El pacto PP-Cs cumple un año con cinco compromisos ya incumplidos

El próximo 28 de agosto se cumple un año de la firma del documento "150 compromisos para mejorar España". Cuarenta y cuatro folios que concluían con las firmas del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, y de su homólogo en Ciudadanos, Juan Carlos Girauta. Era la llave para desbloquear una legislatura que había arrancado tras las generales del 26 de junio sin un candidato a la Presidencia del Gobierno con apoyos suficientes para ser investidos. A cambio de cumplir estos compromisos, el partido de Albert Rivera ponía sus 32 escaños al servicio de la candidatura de Mariano Rajoy.

Los puntos del acuerdo están pensados, en su mayor parte, para desarrollarse a lo largo de una legislatura. Pero algunos se prometían cumplir en el primer año. De estos, cuatro no son todavía una realidad: la reforma del impuesto de sociedades; un pacto nacional para la conciliación laboral y la racionalización de horarios; un pacto por la educación, y garantizar la llegada del AVE a Asturias en 2017. A ello hay que sumar un quinto incumplimiento en un tema clave: que el Partido Popular lejos de colaborar para la puesta en marcha de una comisión de investigación en el CongresoCongreso sobre su presunta financiación ilegal, lo que ha hecho es llevarla al Tribunal Constitucional. 

Los principales roces, por la corrupción

El primer año de convivencia PP-C´s como "socios preferentes" ha transcurrido con altibajos. En los asuntos económicos, los Presupuestos Generales del Estado, por ejemplo, han logrado cerrar acuerdos. Pero no ha habido sintonía en lo que tiene que ver con la regeneración y las medidas anticorrupción. Los conservadores se han revuelto cada vez que desde la formación naranja se les ha demandado dimisiones de dirigentes implicados en escándalos de corrupción. Sirva como ejemplo el caso de Pedro Antonio Sánchez, que dejó la presidencia del PP de Murcia tras varios días asiéndose al cargo salpicado por los casos Púnica y AuditorioPúnica Auditorio. No obstante, el mayor punto de fricción sigue vivo y afecta al propio Mariano Rajoy: la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP.

El PP firmó el pacto hace un año confiando en que lograrían suavizar de alguna manera el alcance del párrafo del pacto que contempla que ambas formaciones se comprometen a "impulsar la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, que permita esclarecer las responsabilidades políticas de los hechos investigados y formular recomendaciones que impidan la repetición de casos similares en el futuro". Pero se equivocaron.

La comisión es ya una realidad. Ha celebrado dos sesiones en las que han comparecido los extesoreros del PP Luis Bárcenas, Ángel Sanchís, Rosendo Naseiro y Carmen Navarro, la tesorera actual. Y el esperado plato fuerte es la comparecencia del propio Rajoy, algo a lo que en principio los conservadores no se opusieron. Uno de los principales problemas es que no lograron que este órgano parlamentario afectase a las finanzas de los principales partidos, algo de lo que se han cobrado revancha en el Senado, donde el PP sí tiene mayoría absoluta.

El PP ha llegado al Constitucional tras ver cómo Ciudadanos, su socio de investidura, se entendía en esta comisión con Podemos y PSOE. "Una causa general", la definen los conservadores. Sus quejas concretas son que no se ha delimitado el marco de trabajo, algo que consideran una "vulneración de los derechos fundamentales" de los diputados. Así, pretenden que se fije el ámbito temporal de la investigación, el ámbito institucional y el ámbito material. Antes de acudir al TC, el Grupo Parlamentario Popular pidió a la mesa de esta comisión que tuviese en cuenta sus quejas. Pero se quedó en minoría.

En un principio, la dirección del PP en el Congreso barajó la posibilidad de reclamar al alto tribunal que paralizase la comisión de investigación mientras decidía sobre su legalidad, pero, al final, lo descartaron al entender que se trata de un trato que sólo se da a los recursos que tienen su origen en el Gobierno.

En el PP preocupa que Rajoy vaya a ser llamado a declarar a esta comisión en las próximas semanas. No se trata de un plato de buen gusto para los conservadores, pero, cuando todavía creían que era posible que la comisión afectase a todos los partidos barajaban que su jefe de filas inaugurase las comparecencias. Esto les permitía inaugurar el nuevo curso político con la corrupción fuera de foco. O al menos, con Rajoy menos señalado.

La reforma en profundidad del impuesto de sociedades

"Reformar en profundidad el impuesto de sociedades para cerrar agujeros, mejorar el control y recaudar más sin subir los tipos nominales de este impuesto, con el objetivo de aproximar los tipos efectivos de las grandes empresas a los nominales para aproximar la recaudación a la media de la zona euro". Es el punto cuarto del pacto sellado entre ambas formaciones. Llevaba especificado una fecha tope para que fuese una realidad: "A la mayor brevedad, y en un plazo máximo de tres meses, se aprobará esta reforma con un objetivo de incrementar la recaudación para la financiación de los programas sociales comprometidos" en el documento. Los tres meses se cumplieron el 28 de noviembre y esta reforma "en profundidad" no llega.

