El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó este jueves el
Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2014,
en el que la institución denunció la
falta de transparencia de las comunidades autónomas en sus contratos públicos.
En concreto, el
Tribunal de Cuentas señaló en el documento que, como ya sucedió en ejercicios anteriores, observó "una
insuficiente justificación sobre la necesidad de celebrar el contrato, deficiencias en el establecimiento, definición y aplicación de los
criterios objetivos de adjudicación, así como una incorrecta determinación de las fórmulas y métodos de valoración y ponderación de los criterios".
Del mismo modo, en la fiscalización también detectó "
retrasos en la ejecución, no amparados en la concesión de prórrogas, y numerosas
modificaciones contractuales que no responden a nuevas necesidades surgidas durante la ejecución sino a imprevisiones y deficiencias en las actuaciones preparatorias de los respectivos contratos primitivos".
En cuanto a la justificación de la necesidad de los contratos para los fines del servicio público, el organismo indicó que "no se especifica con
un mínimo de concreción razonable ni se acreditan las particulares necesidades existentes en su momento que pudieran justificar las correspondientes inversiones de los fondos públicos afectados". Así, en determinadas ocasiones, se utilizaron como motivo "las propias competencias u otras circunstancias igualmente genéricas".
Por otra parte, el Tribunal apuntó deficiencias relativas al establecimiento, definición y aplicación de los
criterios objetivos de adjudicación, que según expuso se continúan observando "en la mayoría de los contratos adjudicados mediante procedimiento abierto", al igual que "una
insuficiente determinación de las fórmulas y métodos de valoración y ponderación de los criterios".
Una situación que, manifestó, sería contraria a lo previsto en el artículo 109.4 del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), que determina que "en el expediente se
justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato".
De este modo, la institución subrayó que, "incluso" en algunos de los contratos, "un elevado porcentaje de la puntuación se habría asignado a criterios cuya valoración quedaría remitida de forma sumamente amplia a la
apreciación subjetiva de la correspondiente comisión técnica".
Según el Tribunal, esto habría provocado el establecimiento de unos criterios de adjudicación o de unas reglas para su valoración
"complementarias" a las establecidas en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). Normas que, "conforme a los principios de publicidad, transparencia e igualdad de trato de los operadores económicos", debieron haberse incluido en los PCAP para que fueran conocidas por los licitadores en el momento de elaborar sus ofertas.
En relación con los criterios de adjudicación valorables mediante la aplicación de fórmulas, el informe recoge que, generalmente, éstas no garantizan, de forma "razonable", que la "importancia relativa" concedida a una oferta, en relación con los otros criterios de valoración previstos,
"sea totalmente efectiva", como exige el artículo 150 del TRLCSP sobre criterios de valoración de las ofertas. Lo que desvirtuaría la ponderación porcentual entre el criterio evaluable mediante fórmula y los no evaluables mediante fórmula.
El objetivo del
Informe global del sector público autonómico, de periodicidad anual, consiste en exponer los "
datos más relevantes" de los informes de las fiscalizaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas y por los
Órganos de Control Externo autonómicos (OCEX) en cuanto a rendición de cuentas y remisión de contratos, la ejecución presupuestaria, la situación patrimonial y la gestión en las áreas de endeudamiento, avales y contratación administrativa desde la perspectiva del sometimiento a los principios de legalidad, eficiencia y economía. Así como, los relativos a la participación en los Fondos de Compensación Interterritorial, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el análisis del gasto sanitario.
Hola, ya era hora de que crera un Organo que fiscalizara el dinero público que se gasta en España. Este Tribunal en cuanto ha mirado se ha dado cuenta de lo que pasa desde hace 40 años. A perdón que el Tribunal de Cuentas, según he leido en su propia información existe desde el 1.500, y se dan cuenta ahora de que las cuentas en españa se hacen en vez de con la cabeza, con la parte donde la espalda cambia de nombre. Y así claro no cuadran, pero las nuestras, por que las de los politicos si cuadran pero en negro. Por cierto no he podido ver en la pagina del citado tribunal el número de personas que trabajan
en el, ni los sueldos de ninguno de ellos, ni lo que nos cuesta a todos de nuestro bolsillo, el que unos señoritos tarden en darse cuenta de que las cosas no cuadran. Ahora está en Ortega y Gasset, por que la sede de fuencarral se la están arreglando. Apostamos a que dentro de poco alguien informa de que hay dudas en los presupuestos de los arreglos y alguno se lo ha llevado de "baracalofi".
Gracias, buen finde.
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Hay que ser mala gente para meterse con nuestro tribunal de cuentas. Si total todos los que están trabajando allí son familia. Pedir transparencia esta muy bien y que la pida el tribunal me parece acojonante. No tengo palabras. ¡Snif! (me emociono).
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