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Cataluña ante el 1-O

Los independentistas barajan aprobar la ley del 1-O y convocar el referéndum en menos de 24 horas

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el vicepresidente primero, Lluis Guinó, este miércoles.

Queda menos de mes y medio para que se celebre el anunciado referéndum de independencia del 1 de octubre en Cataluña y los tiempos se aprietan. Por ahora, el Parlament catalán ni siquiera ha aprobado la norma que ofrecerá soporte jurídico a la consulta y, por tanto, ésta no está convocada oficialmente. Pero los independentistas barajan tres opciones para dar luz verde a la norma en las próximas semanas y llamar oficialmente a los ciudadanos a las urnas, todo ello en menos de un día, con el fin de esquivar las trabas del Gobierno central, que ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional para impedir que se celebre el referéndum.

La expectación era máxima este miércoles, dado que se produjo la primera reunión de la Mesa del Parlament tras las vacaciones de verano y cabía la posibilidad de que la presidenta del órgano legislativo, Carme Forcadell, introdujera en el orden del día la tramitación de la proposición de ley que registraron hace unas semanas Junts pel Sí y la CUP para dar soporte legal al referéndum del 1-O. No obstante, finalmente la Mesa no ha tramitado la propuesta, algo que ha sido duramente criticado por la oposición pero que Forcadell ha justificado por su "complejidad" y por la "judicialización de la política" catalana.

Lo cierto es que los independentistas, por un lado, y el Gobierno central, por otro, se encuentran jugando una partida de ajedrez, y cada movimiento está pensado para tratar de zancadillear la estrategia del contrario. Por tanto, habida cuenta de que el Gobierno recurrirá indefectiblemente al Tribunal Constitucional la aprobación de la ley del referéndum del 1-O, el objetivo de los independentistas es conseguir aprobar la norma en el Parlament y utilizarla para convocar la consulta en un tiempo récord de menos de un día. De esta forma, cuando la justicia suspenda la ley, el referéndum ya estará oficialmente convocado bajo la "legalidad catalana".

Aunque todas las fuentes consultadas insisten en que el devenir de los acontecimientos es extremadamente imprevisible y en que no puede darse ninguna de las opciones por segura, fuentes de ERC explican que el bloque independentista baraja tres vías para conseguir este objetivo. La primera de ellas pasa por tramitar y aprobar la ley del referéndum en menos de un día, para lo cuál los independentistas pretenden utilizar un resquicio en el reglamento del Parlament.

En esta primera opción, el camino a recorrer comenzaría previsiblemente el día 6 de septiembre, fecha para la cuál está previsto el primer pleno del Parlament tras las vacaciones de verano. Pese a que inicialmente el debate de la ley del referéndum no estaría en el orden del día del pleno, las fuentes consultadas explican que Junts pel Sí y la CUP podrían hacer uso del artículo 81.3 del reglamento del Parlament, que establece que "el orden del día del pleno puede ser alterado si éste así lo acuerda, a propuesta del presidente o a petición de dos grupos parlamentarios". De esta forma, quedaría superado el primer escollo, ya que Junts pel Sí y la CUP introducirían en el orden del día el debate de la ley del referéndum sin necesidad de que la proposición pasase por la Mesa y pudiera ser recurrida por el Gobierno central al ser admitida a trámite.

Pero para que, además de debatirse, la ley se aprobase en el mismo día, los independentistas tendrían que utilizar la segunda parte del artículo 81.3, que establece que "si se incluyera un asunto [en el orden del día del pleno], éste ha de haber completado los trámites reglamentarios que le permitan ser incluido, salvo acuerdo explícito en sentido contrario, por mayoría absoluta". Una mayoría absoluta con la que cuentan los independentistas –entre Junts pel Sí y la CUP suman 71 diputados, tres más de los 68 necesarios– y que, según su interpretación, les permitiría votar la ley del referéndum en esa misma sesión sin haber pasado por fases como la toma en consideración o el debate en comisión.

Fuentes del bloque independentista explican que, si se utilizara este procedimiento para aprobar la ley del referéndum, se produciría una rápida sucesión de acontecimientos una vez la norma tuviera luz verde, con el objetivo de anticiparse a la segura suspensión de la ley por parte del Tribunal Constitucional. Según estas fuentes, nada más terminar el debate en el Parlament, se publicaría la nueva ley en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya –el equivalente al BOE a nivel estatal– y el presidente autonómico, Carles Puigdemont, firmaría el decreto de convocatoria de la consulta sobre la independencia esa misma tarde (o noche, en función de las circunstancias).

Previsiblemente, el Gobierno central recurriría cuanto antes la norma al Constitucional y éste la suspendería cautelarmente pocos días después de su aprobación, pero la Generalitat ya ha dejado claro que piensa desobedecer cualquier resolución en ese sentido y someterse únicamente a la norma aprobada por el Parlament catalán.

Un proyecto de ley o un decreto

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Las otras dos opciones que barajan los dirigentes independentistas para aprobar la ley del referéndum pasan por que sea el Gobierno de Puigdemont el que tome la iniciativa, algo que no ve con buenos ojos la CUP, cuyo papel quedaría relegado en este supuesto y que prefiere que sea el legislativo el que promueva la norma. En primer lugar, explican fuentes de ERC, el Ejecutivo autonómico podría presentar la norma como un proyecto de ley, algo que permitiría –según establece el reglamento del Parlament– aprobarla por un procedimiento exprés. La segunda opción es más expeditiva, y pasaría por que Puigdemont firmase un decreto-ley que tendría que ser convalidado por la cámara legislativa en el plazo máximo de un mes, pero que entraría en vigor de manera inmediata.

Si el Gobierno catalán se decidiera a presentar la ley del referéndum a través de un proyecto de ley, bastaría únicamente que el pleno del Parlament aprobase su tramitación en lectura única para que pudiera debatirse y aprobarse el texto en una única sesión, mientras que si utilizara la vía del decreto-ley, la aprobación sería inmediata y el legislativo no tendría ningún papel hasta varias semanas después, cuando debería convalidar el decreto. En cualquiera de los dos casos, Puigdemont no perdería el tiempo y convocaría la consulta del 1-O anticipándose a la reacción del Gobierno central y a la eventual suspensión de la ley por parte del Tribunal Constitucional.

No obstante, las fuentes independentistas consultadas estiman que estas dos vías alternativas cuentan con algunas desventajas. Y es que, además de generar una brecha entre Junts pel Sí y la CUP, algunos dirigentes creen probable que los diputados de grupos como el PP o Ciudadanos se negarían a asistir a una eventual sesión que sirviera para convalidar el decreto-ley del Gobierno o para aprobar en lectura única su proyecto de ley. Por el contrario, "si se utiliza la vía del artículo 81.3, todos van a estar en el Parlament", apunta un dirigente independentista, que deja incluso la puerta abierta a que el pleno previsto para el 6 de septiembre se adelante unos días para tratar de ganar tiempo para organizar el 1-O.

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