En la actualidad, el tipo nominal del impuesto de sociedades en España es del 25%, pero el porcentaje real de sus beneficios que abonan las grandes empresas a la Hacienda pública es mucho menor. infoLibre ha publicado recientemente que en 2015 –cuando el tipo nominal del tributo se situaba en el 28%–, las grandes compañías únicamente pagaron el 7,3% de sus ganancias al Estado gracias a las deducciones y bonificaciones a las que se acogieron y también a la posibilidad que aprovecharon de compensar pérdidas de años anteriores con los beneficios más recientes. El porcentaje era de apenas dos décimas más que en el año anterior.

En la presentación de los Presupuestos de este año, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, informó de la subida de la recaudación del impuesto de sociedades. Su importe, 24.399 millones de euros, según los cálculos del Gobierno, queda aún muy lejos de los ingresos del último año de bonanza de la economía, hace diez años. Entonces la Agencia Tributaria percibió 44.823 millones de euros por los beneficios de las empresas, casi el doble de lo previsto para el ejercicio en curso.

Mientras, Ciudadanos asume que esta reforma profunda no llegará hasta 2018 o 2019, informa Europa Press.

Los pactos de Estado que no llegan

Son varios los pactos de Estado que el PP se comprometió a impulsar en el marco de este acuerdo con su socio de investidura. Dos de ellos llevaban fecha de cumplimiento y ya han pasado los plazos sin ser una realidad. El punto 67 hablaba de "abrir un diálogo para alcanzar en los tres primeros meses de gobierno un Pacto Nacional para la Conciliación Laboral y la Racionalización de Horarios, para lograr una jornada laboral más compacta y flexible".

Fue el pasado diciembre cuando la ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció que impulsará este pacto para que la jornada laboral termine a las 18.00 horas. No ha habido grandes avances transcurrido ya un año de la firma del pacto. Precisamente el fin de la jornada a las seis de la tarde era uno de los puntos que detallaba el documento.

Otro de los compromisos de ambos partidos era un Pacto Nacional por la Educación, una de las asignaturas pendientes de todos los Gobiernos españoles. Es el punto 78: "Impulsar un Pacto Nacional por la Educación que cuente con el consenso de las fuerzas políticas, de la comunidad educativa y de los colectivos sociales, con el objetivo de que la educación sea una herramienta eficaz para la igualdad de oportunidades", señalaba el acuerdo.

En cuanto a los plazos subrayaba que "en el primer mes de Gobierno se constituirá una subcomisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados que permita la elaboración de un acuerdo consensuado en el plazo de seis meses". "Durante ese plazo y hasta que se logre un Pacto Nacional, se congelará el calendario de implementación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no hubiesen entrado en vigor". 

A día de hoy no hay documento consensuado. Pero no se puede decir que no haya habido avances. La subcomisión creada en el Congreso de los Diputados para el Pacto de Estado Social y Político por la Educación aprobó por unanimidad a finales de junio pedir una prórroga de seis meses, incluido julio, para redactar y enviar un documento consensuado al Gobierno de cara a la futura ley educativa.

Infraestructuras

En materia de infraestructuras, uno de los compromisos firmados era el de agilizar "los trabajos de ejecución de obras estratégicas como el AVE a Galicia y la Variante de Pajares entre León y Asturias con el fin de garantizar su puesta en funcionamiento en el año 2017". Este punto choca con los plazos facilitados por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna: acabar las obras a finales de 2020.

"Los plazos que se dan desde el ministerio son plazos realistas y, técnicamente, acortarlos es imposible", explicó.

Las fricciones que vendrán

Esta misma semana, tras reunirse con el rey, Rajoy dijo que veía "en forma" para ganar otras elecciones. Esas declaraciones despertaron un terremoto en Ciudadanos. ¿El motivo? El punto 96 del pacto. Dice así: "Establecer el compromiso de que quien haya ostentado durante ocho años consecutivos el cargo de presidente del Gobierno no opte a la reelección. En el seno del Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad de la Democracia, se procurarán las fórmulas precisas para regular este compromiso".

Un día después, la formación naranja le daba la réplica. El secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, recordaba al jefe del Ejecutivo su compromiso político por limitar los mandatos. "El interés general de la democracia española" está "por encima" de sus ganas de optar a la reelección a La Moncloa, le advirtió.

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Sobre este mismo tema, se pronunció el pasado febrero el número tres de los conservadores, Fernando Martínez-Maillo, al señalar que había cuestiones del pacto que no eran posibles sin una reforma de la Constitución para la que PP y Ciudadanos no suman.

Maillo, que participó activamente en la negociación del acuerdo, subrayó que en todo momento fueron "conscientes" de que para "muchas de las cuestiones, casi todas, era necesario hacer reformas legislativas". "Algunas exigen reformas constitucionales", añadió. Este es el caso, por ejemplo, de cuestiones como la limitación de mandatos, asunto que el PP ve propio de "regímenes presidencialistas" o la reducción de los aforamientos.

En un momento de esta rueda de prensa, el coordinador general del PP, llegó a admitir que su partido accedió a las condiciones previas de Rivera porque eran "lentejas", una alusión al dicho popular Son lentejas, si quieres las tomas y si no, las dejas.  Son lentejas, si quieres las tomas y si no, las dejasY recordó que "de la lectura del texto" del pacto queda claro que en muchas ocasiones "se habla de un pacto de Estado". Es decir, que no basta con el concurso de ambos partidos.