Las sociedades del fundador del Grupo Zed obtuvieron cerca de 70 millones de fondos públicos, según el juez

El fundador y máximo accionista del Grupo Zed, Javier Pérez Dolset, captó cerca de 70 millones de euros provenientes de fondos públicos entre los años 2011 y 2016 y puso en marcha un entramado societario para ocultarlos.

Así lo apunta el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el auto en el que comunicó la prisión incondicional decretada para el empresario el pasado viernes por la posible comisión de delito de insolvencia punible, administración desleal, fraude de subvenciones, falsedad documental y tráfico de influencias.

El juez resalta que el presunto cabecilla de la trama en la que se investiga la quiebra del grupo, desvió fondos de la compañía para destinarlos a fines privados de la familia Pérez Dolset. Creó un sistema para la obtención masiva de subvenciones falseando los requisitos para obtenerlas, por lo que considera que tuvo una "intervención fundamental" en la situación de insolvencia de la empresa tecnológica.

García Castellón adoptó, de acuerdo con el criterio de los fiscales del caso, prisión sin fianza para el acusado al entender que por los hechos que se le imputan existe un "evidente riesgo fundado de huída" que se ve acrecentado por las continuas salidas del país del acusado y añade además que su situación de libertad tras estallar la trama en la que se detuvieron a otras ocho personas, hace que pudiera continuar con su práctica delictiva.

Se valió de sociedades para sus proyectos ficticios 

El principal fundador del grupo se valió de más de una decena de sociedades para captar durante esos años un total 69.369.876 euros de fondos públicos que obtuvo principalmente gracias a un "círculo de influencias" cercano a las administraciones públicas y que le permitió ejecutar sus proyectos ficticios, según destaca el magistrado de la Audiencia Nacional en el auto.

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Los fiscales Anticorrupción José Grinda y Carlos Yáñez apuntaron en su querella presentada contra 19 personas implicadas en esta trama —entre ellos varios miembros de la familia— que el Grupo Zed Worldwide utilizó los contactos que tenía en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para beneficiarse de más de 48 millones de euros en ayudas públicas y préstamos entre los años 2011 y 2015.

La querella de 92 páginas concluye que la trama no sólo afectó a "más de 400 trabajadores", sino que generó un perjuicio que supera los 100 millones de euros mediante las actuaciones de varios "grupos de sujetos". No existe un "plan único", añade la querella.

Javier Pérez Dolset fue el único de los ocho detenidos que pasaron a disposición judicial el pasado viernes que ha ingresado en prisión, ya que el resto quedó en libertad con medidas cautelares. Todos se negaron a declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.