El Tribunal de Cuentas denuncia la falta de transparencia en los contratos públicos de las comunidades autónomas

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó este jueves el Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2014, en el que la institución denunció la falta de transparencia de las comunidades autónomas en sus contratos públicos.

En concreto, el Tribunal de Cuentas señaló en el documento que, como ya sucedió en ejercicios anteriores, observó "una insuficiente justificación sobre la necesidad de celebrar el contrato, deficiencias en el establecimiento, definición y aplicación de los criterios objetivos de adjudicación, así como una incorrecta determinación de las fórmulas y métodos de valoración y ponderación de los criterios".

Del mismo modo, en la fiscalización también detectó "retrasos en la ejecución, no amparados en la concesión de prórrogas, y numerosas modificaciones contractuales que no responden a nuevas necesidades surgidas durante la ejecución sino a imprevisiones y deficiencias en las actuaciones preparatorias de los respectivos contratos primitivos".

En cuanto a la justificación de la necesidad de los contratos para los fines del servicio público, el organismo indicó que "no se especifica con un mínimo de concreción razonable ni se acreditan las particulares necesidades existentes en su momento que pudieran justificar las correspondientes inversiones de los fondos públicos afectados". Así, en determinadas ocasiones, se utilizaron como motivo "las propias competencias u otras circunstancias igualmente genéricas".

Por otra parte, el Tribunal apuntó deficiencias relativas al establecimiento, definición y aplicación de los criterios objetivos de adjudicación, que según expuso se continúan observando "en la mayoría de los contratos adjudicados mediante procedimiento abierto", al igual que "una insuficiente determinación de las fórmulas y métodos de valoración y ponderación de los criterios".

Una situación que, manifestó, sería contraria a lo previsto en el artículo 109.4 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), que determina que "en el expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato".

De este modo, la institución subrayó que, "incluso" en algunos de los contratos, "un elevado porcentaje de la puntuación se habría asignado a criterios cuya valoración quedaría remitida de forma sumamente amplia a la apreciación subjetiva de la correspondiente comisión técnica".

Según el Tribunal, esto habría provocado el establecimiento de unos criterios de adjudicación o de unas reglas para su valoración "complementarias" a las establecidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). Normas que, "conforme a los principios de publicidad, transparencia e igualdad de trato de los operadores económicos", debieron haberse incluido en los PCAP para que fueran conocidas por los licitadores en el momento de elaborar sus ofertas.

En relación con los criterios de adjudicación valorables mediante la aplicación de fórmulas, el informe recoge que, generalmente, éstas no garantizan, de forma "razonable", que la "importancia relativa" concedida a una oferta, en relación con los otros criterios de valoración previstos, "sea totalmente efectiva", como exige el artículo 150 del TRLCSP sobre criterios de valoración de las ofertas. Lo que desvirtuaría la ponderación porcentual entre el criterio evaluable mediante fórmula y los no evaluables mediante fórmula.

El objetivo del Informe global del sector público autonómico, de periodicidad anual, consiste en exponer los "datos más relevantes" de los informes de las fiscalizaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas y por los Órganos de Control Externo autonómicos (OCEX) en cuanto a rendición de cuentas y remisión de contratos, la ejecución presupuestaria, la situación patrimonial y la gestión en las áreas de endeudamiento, avales y contratación administrativa desde la perspectiva del sometimiento a los principios de legalidad, eficiencia y economía. Así como, los relativos a la participación en los Fondos de Compensación Interterritorial, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el análisis del gasto sanitario.