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Cataluña ante el 1-O

La Generalitat envía a otros países su ley del referéndum

Miembros de Junts pel Sí y la CUP registraron este martes la proposición de ley del referéndum.

infoLibre

La Conselleria de Asuntos Exteriores de la Generalitat envió este martes un memorándum a los Ministerios de Exteriores de todo el mundo para explicar la ley del referéndum que JxSí y la CUP registraron este lunes en el Parlament y una copia de la norma en inglés.

El memorándum, el número 39, titulado La ley del referéndum para la autodeterminación de Catalunya y recogido por Europa Press, explica que la normativa busca sentar "el marco legal para la convocatoria y celebración de un referéndum para permitir a los ciudadanos de Cataluña decidir sobre su futuro político" el domingo 1 de octubre.

La Generalitat entiende la ley como una "respuesta democrática" al dictamen del Tribunal Constitucional (TC) que anuló varios preceptos del Estatut en 2010 y al rechazo del Gobierno a negociar una solución política a las demandas de autogobierno de Cataluña.

El documento acusa al Estado de haberse "embarcado en un proceso recentralizador" y de llevar a cabo, a través del Tribunal Constitucional, una interpretación altamente restrictiva de la Constitución en aspectos varios, como el uso de la lengua catalana o la financiación de políticas de la Generalitat.

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También interpreta la ley presentada este lunes como una reacción a que Cataluña se haya convertido, según el texto, en "una minoría estructural dentro del Estado español", lo que le impide disfrutar de pleno reconocimiento y participación en la vida política, económica, social y cultural de España sin sufrir discriminación, expone.

Según explica la Conselleria que lidera Raül Romeva, la ley permitirá al Govern llevar a cabo el 1-O y contempla "un número de mecanismos comunes internacionalmente comparables" como la creación de una autoridad electoral, de comités en los colegios de votación y de cargos responsables del referéndum.

Asimismo, explica que la aprobación de la normativa, que firmaron 67 diputados del Parlament, está prevista para principios de septiembre, cuando se retome la actividad parlamentaria.

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