Familiares de siete víctimas del
Yak-42 han anunciado este jueves su intención de
reabrir la vía judicial después de que la
ministra de Defensa,
María Dolores de Cospedal, haya
rechazado su recurso reclamando ser indemnizadas una vez que el Ministerio
reconoció la responsabilidad de la Administración en el siniestro, según ha informado Europa Press.
Se trata de las viudas, huérfanos y hermanos (
24 personas en total) de los comandantes Felipe Antonio Perla, José Manuel Ripollés, José Antonio Fernández y Antonio Novo, el brigada Francisco Moro, el sargento primero José Luis Moreno y el cabo primero Vicente Agulló.
Todas ellas
presentaron un recurso el pasado mes de junio ante el Ministerio de Defensa que ahora ha sido rechazado por la ministra alegando que las
cantidades inicialmente concedidas ya produjeron la
"reparación integral" de los daños sufridos.
La resolución explica que
sólo debe concederse indemnización por vía de responsabilidad patrimonial
para cubrir daños "no reparados con las otras sumas percibidas como consecuencia de los mismos acontecimientos", una situación que considera que no se da en este caso según un informe de la Asesoría Jurídica General.
Sería duplicar el resarcimiento
Además, alega que
acceder a las pretensiones indemnizatorias de los recurrentes --que pedían 50.000 euros para cada viuda y 25.000 euros para cada huérfano-- supondría
"duplicar el resarcimiento por los mismos daños".
Las familias de las siete víctimas del Yak-42 habían
comparado su situación con los once
fallecidos en el incendio de Guadalajara de 2005, a los que la propia Cospedal, como presidenta de Castilla-La Mancha,
indemnizó más tarde con una ley aprobada al respecto.
En su resolución, el Ministerio de Defensa rechaza esta referencia alegando que
no se trata de un término de comparación válido, "pues no cabe equiparar supuestos manifiestamente desiguales". "No contienen elementos de comparación válidos para advertir una situación de discriminación que viole el derecho constitucional de igualdad", justifica.
Dada la situación, los familiares de los militares han abierto la puerta a,
en el plazo de dos meses, iniciar un nuevo "y penoso" proceso judicial 14 años después del accidente mediante un contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.
Benjamín Prado
Jesús Maraña
