Cataluña ante el 1-O

Puigdemont acelera la huida hacia adelante para lograr que se celebre el referéndum

El president Puigdemont y el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras.

Ibon Uría

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pisó este martes el acelerador para lograr que el 1 de octubre haya un referéndum en Cataluña. Los grupos independentistas presentaron el texto de la futura ley del referéndum, que establece, entre otras cuestiones, que la consulta será vinculante sin importar el nivel de participación y que la independencia de Cataluña se proclamaría como máximo 48 horas después de conocerse los resultados definitivos. En caso contrario, habría una nuevas elecciones autonómicas. Cs, PSC y PP rechazan el texto, y Catalunya Sí Que Es Pot está dividida.

Las últimas horas no han sido sencillas para Puigdemont: en la tarde de este lunes cesó al hasta entonces conseller de Empresa, Jordi Baiget, después de que manifestase sus dudas sobre la posibilidad de llevar adelante la consulta. El cese, reclamado de forma insistente por ERC y la CUP, ha acentuado la soledad del president y ha provocado un auténtico terremoto en el seno del PDeCAT –la otra pata de Junts pel Sí–, y también entre la antigua Convergència y el número uno del Ejecutivo catalán.

Con el anuncio de esta futura ley los grupos independentistas dan un nuevo paso, aunque quedan muchos temas por cerrar: tanto jurídicos –el texto plantea interrogantes, según los expertos– como políticos –todavía no hay urnas, no se conoce el censo, queda la incógnita de si los ayuntamientos cederán locales y están en una situación igualmente delicada los funcionarios–. En un panorama cada vez más enconado entre partidarios y detractores del referéndum, Junts pel Sí y la CUP miran a los comunes de Colau, que se inclinan por no participar en la organización de la votación, con la esperanza de que rompan ese equilibrio.

La soledad de Puigdemont

El acontecimiento clave de las últimas horas ha sido el cese de Baiget. El que fuera responsable de Empresa en el Gobierno de la Generalitat señaló en una entrevista con El Punt Avui que "el Estado tiene tanta fuerza" que "probablemente" no se podría celebrar un referéndum y que habría que hacer "alguna cosa diferente", que a buen seguro guardaría mayores similitudes con la consulta dle 9 de noviembre de 2014. Agregó que él soportaría una pena de prisión por la convocatoria de la votación, pero no que se actuara contra su patrimonio.

Tras conocer esas palabras, el vicepresident Junqueras (ERC) le recordó a Baiget que entre una referéndum vinculante y un proceso participativo hay una diferencia "enorme", y el portavoz de Esquerra, Sergi Sabrià, le advirtió de que "tener miedo y tener dudas es absolutamente lícito", pero que no se puede "parar" el proceso: "No puede quedar ninguna decisión congelada por ningún miedo", insistió. La CUP demandó directamente su cese, y Puigdemont comenzó una ronda de contactos para medir las consecuencias que tendría destituir a Baiget. Cuando se cercioró de que al fulminarlo no provocaría una cascada de dimisiones, decidió apartarlo.

Las fuentes consultadas por este diario coinciden en señalar que Puigdemont (que es miembro del PDeCAT) está ahora más sólo, pues ha provocado un verdadero "incendio" en su partido. Primero, porque ha desautorizado a Marta Pascal, coordinadora general de la antigua Convergència y la mujer que intenta que el partido llegue vivo a las siguientes elecciones. Pascal dijo que la salida de Baiget no era necesaria, y pocas horas después el conseller estaba en la calle. El enfado de la política catalana también tiene motivos personales: su marido era el jefe de gabinete del cesado.

Segundo, porque el damnificado es un hombre con amplia trayectoria en el partido, con peso, "de toda la vida": Baiget fue asesor de Miquel Roca y secretario del Gobierno con Artur Mas. Su salida provocó el estallido de, entre otros, el diputado en el Congreso Francesc Homs: "¿Cómo es que de momento sólo a los del PDeCAT nos condenan en Madrid o nos quieren fuera algunos de Cataluña? Hasta los huevos", escribió en su perfil en Twitter, donde escribió una serie de mensajes en los dijo "no compartir" la salida de Baiget. No fue el único: la exvicepresidenta Joana Ortega también criticó la decisión.

Pero Puigdemont, ante la petición de cese de ERC y la CUP, consideró que era la mejor decisión. Sus afines defienden que la batalla de la credibilidad es clave en el referéndum y que, si a un conseller se le hubiera pasado por alto un mensaje como el de Baiget, los alcaldes y funcionarios podrían haber extraído extraer la conclusión de que la consulta no va en serio. El president, ahora, ha enfadado a su partido, y no tiene más apoyos: su relación con ERC es únicamente "correcta "pero no es una relación de confianza", admiten fuentes próximas. 

La portavoz del Govern, Neus Munté, aseguró este martes que se han conjurado con Puigdemont para tirar adelante el referéndum y que no temen que más consellers puedan expresarse en el mismo sentido que el saliente Baiget: "El Govern no teme, el Govern está al lado del presidente comprometido con el mandato parlamentario con un compromiso muy claro para celebrar el referéndum", sostuvo en una rueda de prensa posterior al Consell Executiu, donde se abordó el cese.

Ley del referéndum

Sólo horas después de esa salida del Govern, y con un ambiente de evidente malestar aún de fondo, diputados de Junts pel Sí y la CUP presentaron este martes el texto de la futura ley del referéndum. Aún no se ha registrado como proposición de ley en la Cámara catalana, y fuentes de la Fiscalía que cita Europa Press señalan que el Ministerio Público no actuará hasta que esté definitivamente aprobada. Por ahora, señalan estas fuentes, la presentación del texto en un rueda de prensa no pasa de la categoría de declaración política, y no puede ser considerado un acto con efectos jurídicos.

