Familiares de siete víctimas del Yak reabrirán la vía judicial tras rechazar Cospedal un aumento de las indemnizaciones

Familiares de siete víctimas del Yak-42 han anunciado este jueves su intención de reabrir la vía judicial después de que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, haya rechazado su recurso reclamando ser indemnizadas una vez que el Ministerio reconoció la responsabilidad de la Administración en el siniestro, según ha informado Europa Press.

Se trata de las viudas, huérfanos y hermanos (24 personas en total) de los comandantes Felipe Antonio Perla, José Manuel Ripollés, José Antonio Fernández y Antonio Novo, el brigada Francisco Moro, el sargento primero José Luis Moreno y el cabo primero Vicente Agulló.

Todas ellas presentaron un recurso el pasado mes de junio ante el Ministerio de Defensa que ahora ha sido rechazado por la ministra alegando que las cantidades inicialmente concedidas ya produjeron la "reparación integral" de los daños sufridos.

La resolución explica que sólo debe concederse indemnización por vía de responsabilidad patrimonial para cubrir daños "no reparados con las otras sumas percibidas como consecuencia de los mismos acontecimientos", una situación que considera que no se da en este caso según un informe de la Asesoría Jurídica General.

Sería duplicar el resarcimiento

Además, alega que acceder a las pretensiones indemnizatorias de los recurrentes --que pedían 50.000 euros para cada viuda y 25.000 euros para cada huérfano-- supondría "duplicar el resarcimiento por los mismos daños".

Las familias de las siete víctimas del Yak-42 habían comparado su situación con los once fallecidos en el incendio de Guadalajara de 2005, a los que la propia Cospedal, como presidenta de Castilla-La Mancha, indemnizó más tarde con una ley aprobada al respecto.

En su resolución, el Ministerio de Defensa rechaza esta referencia alegando que no se trata de un término de comparación válido, "pues no cabe equiparar supuestos manifiestamente desiguales". "No contienen elementos de comparación válidos para advertir una situación de discriminación que viole el derecho constitucional de igualdad", justifica.

Dada la situación, los familiares de los militares han abierto la puerta a, en el plazo de dos meses, iniciar un nuevo "y penoso" proceso judicial 14 años después del accidente mediante un contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.