El futuro de Cataluña

Puigdemont avanza hacia la ruptura con España y Moncloa mantiene en secreto su estrategia

Los diputados de JxS Lluís Corominas y Jordi Orobitg y los de la CUP Benet Salellas y Gabriela Serra presentan la ley de transitoriedad este lunes.

Aún con la polémica manifestación contra el terrorismo del domingo en la retina, la actualidad política impone su ritmo y vuelve a situar al Gobierno de Mariano Rajoy y a la Generalitat en frentes opuestos. Este lunes, el bloque independentista registró en el Parlament la proposición de ley con la que pretenden dotarse de un marco legal para llevar a cabo la secesión si vence el sí en el referéndum del 1 de octubre, lo que supone redoblar la apuesta por una consulta que llevará inevitablemente al Gobierno autonómico a desobedecer la legalidad española. El Ejecutivo central, por su parte, asegura que tiene controlados todos los escenarios, y sostiene que está dispuesto a llegar al secuestro de las urnas si eso es necesario para impedir el referéndum, pero no da detalles sobre su estrategia.

La metáfora del "choque de trenes" es recurrente desde hace años, ya que el tira y afloja entre Gobierno y la Generalitat desde el inicio del procés ha sido constante. Pero la posibilidad de ese choque nunca había sido tan real como ahora, admiten fuentes independentistas, que prevén que en las próximas semanas se produzca por fin ese enfrentamiento directo cuando las instituciones catalanas, con el presidente Carles Puigdemont a la cabeza, decidan unilateralmente desobedecer la legalidad española para celebrar el referéndum de independencia.

Y es que es seguro que el Tribunal Constitucional suspenderá cautelarmente tanto la ley del referéndum –la que ofrecerá soporte jurídico a la consulta– como la ley de transitoriedad jurídica –la presentada este lunes, que plantea los pasos a dar tras una hipotética victoria del sí en la consulta–, por lo que si Puigdemont sigue adelante con la convocatoria, lo hará desconociendo el criterio del tribunal y apelando a la "legalidad catalana". Fuentes del bloque independentista aseguran que el president y su gabinete están decididos a actuar, por lo que el choque de trenes parece garantizado.

Los próximos días se presentan movidos en el Parlament. Este martes tendrá lugar una reunión de la Mesa –el órgano de gobierno de la cámara– en la que no está previsto que se discuta la admisión a trámite de la ley del referéndum, pese a que ésta fue registrada a finales de julio. No obstante, fuentes de ERC admiten que el tiempo se echa encima y que es urgente aprobar ya tanto la norma que regulará la consulta como la ley de transitoriedad presentada este lunes, por lo que –siempre según estas fuentes– la fecha más probable para dar luz verde a estas normas, o al menos a una de ellas, es el pleno que se celebrará los días 6 y 7 de septiembre.

Junts pel Sí y la CUP tienen decidido que la tramitación de ambas normas sea exprés, y para ello la opción más probable –señalan estas fuentes– pasa por hacer uso del artículo 81.3 del reglamento del Parlament, que establece que "el orden del día del pleno puede ser alterado si éste así lo acuerda, a propuesta del presidente o a petición de dos grupos parlamentarios". De esta forma, los independentistas introducirían en el orden del día el debate de una o, incluso, las dos leyes sin necesidad de que pasasen por la Mesa y pudieran ser recurridas por el Gobierno central al ser admitidas a trámite. Además, según su interpretación, el artículo 81.3 también les facultaría a, utilizando su mayoría absoluta, votar y aprobar las normas sin pasar por varias fases de la tramitación estándar, como la toma en consideración o el debate en comisión.

Una vez aprobada la ley del referéndum, el plan del Gobierno catalán es que Puigdemont haga uso de ella y convoque la consulta en un plazo aproximado de 24 horas, antes de que el Gobierno la recurra y el Tribunal Constitucional la suspenda cautelarmente. Será entonces, cuando el TC anule la norma, cuando se producirá finalmente el choque de trenes que se viene larvando desde hace tiempo, porque Puigdemont desconocerá la autoridad del tribunal y seguirá adelante. "La ley del referéndum va a estar por encima de todo, porque el president va a entender que está obligado a obedecer al Parlament" aun por encima de la legalidad española, argumentan fuentes independentistas.

Un triunfo de la CUP

En cualquier caso, para celebrar el referéndum no es necesario más que tener aprobada la ley que lo regula. El hecho de que, además, el bloque independentista se haya comprometido a dar luz verde a la ley de transitoriedad jurídica antes del 1 de octubre se interpreta por parte de todas las fuentes consultadas como un triunfo de la CUP frente a los postulados del PDeCAT. La norma establece un plan a seguir tras el eventual triunfo del sí en la consulta que incluye un calendario para celebrar elecciones constituyentes en seis meses, el nombramiento de Carles Puigdemont como jefe del nuevo Estado o la posibilidad de acceder a la nacionalidad catalana sin renunciar a la española, un planteamiento que, explican fuentes de ERC, garantiza que no exista "un limbo" si vence la opción de la secesión el 1-O.

