El Tribunal de Cuentas reabre sin marcha atrás el caso por la venta de pisos de Madrid a un fondo buitre

A punto de cumplirse cuatro años desde que el equipo de Ana Botella vendió 1.800 pisos públicos de Madrid al fondo buitre Blackstone en una oscura operación repleta de incógnitas, el Tribunal de Cuentas acaba de reactivar, y ahora sin marcha atrás posible, la investigación sobre el caso.

La oposición tajante del consistorio y de la propia Fiscalía del tribunal al carpetazo dado en mayo al asunto ha revertido el rumbo. En un edicto notificado el 17 de julio y publicado en el BOE el 31 de julio, el máximo órgano fiscalizador comunica la reapertura y pone así en marcha el procedimiento que dirimirá si, como sostienen la Fiscalía y los actuales rectores de la empresa madrileña de vivienda (EMVS), aquella venta causó un perjuicio contante y sonante al erario madrileño. Fuentes de la EMVS han confirmado este jueves a infoLibre que su personación en la causa ya se ha hecho efectiva.

En septiembre llegará el siguiente paso: la presentación de lo que se conoce como demanda de responsabilidad contable por alcance contra aquellos a quienes la EMVS considere culpables del quebranto económico derivado de esa venta. Si la demanda prospera y el Tribunal de Cuentas dicta una sentencia condenatoria, los demandados estarán obligados a reintegrar el dinero.

La lista de demandados permanece, de momento, bajo el signo de interrogación. La EMVS no ha determinado aún si en un primer momento incluirá nombres y apellidos en su demanda o si por el contrario utilizará una fórmula genérica que le permita acotar identidades más adelante. En cualquier caso, las fuentes consultadas precisaron que "no está descartado" que la acción judicial afecte también a quien en el momento de la venta, octubre de 2013, era concejal de Urbanismo, Paz González, del PP.

La notificación de reapertura cursada a la EMVS en julio lleva la firma de la consejera del Tribunal de Cuentas María Antonia Lozano, designada para el cargo a propuesta de IU y del PSOE. Ajena al archivo de las diligencias ahora anulado –fue una técnica la que decidió aquel cierre en contra del criterio de la Fiscalía–, Lozano ya intentó meses atrás desligarse de este procedimiento. ¿Por qué? Porque antes de que en 2015 Marta Higueras se convirtiera en primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, mano derecha de la alcaldesa Manuela Carmena y responsable máxima de la EMVS, había trabajado directamente a las órdenes de Lozano en el Tribunal de Cuentas. La respuesta que Lozano recibió es que no había causa para su abstención en aquel momento dado el carácter preliminar de las diligencias abiertas.

¿Se abstendrá de nuevo Lozano una vez que tenga la demanda de la EMVS sobre su mesa, la recusará alguno de los demandados? Las fuentes consultadas lo ignoran pero, dadas las circunstancias, creen probable y razonable que la tramitación de la causa de alcance contable por la venta de viviendas a Blackstone termine recayendo sobre otro miembro del órgano fiscalizador.

La Ley del Tribunal de Cuentas define el alcance contable del siguiente modo: "El saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, ostenten o no la condición de cuentadantes ante el Tribunal de Cuentas".

En principio, una sentencia por alcance no implica la existencia de un delito de malversación, aunque tampoco lo excluye. Pero una eventual condena del Tribunal de Cuentas representa no solo la devolución forzosa del dinero sino un severo reproche al mal uso de fondos públicos. 

La Fiscalía cifra el perjuicio de la Operación Blackstone en 2,3 millones. La empresa pública de viviendas maneja cifras muy superiores:"El precio de venta (128.500.000 euros) fue muy inferior al valor contable de los inmuebles (159.375.025,53 euros), al de su precio máximo como viviendas de protección pública (291.299.855 euros) y al de su precio de mercado (249.272.310,92 euros)". Así lo expone el texto con que la EMVS se revolvió contra el archivo de las actuaciones y exigió al Tribunal de Cuentas su reanudación.

A través de dos filiales, y pese a que otra empresa ofrecía más dinero, Blackstone se alzó en 2013 con la adjudicación de 1.800 pisos sociales de alquiler por 128,5 millones. Esa cifra no solo era inferior en dos millones al de la oferta final elevada a la EMVS por el fondo buitre sino que incluyó un plus que nadie ha explicado todavía: 11 garajes y dos trasteros por los que Blackstone no pagó ni un solo euro de más.

El traspaso de las propiedades asestó una bofetada a los inquilinos de esas 18 promociones, todas construidas con un fin netamente social, y dio al traste con sus planes para acceder a la titularidad de los pisos a precios asequibles. Las escrituras en favor de Blackstone se formalizaron en octubre de 2013. Bajo aquella montaña de papel timbrado quedaron camuflados dos datos que, según la Fiscalía, acreditan la existencia de graves irregularidades: la rebaja de dos millones que la EMVS aceptó aplicar en el precio global so pretexto de una supuesta morosidad de los arrendatarios nunca demostrada y la propina de los garajes. 

Nada de todo eso se supo mientras gobernó el PP. Pero la llegada a la Alcaldía de Manuela Carmena tras las elecciones de 2015 destapó múltiples interrogantes todavía irresueltos. Por ejemplo, nadie sabe a día de hoy qué tareas desarrolló una unión temporal de empresas (UTE) a la que la EMVS pagó 2,4 millones por la supuesta "intermediación inmobiliaria" con Blackstone. De esa intermediación no ha quedado rastro. Es más, oficialmente iba destinada a buscar comprador para solares ajenos al paquete de viviendas con que finalmente se quedó el fondo buitre. La UTE estaba capitaneada por un antiguo socio y directivo del gigante inmobiliario Aguirre Newman y con el que infoLibre intentó reiterada e infructuosamente contactar meses atrás.Un hermano de Esperanza Aguirre es copropietario de Aguirre Newman.

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Aunque iniciado en la etapa de Ana Botella y elaborado solo con la información facilitada entonces por la EMVS, fue el demoledor informe de la Cámara de Cuentas de Madrid, el órgano autonómico de fiscalización, lo que aportó al fiscal jefe del Tribunal de Cuentas los argumentos esenciales para pedir la apertura de diligencias. Aunque el PP trató luego de devaluar su contenido, el informe de la Cámara de Cuentas vio la luz tras recibir el voto favorable de todos sus consejeros. Es decir, también el de aquellos que habían sido designados a propuesta de la formación conservadora. 

Los inquilinos damnificados por la venta han intentado, hasta el momento sin éxito, que la operación tenga consecuencias penales. Para su sorpresa, el mismo juzgado que en 2015 ya archivó las actuaciones con un auto luego respaldado por la Audiencia Provincial de Madrid sostiene ahora que el informe emitido por la Cámara de Cuentas no introduce ningún elemento nuevo que permita la reapertura. Con el respaldo de la EMVS, los querellantes han acudido de nuevo a la Audiencia. ¿Modificará la instancia de apelación sus postulados tras la decisión del Tribunal de Cuentas? Esa es otra de las incógnitas pendientes.