Los tribunales limitan el recorte a la enseñanza concertada decretado por la Comunitat Valenciana y Aragón

La pretensión de los gobiernos autonómicos de la Comunitat Valenciana (PSPV-Compromís) y Aragón (PSOE-CHA) de reducir progresivamente la red educativa concertada – privada subvencionada con fondos públicos y mayoritariamente religiosa– está encontrando obstáculos en la justicia. De forma reciente, los tribunales superiores de ambas comunidades han aceptado las suspensiones provisionales solicitadas por algunos de los centros educativos afectados, que demandaron que su exclusión del sistema de conciertos quedara sin efecto para este curso, a la espera de que se resolvieran los recursos impulsados por la vía contencioso administrativa. 

Ambas comunidades defienden una agenda con puntos en común que tiene, entre sus objetivos, poner fin al "desmantelamiento de la educación pública" puesto en marcha por el PP en anteriores legislaturas. Sus dirigentes defienden que la red pública es la que garantiza la equidad y la igualdad de oportunidades, pues está disponible para todo tipo de alumnado y "no solo adonde hay oportunidad de negocio". Los centros y familias de la concertada, la Iglesia católica y el centro derecha político han respondido a estas pretensiones con sonadas movilizaciones. 

El Gobierno valenciano ordenó retirar para este curso el concierto en 29 unidades en Educación Infantil y Primaria con la justificación de que estaban debajo de la ratio o de que la oferta pública en la zona era suficiente para cubrir las necesidades. También suprimió el concierto en 27 aulas de bachillerato, en virtud de un nuevo decreto que condiciona la financiación de aulas privadas en etapas no obligatorias a que la pública no cubra la demanda.

La iniciativa no fue una sorpresa, pues los miembros del Acord del Botànic –el pacto a tres entre PSPV, Compromís y Podemos que sostiene el Gobierno valenciano– se comprometieron a "reducir progresivamente los conciertos". Pese a ello, las protestas para criticar la política educativa del Consell y defender a la escuela concertada frente a lo que consideran un ataque por parte de la Generalitat han sido multitudinarias. 

Pero la movilización no se quedó en la calle. Los centros educativos también utilizaron la vía judicial para mantener unidades suprimidas de cara al curso que está a punto de comenzar. Por el momento, ya hay al menos seis autos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana aceptando las medidas cautelares solicitadas por otros tantos centros. No obstante, el tribunal les exige el depósito del importe equivalente al dinero que reciben de la Generalitat. Es decir, del dinero que podría tener derecho a recuperar la Administración autonómica en el caso de que se desestimaran los recursos contencioso administrativos interpuestos por los colegios contra la resolución que acuerda la no renovación de los conciertos.

Por su parte, el Gobierno aragonés acordó suprimir 15 aulas del primer curso de Educación Infantil "atendiendo a criterios de planificación y programación educativa derivados del descenso demográfico y de las necesidades de escolarización". De hecho, aunque entre las garantías que Podemos exigió al Ejecutivo regional en marzo para aprobar los presupuestos de 2017 se incluía el compromiso de frenar la renovación de conciertos en al menos 28 aulas, al final los anulados se quedaron casi en la mitad. 

Ante el revuelo que entre los centros y las familias generó este acuerdo, el presidente de Aragón, Javier Lambán, rechazó que se estuviera usando a la enseñanza concertada "como moneda de cambio" en las negociaciones presupuestarias, si bien reiteró que su Gobierno era "absolutamente partidario de la escuela pública" y que lo que estaba intentando "equilibrar" ambos modelos y restituir los "destrozos que el PP causó a la escuela pública".

Y aunque el Ejecutivo regional reiteró que la reducción de los conciertos no afectaría a los alumnos ya matriculados ni al profesorado, pues había un compromiso de recolocación, siete centros recurrieron a la vía judicial. El TSJ de Aragón denegó la adopción de medidas cautelares a dos de ellos "al no cumplir la ratio exigida" por la Consejería de Educación, pero sí las concedió a otros cinco en los que sí se habían presentado en el proceso de escolarización más solicitudes de admisión que vacantes ofertadas.

La concertada en el pacto educativo

Las pretensiones de ambos Gobiernos autonómicos –también los de otras comunidades que han reducido el número de unidades concertadas para el próximo curso como Andalucía o Asturias– chocan con la reforma educativa impulsada en 2013 por el exministro José Ignacio Wert, que supuso un espaldarazo para la enseñanza privada subvencionada.

La Lomce rebaja la preeminencia legal de la escuela pública sobre la concertada e incluye conceptos como el de la "demanda social" a la hora de planificar la oferta de plazas, lo que se ha interpretado como una vía para favorecer la creación de nuevos conciertos. También establece para las administraciones educativas la obligación de garantizar "la existencia de plazas suficientes", sin especificar –como se había hecho desde 1985– que debería utilizarse para ello de forma preferente la red pública.

El régimen de financiación de la escuela concertada es uno de los aspectos que ha salido a colación en la subcomisión parlamentaria que tiene como objetivo establecer un gran pacto político y social que ponga los cimientos de una nueva ley que reforme de nuevo la Lomce. No obstante, el único consenso que existe entre la mayoría de los grupos es sobre la necesidad de que se garantice el cumplimiento de lo que la ley establece respecto a la escuela concertada. Es decir, la eliminación de las cuotas y de otros criterios discrecionales que permitan segregar al alumnado, con el objetivo de que no sea la escuela de la clase media-alta, sino una opción más dentro del sistema.

El 90% de los centros educativos religiosos recibe financiación pública a través de conciertos

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La pugna entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza –que se reconozca el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos– es un punto tradicional de conflicto en el debate educativo entre derecha e izquierda. Y eso a pesar de que fueron los socialistas los que, a través de la LODE (Ley Reguladora del Derecho a la Educación), aprobada en 1985 por el ministro José María Maravall, formalizaron el sistema de la escuela concertada para universalizar la educación básica.

Sus ideólogos sostienen que la escuela privada sostenida con fondos públicos fue creada "para llegar a aquellos lugares donde no alcanzaba la pública" y así prestar el mismo servicio a la sociedad. Sin embargo, la concertada ha sido utilizada por algunas comunidades autónomas para hacer negocio al tiempo que se erigía un verdadero cambio de modelo que apuntaba a la disminución de la preeminencia de la escuela pública.

De hecho, el dinero público dedicado a la educación concertada ha subido un 43% en una década y ya supera los 5.700 millones anuales, según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Educación. Los colegios privados subvencionados recibieron en 2014 un total de 5.769 millones, 1.744 más que en 2004. Por comunidades, País Vasco, Navarra, Baleares y Madrid son las que, en porcentaje, más fondos destinan a los centros concertados.