"La razón por la que Junts pel Sí y el PDeCAT han tenido que ceder y comprometerse a aprobar la ley de transitoriedad antes del referéndum es muy sencilla: la CUP les ha apretado y les ha amenazado con romper si no lo hacían", apunta un dirigente no independentista, que asegura que con este movimiento "el procés puede descarrilar", pero señala que "en el caso de que no hubieran presentado la ley ya, [el bloque independentista que lo impulsa] corría riesgo de romperse".

Sin embargo, el acelerón del Gobierno catalán camino a la celebración del referéndum y a la independencia no parece inquietar al Ejecutivo central. Fuentes del Gobierno insisten en la idea que repite desde hace semanas el presidente Mariano Rajoy: no va a haber consulta de ninguna de las maneras, y el Ejecutivo hará lo que haga falta para que así sea. "Lo que quiere Puigdemont, al final, es tener la imagen de la Policía retirando las urnas, y el Gobierno va a hacer todo lo posible por evitarlo, pero si es necesario, lo hará", apuntan estas fuentes, que insisten en que no se repetirá la imagen del 9 de noviembre de 2014, cuando diferentes responsables de la Generalitat ofrecieron datos de participación y resultados como si de una votación normal se tratase.

De hecho, el Gobierno central cree tener todas las contingencias cubiertas, y las fuentes consultadas señalan que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría así se lo ha transmitido a sus colaboradores. "Tenemos estudiados todos los escenarios, e iremos respondiendo a cada movimiento" de Puigdemont, plantean a este respecto fuentes del Gobierno, que no obstante se muestran reticentes a ofrecer detalles. Por su parte, el bloque independentista utiliza el mismo argumento y también apuesta por ser sigiloso: "Hay planes B preparados", se limitan a señalar.

Las vías legales

En este sentido, el Estado cuenta con varias herramientas para tratar de dificultar e impedir la celebración del referéndum. Lo previsible, explica Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, es que el Constitucional comience avisando por escrito de la ilegalidad del referéndum y de las consecuencias a las que se exponen a aquellos implicados en su celebración, como ya ha hecho en ocasiones anteriores. En esta ocasión, además de los miembros del Gobierno autonómico, también serían posibles receptores de estas notificaciones los miembros de órganos como la Sindicatura Electoral –el órgano que hará las veces de Junta Electoral Central–, apunta Arbós.

Por otra parte, el Gobierno sigue teniendo en la recámara la bala del artículo 155 de la Constitución, que le permitiría tomar un amplio abanico de medidas: desde suspender de manera temporal la Generalitat de Cataluña hasta disolver el Parlament. Este lunes, el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, se mostró favorable a aplicar este artículo "si sirve para evitar este golpe de estado", aunque matizó que sólo lo vería necesario en un "caso extremo", y Rajoy se mostró contrario a su aplicación hace unos días. Entre sus desventajas para el Gobierno se cuenta la lentitud de su tramitación: primero, Rajoy debería requerir por escrito a Puigdemont que paralizara el referéndum y, si este no lo hiciera, el Senado tendría que aprobar la intervención por mayoría absoluta, un trámite que el PP superaría fácilmente con su mayoría absoluta pero que retrasaría la aplicación del artículo 155.

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Una tercera opción pasa por aplicar la Ley de Seguridad Nacional, que según explica Arbós puede ser activada por Rajoy cuando lo considere necesario y faculta al Gobierno central a "intervenir algún departamento de la Generalitat, aunque no a disolver el Parlament ni a paralizar el Gobierno" autonómico. Pese a tener menor alcance que el artículo 155, la norma daría al Ejecutivo manos libres para poner bajo sus órdenes directas departamentos clave para el referéndum como el de Interior o el de Vicepresidencia.

Ni siquiera el hecho de que se coloquen las urnas el 1 de octubre garantiza que la votación termine celebrándose. "Un particular cualquiera podría acudir a un juzgado a denunciar que se está cometiendo una ilegalidad y el fiscal no podría negarse a investigarlo" porque sería flagrante la comisión de este delito, explica Arbós, que también explica que la intervención de la justicia podría venir por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que investiga la querella de la fiscalía contra la consejera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, por la compra de urnas para el referéndum.

Esta querella señalaba que la compra de urnas "supone una puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista" en Cataluña, contrario a los "expresos mandatos" del Tribunal Constitucional, y esos argumentos fueron considerados válidos por el TSJC para abrir diligencias, por lo que, argumenta Arbós, el tribunal podría "dar la orden de secuestrar" estas urnas.

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