas cifras demuestran la "eficacia" de la Ley de de Asistencia Jurídica Gratuita y comentó que, de hecho, hay países del entorno europeo que "miran al sistema español para tomarlo como modelo".

No obstante, tanto Morán como Ortega consideraron necesario "actualizar" la norma, ya que data de hace 20 años y la realidad social y jurídica ha cambiado en cierta medida. Así, por ejemplo, plantearon la necesidad de "homogeneizar criterios" en las comisiones de asistencia jurídica gratuita, que son de ámbito provincial.

Por eso, no ven necesaria una nueva ley, sino reformar la actual para adaptarla a los nuevos tiempos y la nueva realidad con las nuevas necesidades sociales que plantea la sociedad y así poder asistir mejor a los ciudadanos con un sistema que el Consejo General de la Abogacía sigue considerando servicio público.


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