La estrategia del Gobierno: no alimentar el "victimismo" independentista y "evitar daño al crédito internacional" de España

El Gobierno de Mariano Rajoyno oculta su preocupación por el "desafío soberanista" de Cataluña. A medida que pasan los días y se acerca el 1 de octubre, la fecha elegida para el referéndum, se extiende la sensación de que el president Carles Puigdemont está decidido a llevar su enfrentamiento con el Estado hasta el final. Pero la clave es, según las fuentes consultadas, "no precipitarse ni sobreactuar" a la hora de anunciar y adoptar decisiones. "Todo lo contrario es alimentar al bloque soberanista, que, en gran parte vive del victimismo, de denunciar el trato que sufre por parte del Gobierno", añaden.

Ese "victimismo" tiene, además, a ojos de los dirigentes conservadores, un "componente internacional". En círculos del PP y del Gobierno existe el convencimiento de que en Cataluña hay sectores políticos muy interesados en que trascienda fuera de las fronteras españolas la imagen de un país enfrentado, partido en dos, que no sabe cómo solucionar sus problemas. Y que esas imágenes ocupen las portadas de los medios internacionales. "Bajo ningún concepto se va a permitir daño al crédito internacional de España", insisten.

En este sentido, consideran que, hasta la fecha, Puigdemont ha fracasado en todos sus intentos de "internacionalizar" el proceso.

Fuentes del Ejecutivo recalcan que tienen previstos todos los escenarios y restan peso a la aplicación del artículo 155 de la Constitución como única solución. Recuerdan que la Generalitat sólo ha hecho "anuncios" y que se responderá con hechos y con la ley en la mano en cuanto se den los primeros pasos. Pero que no van a responder a meros pronunciamientos porque eso es precisamente lo que pretende el bloque soberanista.

"Lo único que les tiene que quedar claro es que el Gobierno sabe cómo responder a cualquier escenario que se plantee y que para ello está la ley", mantiene un dirigente del PP de Cataluña, que recuerda que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo este martes que "al Estado le bastan 24 horas" para paralizar la ley del referéndum catalán. Santamaría hacía estas declaraciones el mismo día que los independentistas presentaban el texto de la ley del referéndum.

Recursos ante el Constitucional

Este mismo miércoles, el Pleno del Tribunal Constitucional anulaba por unanimidad la disposición adicional 40 de la Ley de Presupuestos de Cataluña, que establece la organización del referéndum independentista. Además, decretaba inconstitucionales las partidas de esas cuentas públicas si se destinan a financiar la consulta.

Con esta decisión, el Constitucional estima parcialmente el recurso presentado en abril por el Gobierno contra la Ley de Presupuestos de Cataluña de 2017.

La sentencia recalca que las partidas presupuestarias impugnadas son inconstitucionales sólo "en el caso de que se destinen a la financiación del proceso referendario".

Al hilo de esta sentencia, de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años y de las palabras de Santamaría, en cuanto la ley del referéndum sea una realidad, el Ejecutivo la recurrirá ante el Tribunal Constitucional acompañada de una petición de suspensión cautelar de la ley hasta que se produzca el fallo. A partir de ahí, a cualquier paso adelante en sentido contrario se le podrá hacer frente con la reforma de la ley del TC aprobada por el PP en los últimos meses de su mayoría absoluta.

Aplicación de la ley del TC

La ley redactada ya en un contexto de enfrentamiento entre Estado y Govern por la cuestión soberanista, permite sancionar a quienes se salten las resoluciones del Alto Tribunal.

El primer acto del presidente del Gobierno tras el anuncio de la ley del referéndum tuvo lugar este miércoles en la Cámara de Comercio de España. Su mensaje fue en la misma línea que el de su mano derecha, el de subrayar que hay herramientas para dar respuesta a todo tipo de desafíos: "España es una democracia ejemplar, capaz de hacer frente a los retos del futuro y a los que nos quieren llevar al pasado".

En este sentido, reclamó "a todos los catalanes y españoles"que tengan "confianza en el futuro". "Porque los delirios autoritarios y frentistas nunca podrán vencer a la serenidad y al equilibrio de nuestro Estado democrático", añadió. De ahí no se movió. "Hay que ir paso a paso. Las decisiones se toman, no se anuncian", justifican desde la dirección del PP. 

La polémica de Cospedal

En este contexto, sectores del Ejecutivo muestran su sorpresa por unas declaraciones de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en las recordaba que las Fuerzas Armadas tienen la misión que les encomienda la Constitución de "garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial".

"Por tierra, mar y aire, las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil se encuentran donde haya que proteger los valores de la democracia y la Constitución, pero también la integridad y la soberanía de nuestro país", añadió. Unas palabras que para algunos de sus compañeros de partido se desmarcan de la línea de prudencia mantenida por el presidente del Gobierno y su número dos. "A algunos les puede sonar a amenaza, a tanques entrando por la Diagonal", considera una de las fuentes consultadas. Otras, sin embargo, defienden que "es el discurso que tocaba" en los actos del 40 aniversario de su ministerio.

Presiones para aplicar el 155

En el Gobierno y en el PP son conscientes de que, a medida que se se vaya acercando la fecha, incrementarán las presiones desde sectores "políticos y mediáticos" para que se anuncien medidas concretas como la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Este contempla lo siguiente: "Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

"Rajoy no va a ceder a ningún tipo de presiones de este estilo. Ya he demostrado que resiste a todo tipo de presiones", comenta un diputado, que insiste en que "los anuncios se hacen cuando toca, no meses antes".

En todo caso, las fuentes consultadas subrayan que no hay que fiarlo todo al 155, que se ha demostrado que los tribunales actúan ante cada uno de los pasos que ha ido dando la Generalitat. Y consideran que hay "mucha literatura" sobre el 155. Al respecto, señalan que no tiene por qué suspenderse la autonomía de forma global, es decir una intervención total. Una de las posibilidades de las que ya se lleva años hablando es la de intervenir la tesorería de la Generalitat para bloquear la salida de dinero para la creación de estructuras de Estado.

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La aplicación del 155 requiere más tiempo que las 24 horas de las que habló Santamaría el martes. El artículo 189 del Reglamento del Senado marca el proceso: el Gobierno deberá presentar ante el presidente de la Cámara una escrito en el que se manifieste el contenido y alcance de las medidas propuestas, así como la justificación de haberse realizado el correspondiente requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y la de su incumplimiento por parte de ésta.

Cumplido este trámite la Mesa del Senado "remitirá dicho escrito y documentación aneja a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, o bien procederá a constituir una Comisión". A partir de ahí, el presidente del Senado, dará un plazo al presidente autonómico para formular alegaciones. Es la Comisión la que decide si procede elevar a Pleno la propuesta del Gobierno, que para salir adelante necesita el voto favorable de la mayoría absoluta de los senadores.

A diferencia de lo que ocurre en el Congreso, el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado.