Cataluña ante el 1-O

Los independentistas confían en que su control de más del 80% de los ayuntamientos ayudará al éxito del 1-O

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto al vicepresidente Oriol Junqueras.

A apenas un mes y medio para que se celebre el referéndum de independencia del 1 de octubre anunciado por la Generalitat de Cataluña, aún no se conocen los detalles relativos a la organización de la consulta. Pero lo cierto es que los independentistas parten con una clara ventaja logística: más del 80% de los ayuntamientos del territorio están bajo el mando de un alcalde independentista y eso, confían, les ayudará a estar listos para poder abrir los centros de votación necesarios el 1-O pese a la oposición del Estado. No obstante, entre estos consistorios no se encuentra el de la capital, Barcelona, donde la alcaldesa Ada Colau se ha mostrado ambigua sobre su grado de compromiso con el referéndum y ha anunciado que no pondrá en "riesgo" a los funcionarios municipales haciéndoles participar en su celebración.

De los 948 municipios que existen en Cataluña, un total de 787 –el 83%, que albergan alrededor de un 43% de la población– están adscritos a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), una de las entidades que apoyan a la Generalitat en su propósito de celebrar el referéndum del 1 de octubre. Esta organización hizo público un manifiesto el mes pasado en el que los firmantes se comprometían a ceder locales municipales para el referéndum, prestar su apoyo al Gobierno catalán y al Parlament y no dar "ningún paso atrás ante cualquier impedimento político y jurídico" que interponga el Ejecutivo estatal. El escrito lo firmaron los alcaldes de ERC y la CUP, pero no los del PDeCat, que si bien lo evitaron para no verse expuestos a eventuales "consecuencias judiciales", sí estuvieron presentes en un acto público con el presidente catalán, Carles Puigdemont, en el que más de 500 regidores se reunieron para mostrar su apoyo a la consulta.

A este respecto, según datos facilitados por la propia Asociación, 384 de estos 787 municipios están gobernados por el PDeCat o por la antigua coalición CiU, otros 241 tienen alcaldes de ERC, 51 de los regidores son del PSC, 15 gobiernan con las siglas de la CUP, 13 son de ICV/EUiA, diez de Més y, por último, 73 están liderados por alcaldes de partidos locales. El apoyo municipal a la celebración del referéndum del 1-O podría ser, incluso, mayor a este 83% de ayuntamientos presentes en la AMI, ya que también hay algunos consistorios controlados por los independentistas que no integran este grupo. Y es que, por ejemplo –y tomando como referencia los datos oficiales de la Generalitat–, 46 de las localidades gobernadas por CiU no están inscritas en la asociación, si bien presumiblemente apoyarán a la Generalitat a la hora de llevar a cabo la consulta de independencia.

Ciudadanos no gobierna en ningún municipio catalán y el PP únicamente tiene la alcaldía en las localidades de Pontons (Barcelona) y Godall (Tarragona), por lo que su cierre en banda a amparar el referéndum es prácticamente anecdótica. Por el contrario, lo que termine haciendo el PSC sí es importante, ya que los socialistas controlan en torno a 120 alcaldías en Cataluña. No obstante, pese a que 51 de sus regidores pertenecen a la AMI, su dirección ha dado orden de no apoyar el referéndum, y la dirección federal del PSOE confía en que su partido hermano en Cataluña sea capaz de mantener la disciplina entre los alcaldes y de evitar que alguno de ellos preste locales para la celebración de la consulta.

Sin embargo, Jordi Gaseni, vicepresidente de la AMI y alcalde de l'Ametlla de Mar por ERC, cree que no está tan claro que algunos alcaldes del PSC no vayan a facilitar la organización del referéndum. "Puede que a nivel de partido exista una directriz, pero es complicado estar en contra de una reivindicación tan mayoritaria", opina Gaseni, que asegura igualmente que "el hecho de que un municipio no esté inscrito en la AMI no implica necesariamente que su ayuntamiento vaya a ponerse en contra del referéndum" ya que, recuerda, "para pertenecer a la AMI se necesita la mayoría absoluta del pleno municipal, y hay alcaldes que no pueden unirse porque otros partidos pactan en contra" o, sencillamente, porque prefieren no hacerlo.

