La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) respondieron este lunes a la intención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de
modificar el Código Penal para hacer frente a la amenaza yihadista, con que este
ya delimita a la perfección los delitos en materia de terrorismo.
La primera, mayoritaria en la carrera, consideró que no tiene sentido endurecer aún más la respuesta penal al yihadismo. Así lo expuso en declaraciones a Europa Press su portavoz Celso Rodríguez, quien recordó que España tiene
una de las legislaciones más duras del mundo en materia de terrorismo. "No se puede endurecer más el Código Penal", precisó.
Además, añadió que, por encima de la prisión permanente revisable aprobada en 2015, solo hay dos figuras más estrictas: la prisión permanente (cadena perpetua) y la pena de muerte, ambas prohibidas en la Constitución. "Por lo tanto en las figuras de participación más grave de los delitos de terrorismo
es imposible endurecerlo más", sostuvo.
Por su parte, el portavoz de la AJFV,
Raimundo Prado, matizó que el Código Penal
regula "perfectamente" no solo los hechos relacionados directamente con la comisión de delitos de terrorismo, sino con la
cooperación y participación en menor grado. De este modo, también se considera delito de terrorismo el depósito de armas, el adoctrinamiento terrorista, la financiación, la colaboración con actividades terroristas y la humillación a las víctimas.
Cooperación policial e internacional
La prioridad pasaría por
fomentar la cooperación en materia internacional, señaló Prado en una línea similar a la expuesta por Rodríguez, quien recordó que, para este cometido, es necesario reforzar la coordinación policial sin necesidad de esclarecer cuál es el
papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son los que deben investigar los hechos relacionados con terrorismo sin perjuicio de colaboración con las demás fuerzas.
"Deben ser ellos primero por su experiencia y eficacia demostrada, segundo por la
relación con las estructuras policiales no solo de la UE sino de otro ámbito internacional y además porque estamos ante una amenaza global y de
una cuestión de Estado, no de índole local", aseveró Rodríguez.