Ignacio González vuelve a la cárcel tras declarar a petición propia en la Audiencia

El intento del expresidente de Madrid, Ignacio González, por lograr que el juez comience a dar pasos para su excarcelación ha topado con la Fiscalía Anticorrupción. González ha declarado esta mañana durante dos horas a petición propia en la Audiencia Nacional y todo indica que mantenido la misma línea –proclamación de inocencia total– que desplegó durante el interrogatorio del 21 de abril y que le condujo a la prisión de Soto del Real. 

La fiscal no ha pedido oficialmente la prórroga de la prisión incondicional para González. Se ha limitado a escuchar. Pero ese silencio juega no a favor sino justamente en contra del político: porque significa que Anticorrupción persiste punto por punto en su posición de abril: la de que hay motivos sobrados para impedir que el antiguo delfín de Esperanza Aguirre recupere la libertad. Entonces, la causa estaba secreta. Ahora, buena parte de ella está disponible para las partes, con lo que Ignacio González ha tenido este miércoles ocasión de ofrecer su versión sobre los datos conocidos.

La abogada de González ha apelado al juez Manuel García Castellón, sucesor de Eloy Velasco al frente del caso, para que tenga en cuenta la situación de su cliente. Pero tampoco ha pedido formalmente al magistrado que fije una fianza para su cliente. En teoría, el juez puede tomar una decisión sin ni siquiera espera a que la defensa de González reclame una caución económica pero, desde luego, eso no ocurrirá este miércoles: Ignacio González regresa así a la cárcel y se abre por tanto un impasse de duración y resultado incierto en lo que respecta al político madrileño, investigado por presunta pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, prevaricación, fraude y malversación.

Aunque no ha trascendido el contenido de su declaración, todo apunta a que el antiguo delfín de Esperanza Aguirre ha negado su participación en los graves delitos por los que se le investiga así como cualquier irregularidad en el Canal de Isabel II durante la década en que mantuvo bajo su control. 

La declaración se produce días después de que el nuevo equipo directivo del Canal de Isabel II enviase a la Audiencia Nacional un informe que desvela cómo Ignacio González movió personalmente los hilos en la operación que condujo a la ruinosa compra de la empresa brasileña Emissão en diciembre de 2013. Los investigadores sostienen que esa operación, una de las principales objeto de investigación, implicó un desvío de fondos de más de 20 millones de euros.

El informe remitido por el Canal a la Audiencia subraya que el hombre fuerte del grupo en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, aún en prisión, trataba "directamente" con Ignacio González "las decisiones sobre inversión" al otro lado del Atlántico.

Pero hay más, porque el escrito incorpora un episodio revelador del verdadero papel que desempeñó el entonces jefe del Ejecutivo madrileño. Y ese episodio se resume así: según el Canal, la compañía pública de aguas encargó en 2012 un "estudio de mercado" sobre la situación en Brasil a una empresa, Cetus Consulting, de la que "no consta" que tuviese la menor experiencia en ese sector, que solo facturó ese año 12.000 euros y cerró el ejercicio "sin personal asalariado".

A renglón seguido, y sin precisar cuál es su fuente –se infiere que un correo electrónico almacenado en sus ordenadores–, el informe sostiene que la exdirectora financiera del Canal, María Fernanda Richmond, ahora en libertad bajo fianza, le comunicó a un directivo del grupo en Colombia, Diego Arias, que la elección de Cetus se hizo porque su cabeza visible, Francisco R.M., "fue recomendado por IG". infoLibre no ha logrado contactar este lunes con nadie de Cetus en Madrid. En Brasil hay una compañía local de idéntica denominación, pero este diario ignora si guarda algún vínculo con la española.

El informe aporta un tercer dato inédito en relación a Ignacio González y que se enmarca en uno de los apartados de la compra de Emissão sobre los que la investigación busca arrojar luz: el de por qué el Canal de Isabel II se planteó primero una entrada relativamente suave en Brasil yendo de la mano de un segundo grupo español, Essentium–ahora también investigado– y comprando solo un 40% de Emissão para, finalmente y sin explicaciones, abordar la operación en solitario para hacerse no con el 40% de la firma brasileña sino con el 75%.

Pues bien, según el informe del Canal, "la persona que ejerció de enlace entre Grupo Essentium y el señor [Adrián] Martín López [gerente del Canal en aquel momento] fue la secretaria del señor [Ignacio] González González". El entrecomillado se inscribe en el relato que traza el documento sobre un encuentro entre el empresario brasileño que era propietario de Emissao con representantes del Canal y de Essentium y que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2012.

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Inmediatamente después, prosigue el informe, "en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2013 se decide, con conocimiento de la señora [Fernanda] Richmond, que la operación se articularía a través de una sociedad vehículo radicada en Uruguay en la que participarían a partes iguales Inassa y una sociedad de Grupo Essentium radicada en Panamá o Luxemburgo". Essentium posee, en efecto, una filial en Luxemburgo.

Articulada a través de una compañía con tentáculos en Panamá y mediante una transacción que incluyó pagos opacos en Suiza, la toma de control en Emissao costó al grupo público madrileño más de 23 millones de euros entre la suma desembolsada a final de 2013 por la compra y las inyecciones de los dos años siguientes. En un mes, el valor de la compañía se desplomó a la mitad. La adquisición de Emissao no solo se llevó a cabo sin una tasación externa previa sino con un diagnóstico de KPMG sobre la mesa que alertaba de los riesgos de la operación por los "deficientes procesos de control interno, de gestión y contables" y de que la firma brasileña realizaba "pago de comisiones a terceros para conseguir contratos".