El documento, que ha sido redactado por los dos grupos parlamentarios favorables a la independencia, se ha presentado como una futura ley "suprema" que prevalecería sobre cualquier otra norma que pudiera contradecirla. Establece que no habrá una participación mínima para considerar el resultado vinculante: si gana el , la independencia se proclamaría 48 horas después del resultado definitivo, por lo que incluso si hubiera algún tipo de impugnación no se retrasaría más allá del 10 de octubre. En caso de victoria del no, habría unos nuevos comicios autonómicos.

La futura ley añade que los miembros de las mesas se elegirán por sorteo entre todos los censados y que la participación será obligatoria, como en cualquier otra votación electoral. En cuanto a la supervisión del proceso, la Junta Electoral quedará reemplazada por la Sindicatura Electoral –de nueva creación–, y está también prevista la participación de observadores internacionales. La ley recoge igualmente que las autoridades públicas estarán obligadas a colaborar son la citada sindicatura y que, en el caso de los ayuntamientos, estarán obligados a poner a disposición del nuevo órgano electoral los locales que habitualmente se empleen como centro de votación.

Además de las dudas jurídicas expresadas por expertos y por la oposición –el PSC, por ejemplo, ha puesto en marcha una web para explicar por qué el referéndum no es legal ni tiene las garantías necesarias–, hay flecos pendientes. Uno es la confección del censo, que no está en poder de la Generalitat y que tendrá que ser inferido y confeccionado a partir de otras fuentes de información bajo el control de la administración catalana. El otro es, por ejemplo, conseguir las urnas: tras quedar desierto el concurso convocado para otorgar su fabricación, las fuentes consultadas creen que habrá una licitación directa para encargarlas.

La ley del referéndum, en todo caso, no se aprobará hasta última hora, hasta septiembre. Los grupos independentistas quieren que sea con el mínimo debate en el Parlament, por la vía rápida. Si la votación se produce y el resultado es favorable, la intención de los impulsores es que se declare la independencia y entre en juego una segunda norma: la ley de transitoriedad, cuya presentación estaba prevista esta martes pero que, finalmente, no se revelará salvo que el resultado en las urnas sea favorable. Ese texto sería el encargado de regular cómo pasar del ordenamiento jurídico español a un nuevo marco legal exclusivamente catalán. No hay ninguna duda de que ambas llegarán al Constitucional y quedarán invalidadas, pero Junts pel Sí y la CUP tienen el propósito de hacer caso omiso de esa decisión. 

El papel de los funcionarios

La gran duda para el devenir de la consulta es el papel de los funcionarios. Según publicó este martes El Periódico de Catalunya, el Gobierno central ha remitido una misiva a secretarios e interventores de los ayuntamientos catalanes para recordarles su obligación de cumplir la legalidad constitucional y estatutaria, así como los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, y les ha brindado su "colaboración y apoyo" frente a las dudas o incertidumbre que pudieran surgir para impedir que se contravengan los mandatos del tribunal de garantías.

La carta detalla actuaciones como la conformación del censo; la exposición de las listas de consulta; la determinación del número y límite de las secciones, locales y mesas electorales; la formación de las mesas; la dotación de los medios a las Mesas de Zona; la reserva de locales para actos de campaña; la designación de locales electorales, y el almacenamiento y reparto de material electoral, entre otros, como posibles actos que podrían contravenir una decisión del Constitucional que anulase la futura ley reguladora del referéndum.

La ley del referéndum, en cambio, establece que "todas aquellas autoridades, personas y empresas que participen ya sea directamente, ya sea indirectamente en la preparación, celebración y/o implementación del resultado del referéndum, quedan amparadas por esta ley dado que desarrolla el ejercicio del derecho a la autodeterminación que forma parte del ordenamiento jurídico vigente", en un intento de tranquilizar a los empleados públicos y darles un paraguas bajo el que cobijarse ante posibles acciones del TC.

La incógnita de los 'comuns'

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Sobre la seguridad de los funcionarios, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya advirtió este domingo en una entrevista en El Periódico de Catalunya que "como alcaldesa" no pondrá "en peligro a la institución ni a un sólo funcionario que pueda hallarse en una situación de riesgo o de compromiso. Colau agregó que el consistorio estará encantado de facilitar la participación "en un referéndum o en otras movilizaciones", pero que si hay "inseguridad o incertidumbre, jamás" pedirá a ninguno de los empleados de del gobierno municipal que se comprometa.

Fuentes consultadas por este diario señalan que "todo apunta" que el partido de la alcaldesa decidirá animar a votar en el referéndum, pero que no se implicará en la organización. Es la misma posición que adoptó ICV –ahora integrada en el partido– ante la consulta del 9N de 2014, aunque entonces no se requirió a los alcaldes a que se implicaran en la organización. Catalunya en Comú, tal como señaló su coordinador general, Xavier Domènech hace semanas, decidirá su posición definitiva este próximo sábado 8 de julio.

En toda caso, y ya conociendo el texto de la futura ley reguladora de la consulta, el portavoz de Catalunya Sí Que Es Pot en el Parlament, Joan Coscubiela, afirmó este martes que el proyecto ley del referéndum no ofrece garantías y que "incumple las resoluciones del Parlament, vulnera el Estatut, confronta con la legalidad española e ignora la internacional". Sobre la cuestión clave de los empleados públicos, apuntó que los sitúa "a los pies de los caballos, en riesgo, entre dos legalidades".

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