El papel de los ayuntamientos

Pero, ¿es importante la participación de los consistorios a la hora de poner las urnas? "El papel que van a jugar va a ser el mismo que en cualquier proceso electoral, es decir, se encargarán fundamentalmente de ceder locales" para utilizarlos como centros de votación, explican fuentes de ERC a este diario. De esta forma, salvo sorpresa, más del 80% de los municipios catalanes estarán dispuestos el 1-O a abrir sus colegios para que los ciudadanos voten en la consulta. Y en las localidades gobernadas por partidos contrarios al referéndum, "la Generalitat utilizará los institutos" –que, a diferencia de las escuelas, son gestionados por ella y no por los consistorios– como colegios electorales. "La idea es que los edificios que se utilicen sean los de la administración", confirman estas fuentes.

La negativa de algunos municipios a poner las urnas en sus colegios –que dificultaría el voto, pero no paralizaría el referéndum– ya se produjo en la consulta no vinculante que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2014. Según datos recogidos por el diario VilaWeb, en aquel proceso se sacaron urnas en un total de 1.317 puntos de votación, frente a los 2.706 colegios electorales que abrieron en las elecciones generales del 26J. La provincia donde hubo mayor diferencia entre una y otra votación a este respecto fue Barcelona, donde se concentran los municipios más poblados (lo que implica que, si uno no participa, muchos más colegios queden sin abrir) y, sobre todo, donde está la capital, que en esta ocasión no ha dejado claro si cederá locales para celebrar el referéndum. 

Y es que la ciudad de Barcelona podría ser el gran agujero en los planes de los promotores del referéndum para poner en marcha la consulta, ya que la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, ha dejado claro que no tiene intención de poner "en peligro a los funcionarios" por la realización del 1-O. "El Govern debe aclarar si tendrá censo, urnas y equipamientos. Entiendo que cuando lo ponga negro sobre blanco comunicará a los ayuntamientos qué espera de nosotros", y aunque "el ayuntamiento estará encantado de facilitar la participación, en un referéndum o en otras movilizaciones", "si hay inseguridad o incertidumbre jamás pediré a ningún funcionario público que se ponga en una situación comprometida", aseguró Colau en una entrevista en El Periódico.

La Delegación del Gobierno en Cataluña, por su parte, explicó hace varios días que dará instrucciones para llevar a los tribunales a todos los ayuntamientos que promulguen decretos o aprueben en sus plenos la cesión de locales para el referéndum.

La Generalitat niega el riesgo para los funcionarios

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Sin embargo, los partidarios del referéndum rechazan que los empleados públicos estén sujetos a algún riesgo si participan en una consulta que se celebrará fuera de la legalidad española. "La única función de los funcionarios en el proceso será la de transmitir la información de las mesas de votación a la Sindicatura electoral", el homólogo catalán de la Junta Electoral Central fundado para la consulta, aseguran fuentes de ERC, mientras Jordi Gaseni insiste en que los funcionarios no jugarán ningún papel en su condición de tal en el referéndum.

En la web Garanties.cat, abierta por la propia Generalitat para resolver dudas relativas al referéndum, se explica que "ley electoral no prevé la utilización de trabajadores públicos en la organización de las jornadas electorales", si bien se admite que "los representantes de la administración serán los encargados de la logística de la jornada electoral, es decir, de confirmar la apertura de los locales, de supervisar la configuración de las mesas, de recoger los datos relativos a la participación electoral o de transmitir la información de los resultados al Centro de Recogida de Datos". "La Generalitat no obligará a nadie a desempeñar ese papel. Se abrirá una bolsa y el Gobierno acreditará los agentes electorales necesarios, que cobrarán una retribución económica por las horas de trabajo, como se hace siempre", concreta la web.

Con respecto al censo que se utilizará, otra de las dudas planteadas por Colau, en su portal informativo la Generalitat no atribuye ninguna función a los ayuntamientos. "El censo se hace a partir de los datos de la población de Cataluña, unos datos que elabora la Oficina del Censo Electoral y que la Generalitat tiene al alcance", asegura la institución, que insiste en que "durante el proceso electoral, como siempre, los ciudadanos recibirán la tarjeta censal para que puedan participar" y reitera que estarán llamadas a las urnas "las personas que tengan derecho a voto en las elecciones al Parlament de Cataluña y que estén inscritas en el censo elaborado por la Oficina del Censo Electoral de Cataluña".

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