El Ayuntamiento de Madrid carga contra el Tribunal de Cuentas y exige la reapertura de la investigación sobre el fondo buitre

La Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS) ha reaccionado con una negativa "tajante" al carpetazo del Tribunal de Cuentas a la investigación sobre la venta de pisos públicos al fondo buitre Blackstone en la etapa de Ana Botella. En un escrito remitido al máximo órgano fiscalizador, la sociedad municipal subraya que el cierre de las diligencias, adelantado por infoLibre, se hizo a despecho de un cúmulo de elementos que denota la envergadura de lo sucedido. "Que la EMVS –dice el texto– no siguiera el procedimiento establecido en sus aspectos más básicos y esenciales no es una mera irregularidad sino un incumplimiento flagrante de principios elementales en el manejo de los fondos públicos". 

El equipo de la alcaldesa Manuela Carmena reclama al tribunal que reactive el procedimiento sobre aquella operación de venta de 1.860 viviendas públicas que en octubre de 2013 pasaron a manos de dos filiales de Blackstone por un precio no solo inferior al de otra de las empresas interesadas sino más bajo incluso que el originalmente ofertado por el fondo buitre. En su respuesta al acta de liquidación provisional" que el 25 de mayo dio por concluidas unas diligencias abiertas precisamente a instancias del fiscal jefe del tribunal, la EMVS subraya que hubo un claro daño para el erario público por cuanto "los bienes se malvendieron por un precio mucho más bajo de lo razonable". Hubo también un "falseamiento de la competencia", "el precio y el objeto de venta acordados con el licitador ganador fueron modificados sin ninguna justificación". Y la EMVS contrató una supuesta intermediación inmobiliaria "oculta" por dos millones de la que no queda rastro.

Fechado el 27 de junio, el escrito de la EMVS al Tribunal de Cuentas abunda como aspecto central en el quebranto ocasionado a las arcas locales: "El precio de venta (128.500.000 euros) fue muy inferior al valor contable de los inmuebles (159.375.025,53 euros), al de su precio máximo como viviendas de protección pública (291.299.855 euros) y al de su precio de mercado (249.272.310,92 euros)"

Los pisos formaban parte del patrimonio de una empresa, la EMVS, netamente municipal, pese a lo cual el Tribunal de Cuentas sostiene que la transacción fue de "naturaleza privada" y no implicó "menoscabo" para las arcas públicas. Blackstone, que pagó los ya mencionados 128,5 millones por los pisos más un lote de garajes y locales independientes, ni siquiera había ofrecido el precio más alto. Y no solo eso: pagó 128,5 millones porque logró finalmente una rebaja de dos millones bajo la alegación "no demostrada" –el entrecomillado pertenece al fiscal jefe del Tribunal de Cuentas– de que había un elevado índice de morosidad. Y otro además: a última hora obtuvo sin ver incrementado el precio en un solo euro, una propina de 13 garajes valorados en 297.000 euros. Esos y otros agujeros negros de la operación afloraron tras el relevo de 2015 en el gobierno municipal de Madrid. Este diario ignora si la Fiscalía del Tribunal de Cuentas se adherirá a la petición de reapertura formulada por la EMVS.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas pide la reapertura del caso sobre la venta de pisos de Madrid a un fondo buitre

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En octubre y atendiendo al contenido de un demoledor informe de la Cámara de Cuentas de Madrid que salió aprobado con el apoyo de los consejeros elegidos a propuesta del PP, fue el propio fiscal jefe del Tribunal de Cuentas cifró en 2,3 millones el potencial quebranto derivado de la venta de esas 18 promociones de vivienda e instó la apertura de diligencias en el Tribunal de Cuentas. Fuentes conocedoras de la mecánica del Tribunal de Cuentas aseguran que, tras el cerrojazo de mayo, la reapertura del caso a efectos de posible responsabilidad contable será en la práctica automática tras el escrito del Ayuntamiento de Madrid. Sobre la operación Blackstone hubo otras actuaciones, estas de carácter penal, que fueron archivadas por un juzgado de Madrid y que se encuentran ahora en espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie por segunda vez sobre su eventual reapertura.

El acta del Tribunal de Cuentas que cierra el caso sostiene que no hubo responsabilidad por el denominado alcance contable, es decir, daño a las arcas públicas: "Aunque no se llevaron las actuaciones previas a la enajenación de los bienes inmuebles conforme a los términos que se establece en la propia normativa interna de la sociedad [la EMVS] y en su defecto en la Ley de Contratos del Sector Público mediante procedimientos de licitación y no mediante una convocatoria anunciada en la prensa, [se trata de] irregularidades que darían lugar a responsabilidades contractuales, en el ámbito de otra jurisdicción, no así la contable".